¿Por qué motivos un policía exonerado, condenado a prisión por ser parte de la Banda de Los Monos y actualmente prófugo, se movía en un auto que está a nombre de un actual fiscal de Rosario? Esa pregunta, de respuesta pendiente, es lo que hace que la Legislatura de Santa Fe examine la conducta de Mariano Ríos Artacho, miembro de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional 2, luego de que la auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA) arribara a conclusiones fuertes sobre tres acciones que le atribuyó.
El fiscal implicado refuta al decir que no cometió ninguna conducta reprochable. Y enfatiza en que si el auto terminó en esas manos es producto de una cuestión tan lamentable para él como ajena a su voluntad.
Quien hizo el informe sobre las acciones atribuidas a Ríos Artacho era la Auditora General de Gestión del MPA, pero hoy es la fiscal general de la provincia. María Cecilia Vranicich alude, al pasar el informe a la Legislatura, “a la utilización de un vehículo Chevrolet Cruze propiedad del fiscal Ríos Artacho por parte del ex policía Juan José Raffo, condenado por colaborar con bandas dedicadas al narcotráfico”.
María cecilia Vranicich.jpeg
La fiscal general, María Cecilia Vranicich, instruyó el dictamen sobre Ríos Artacho en su función anterior de auditora general del MPA.
Todo se originó en una investigación que realizaban los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos José Luis Caterina y Matías Edery sobre dos líneas distintas. Una era la colaboración que recibía de Raffo uno de los líderes de la hinchada de Newell’s, Guillermo “Chupa” Sosa, a punto de ser imputado por el homicidio de Nelson “Chivo” Saravia, de la misma barra brava.
La otra línea era la reunión de un grupo de policías y ex policías, la mayoría ex empleados de la sección Drogas Peligrosas, en un galpón en la zona oeste rosarina. Allí detectaron al comisario Álvaro Rosales, actualmente imputado con prisión preventiva por un caso de abuso de autoridad contra una cadete, junto con Raffo.
Esto impulsó a los fiscales a ordenar seguimientos. Esa vigilancia ubicó en octubre pasado a Raffo, condenado a cinco años y diez meses de prisión como informante de Los Monos, mientras se trasladaba en un Chevrolet Cruze negro, dominio AE 618 SR, que según la base de datos registral es de propiedad del fiscal Ríos.
Dos meses después la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó a Raffo trasladándose en el mismo vehículo en instalaciones del Aeropuerto de Ezeiza desde donde, según la Dirección Nacional de Migraciones, abordó un vuelo a Miami. En ese mismo momento el ex policía condenado era nuevamente investigado por pasar información a grupos violentos implicados en el crimen del hincha de Newell’s y por lavado de dinero con compras de moneda extranjera en financieras a partir de dinero obtenido de actividades ilícitas. Por ambos hechos hoy Raffo está prófugo y con captura recomendada nacional e internacional.
En su dictamen, la entonces auditora Vranicich consigna el descargo de Mariano Ríos Artacho, realizado ante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery el 29 de diciembre de 2022. Ríos se presentó de manera espontánea porque “una persona” le había dicho que un auto suyo había sido fotografiado en Ezeiza tras haber trasladado a Raffo. Agregó entonces que él le había vendido ese auto al comisario Álvaro Rosales, de quien se dijo amigo desde hacía diez años. Adujo que le llevó el auto a Pueblo Esther y que luego le firmó el formulario 08 de transferencia. “Desconozco qué hizo luego Rosales con ese vehículo”, señaló el fiscal.
El dictamen
Vranicich subraya en su informe que la PSA consignó que a la fecha que Raffo utilizaba el Cruze el auto seguía registrado a nombre de Ríos Artacho y que el fiscal mantenía además el contrato de seguro del vehículo con la compañía San Cristóbal.
En la misma resolución, fechada el 18 de abril, la actual jefa de los 162 fiscales santafesinos remarcaba que Raffo es un ex policía que fue condenado en el marco de la investigación referida a la banda criminal conocida como “Los Monos”, a una pena de cinco años y diez meses de prisión en 2018, con inhabilitación por diez años. Y que se mantiene prófugo con pedido de captura por su participación posible en facilitar un homicidio doloso, narcotráfico e intercambio financiero no autorizado.
Ríos sostiene en su defensa que nunca supo qué había hecho con el Chevrolet Cruze el comisario Rosales. Afirma que puso el vehículo en venta en el sitio Mercado Libre y que Rosales se interesó y que efectivamente a él se lo vendió “suscribiendo el respectivo formulario 08 ante el escribano Germán Cosentino y encargando el trámite de denuncia de venta a la gestora Tatiana Edith Lazzerini”. Que hizo entrega del auto el 15 de octubre a la mañana en la casa de Rosales en Pueblo Esther y que la gestora se encargó de realizar el trámite de venta. Sostuvo que mantuvo el seguro para cubrirse ante eventualidades de responsabilidad civil hasta el momento en que la transferencia formal estuviera definida.
Y remarca especialmente: “No tuve ni tengo relación con Raffo y desconozco el modo en que llegó a detentar ese vehículo que, en definitiva y sin perjuicio de su situación registral, en los hechos ya no era mío”.
El caso implica un potente ramalazo en la máxima estructura del mundo judicial de Rosario. Ríos Artacho se había hecho conocido por rechazar, en su condición de fiscal, un polémico acuerdo abreviado contra miembros de la banda de Los Monos en 2015, que implicaba sanciones incongruentes por lo bajas que eran en relación a los delitos probados, y hasta ofreció su renuncia. Finalmente ese abreviado no se concretó y los acusados fueron a juicio. Fue miembro del Colegio de Magistrados de la Segunda Circunscripción de Santa Fe y vicepresidente de la Asociación de Fiscales de Santa Fe. Es asimismo hijo de un apreciado especialista de Derecho Procesal Penal que fue inspirador del actual sistema de enjuiciamiento de delitos de la provincia.
Un consejo y un Mercedes Benz
El dictamen de auditoría también pide a la Legislatura que se investigue a Ríos por otros dos hechos que le cuestiona.
Uno es haber asesorado para su defensa al comisario Álvaro Rosales cuando una cadete de policía lo denunció como autor de abuso de autoridad y lesiones graves agravadas. Según una escucha efectuada a Rosales, éste afirma que Ríos le sugirió que recusara al fiscal actuante. Tal cosa para la ex auditora (“asumir un rol asimilable al de abogado defensor respecto de su amigo”) es incompatible con el rol de fiscal que desempeña. Contra esto Ríos, en el descargo a presentar en la Legislatura, aduce que son exclusivamente diálogos entre Rosales y terceras personas “de las que no se me puede achacar ninguna vinculación”. Y que incluso una escucha es entre Rosales y su abogado defensor, lo que a su criterio es violatorio del secreto profesional.
Mercedes Benz Alvaro Rosales.jpg
El Mercedes Benz que el fiscal asignó al comisario Rosales y éste tenía para uso personal.
El otro hecho que se le cuestiona a Ríos es haber asignado al comisario Álvaro Rosales, sin control de la repartición oficial pertinente, un Mercedes Benz secuestrado en una investigación penal. El vehículo es propiedad de Sebastián Grimaldi, financista imputado por estafa, y estaba en poder de Rosales. Según la pesquisa se detectó que lo tenía no para uso profesional sino particular. Se le atribuyó al fiscal Ríos haberlo hecho discrecionalmente y sin comunicación a la Agencia Provincial de Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).
Ríos admite en su descargo haber incurrido en un error al no haberle dado intervención a la APRAD. Pero que al detectarlo se puso inmediatamente en contacto con su titular, Facundo Besson, para regularizar administrativamente ese trámite.
Antes de asumir como fiscal general Vranicich se inhibió de seguir actuando en el legajo abierto al fiscal Ríos porque a su criterio las sanciones posibles superan los 60 días de suspensión, que es el máximo de sanción aplicable por el Tribunal de Disciplina del MPA. Remitió por esa razón su informe a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. Ahora allí actuará como acusadora la diputada radical Georgina Orciani. Si formula acusación será la Asamblea Legislativa en pleno la encargada de ver si corresponde absolución o sanciones, que de modo general van desde la suspensión por un período de 60 a 180 días hasta destitución.
La auditora de gestión dijo al resolver que elevaba el caso a la Legislatura porque advertía en las conductas que examinó apariencia de delito. Ríos ofreció en su descargo elementos que, afirma, servirán como evidencias que lo liberan de cualquier sospecha. Y que se presentará de inmediato a exponerlos cuando en la Legislatura de la provincia se lo requiera.
