La Casa Gris concedió el aumento por decreto tras el acuerdo de UPCN, ATE y AMRA. Amsafe y SADOP declinaron la oferta, pero el personal percibirá la suba.
Paritarias en Santa Fe: el gobierno oficializó los aumentos a los estatales pese al rechazo del gremio docente
El gobierno de Santa Fe cerró la discusión salarial del segundo semestre y avanzó con la aplicación de la pauta ofrecida en las distintas mesas paritarias. La medida alcanzará a la administración central, el sector de la salud y el gremio docente, aunque en este último caso fue rechazada por los dos sindicatos mayoritarios.
“La recomposición salarial es un sello en cada una de las paritarias que vamos a seguir sosteniendo”, afirmó la vocera Virginia Coudannes.
La pauta parte del 12,5% otorgado durante el primer semestre, con un mínimo de incremento garantizado de $170.000, y suma otro 10,1% escalonado hasta diciembre: 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% en noviembre y diciembre.
Para esta segunda etapa se fijaron mínimos garantizados de $80.000 desde julio, $100.000 desde agosto, $130.000 desde octubre y $180.000 en diciembre. Según los cálculos oficiales, el impacto efectivo llegará al 15,5% para los salarios más bajos y llevará la mejora anual hasta el 36%.
Además, se compensará a quienes hayan terminado el primer semestre con una suba inferior al 17,1% de inflación. Las diferencias de junio y julio y el primer tramo del nuevo esquema se abonarán por planilla complementaria a mediados de agosto.
“Administrar con responsabilidad significa cuidar el salario de los trabajadores y también los recursos de todos los santafesinos. Reivindicamos una política salarial que pone en valor el esfuerzo de los trabajadores y el diálogo en cada una de las instancias paritarias”, resumió Coudannes.
La propuesta recibió el respaldo de los gremios de la administración central. En UPCN, el 69% de los afiliados votó por la aceptación, mientras que en ATE el acompañamiento alcanzó el 61%.
Jorge Molina, de UPCN, calificó la oferta como “considerable” para el contexto económico. Marcelo Delfor, de ATE, la consideró “razonable” y remarcó que, por el impacto de los mínimos garantizados, la mayoría de los trabajadores percibirá una mejora cercana al 16%.
Ambas organizaciones valoraron también la compensación para quienes quedaron por debajo de la inflación durante la primera mitad del año. Además, se abrió una instancia técnica para discutir la jerarquización de enfermería, suplementos, titularizaciones y confirmaciones de cargos.
La paritaria sanitaria expuso una fractura entre los dos gremios profesionales. AMRA aceptó la oferta y destacó los adicionales específicos incorporados por el Ejecutivo, mientras que Siprus la rechazó y se sumó a las protestas contra el cierre por decreto.
El acuerdo eleva al 10% el suplemento remunerativo por grado profesional, actualiza hasta $62.117 el concepto destinado a indumentaria y material de formación y contempla una mejora adicional para prestadores cuyos ingresos quedaron por debajo de la inflación.
“Hay que reconocer que han hecho un esfuerzo”, sostuvo Sandra Barbieri, de AMRA, quien calificó como “satisfactorio” el diferencial conseguido para los profesionales de la salud.
Amsafe rechazó la oferta con el 99,86% de los votos y ratificó un plan de lucha que comenzó con protestas en los 19 departamentos.
El gremio adherirá al paro nacional docente de 24 horas previsto para el 3 de agosto. También participará de diversas jornadas de lucha durante las próximas semanas y anunció radios abiertas, caravanas, movilizaciones, concentraciones y plenarios.
En SADOP, el resultado fue similar. El 87% de los afiliados consultados consideró insuficiente la pauta y el resto la aceptó en disconformidad.
Pedro Bayúgar, secretario general de los educadores privados, reclamó que la negociación continúe y anticipó que el Consejo Directivo quedó facultado para adoptar “todas las medidas gremiales posibles, obviamente legales”, entre ellas marchas y radios abiertas.
Pese al rechazo de ambas organizaciones, el Ejecutivo aplicará la misma pauta salarial al personal docente. Los sindicatos, en cambio, insisten en que el decreto no clausura el conflicto y reclaman una nueva convocatoria.
