22|11|2022

"El Ministerio Público de Santa Fe no investiga los delitos de cuello blanco"

23 de abril de 2022

23 de abril de 2022

La Defensora General de la provincia cuestionó qué se investiga. La deuda de la justicia restaurativa. Jueces y juezas, con más garantías y menos preparados 

SANTA FE (Corresponsalía) En su último año de gestión, la Defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, no se guarda nada. En diálogo con Letra P, insiste en que uno de los grandes problemas en materia de seguridad es la superpoblación carcelaria y que la prisión ya no puede ser la única pena posible: "Es como si vas al médico y siempre te receta ibuprofeno, tanto si te duele la cabeza como si tenes una enfermedad más grave", grafica. Como parte de ese problema, analiza la política criminal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y dice que eligen números altos de condenas por sobre investigaciones complejas. Pero, además, se mete en la gran discusión sobre el sistema disciplinario y sostiene que los agentes del servicio público de defensa, al igual que los fiscales, trabajan en desventaja respecto de los jueces y juezas.

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-¿Coincide con el MPA en que debe modificarse el sistema disciplinario para los funcionario de las fiscalías y de la defensoría?

 

-No estoy de acuerdo con ese sistema disciplinario. Jueces, fiscales y defensores tenemos que ser considerados iguales ante la ley y hoy los jueces tienen mayores garantías que los fiscales y los defensores. Nosotros controlamos todo el trabajo del Poder Ejecutivo en lo que incide en las cárceles y  ahí también puede haber algún tipo de contraposición política. Nadie dice que no se investiguen las faltas, pero que al momento de ser juzgados que no sea unilateralmente por el poder político de la Legislatura sino que, como sucede con los jueces, que haya un sistema con mayores garantías.

 

-¿La Corte debería velar más por ese equilibrio?

 

-Somos un desprendimiento del Poder Judicial. Antes, la Corte Suprema a través del Procurador conducía las fiscalías y la defensa pública. Con el nuevo sistema acusatorio y adversarial tenemos autonomía funcional, administrativa y autarquía financiera. Fue un cambio muy grande y de mucho impacto para la Corte también, todavía estamos en un momento importante en cuanto a la implementación del sistema acusatorio y me preocupan algunas malas prácticas que se están teniendo, que son más parecidas al sistema que teníamos antes.

 

-¿Por ejemplo?

 

-La gran cantidad de procesos abreviados que se están utilizando.

 

-¿Es excesivo?

 

-Totalmente. Es una herramienta que está buena para descomprimir el sistema, para dar una respuesta punitiva rápida, pero hoy casi el 90 por ciento de las causas van por un proceso abreviado. Eso tiene dos motivos, por un lado los recursos humanos siguen siendo exiguos pero, además, el MPA impulsa una política criminal que es sumamente selectiva: va tras los delitos de más fácil persecución, que generan muchísima cantidad de gente privada de libertad, pero no investiga los delitos de cuello blanco, que son los que hacen mella en la economía. Es una política eficientista que trata de demostrar mayor cantidad de respuesta punitiva y esto se vincula mucho con la problemática de la sobrepoblación carcelaria que venimos planteando. El Estado está en deuda con la conformación de un buen sistema de justicia restaurativa.

 

«El MPA impulsa una política criminal que es sumamente selectiva: va tras los delitos de más fácil persecución, que generan muchísima cantidad de gente privada de la libertad.»

-Respecto del hacinamiento en las cárceles lograron una sentencia de la Corte Suprema de la provincia. Si no se avanza, ¿están evaluando ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

 

-Sí. La causa que llegó a la Corte es la de la cárcel de Piñero, que tiene una sobrepoblación muy marcada. Esa sentencia judicial que ganamos está firme y el siguiente paso es ir a la Corte Interamericana. El reciente informe del director penitenciario, que reconoce toda la problemática, parece escrito por nosotros, habla de los más de 7.000 presos que hay en el orden penitenciario, pero a eso hay que agregarle más de mil que están en comisarías en peores condiciones todavía. En el departamento La Capital hay una sobrepoblación en algunas comisarías que llega al 300 por ciento. El mismo informe que dio el director penitenciario dice que hay casi un 50 por ciento de detenidos con prisión preventiva y están en los mismos pabellones que los condenados. También comparten los lugares los presos de alto perfil con autores primarios, que además pertenecen al sectores muy pobres y se convierten en mano de obra muy fácil de captar y muy barata para las organizaciones criminales. La sobrepoblación carcelaria es un problema de vulneración de derechos humanos directo, nosotros no somos una gestión con un tinte denunciante, somos de tender los puentes, pero nunca hay que perder de vista que si la cárcel los empeora y tarde o temprano esa persona privada de libertad vuelve a la sociedad, no podemos esperar un ser resocializado. La cárcel no puede ser la única respuesta para todo, es como si uno va al médico y siempre te receta ibuprofeno sin importar si te duele la cabeza o si tenes una enfermedad más grave.

 

-¿Con los delitos de violencia de género tienen un estándar defensivo?

 

-Nos encontramos con dos situaciones muy marcadas, una cuando nos toca defender a la mujer que en ejercicio de la legítima defensa agredió a un varón, en esos casos conseguimos muy buena jurisprudencia y absoluciones de mujeres e, inclusive, estamos ponderando revisar causas que se juzgaron sin perspectiva de género. Y por otro lado, es más difícil cuando nos toca defender al varón agresor. No tenemos la posibilidad de elegir a nuestros defendidos, pero creemos que el derecho de defensa no tiene por qué colisionar con el de las víctimas de tener un proceso judicial con perspectiva de género. Tratamos de capacitar a nuestros agentes en ejercer una defensa respetuosa de la víctima, de buscar elementos para demostrar la inocencia del imputado o la menor culpabilidad, pero sin caer en estereotipos de género, sin ser agresivos con la víctima o en ver cómo está vestida o como es físicamente. La clave está en la capacitación de todos los operadores judiciales para  poder brindarles a las y  los jueces elementos que les permitan ponderar si hubo o no consentimiento, etcétera. Y también es necesario que los jueces no sean temerosos, ni fallen para la tribuna.  

 

«La cárcel no puede ser la única respuesta para todo, es como si uno va al médico y siempre te receta ibuprofeno sin importar si te duele la cabeza o si tenes una enfermedad más grave»

-¿Falta capacitación de género en la magistratura?

 

-No estamos en la misma situación que hace 10 años, pero siempre pasa que se capacitan mucho los funcionarios y funcionarias de todos los rangos, pero los jueces menos. Y la capacitación es clave porque si no estamos juzgando y emitiendo opiniones en un tema que no terminamos de comprender. 

 

-Las mujeres del MPA está pidiendo paridad en las jefaturas. ¿Le gustaría que su reemplazo sea una mujer?

 

-Con el tema de la paridad no tiene que ser una cuestión matemática sino que todos y todas tengan las mismas posibilidades de llegar. Para garantizar eso los jurados tienen que estar compuestos por varones y mujeres con perspectiva de género, tampoco sirve que asuma una mujer si no tiene esa perspectiva. Hace pocas semanas nosotros tuvimos concursos, en este momento estoy corrigiendo las pruebas y por supuesto que me fijo en detalle, no solo con respuestas puntuales sino en todo el escrito, se trasluce muchísimo si esa persona tiene perspectiva de género o no.