El fiscal que se quemó con el poder

De bajo perfil mediático, coinciden en los pasillos del Ministerio Público que parecía estar más ocupado en tejer y resolver situaciones particulares que otras propias del cargo. Parece ser que exprimió para mal la principal característica del nuevo y valorado sistema acusatorio que deja en manos de los fiscales las investigaciones en lugar de los jueces de instrucción. Ahora que la evidencia aprieta, todos ladran: se animan a explicar que era una pieza vital en las relaciones de poder que articulan empresarios, estudios de abogados de la ciudad y dirigentes políticos. 

El primer episodio en el que hizo pesar su cargo fue en la megacausa inmobiliaria de un campo en el Gran Rosario que involucró a una cadena de estafadores, empresarios financieros, escribanos y abogados. Cuando la investigación por asociación ilícita y lavado de activos avanzaba, los fiscales a cargo renegaban de los palos en la rueda de su propio jefe. Tenían razón porque, finalmente, Serjal terminó impulsando un sorpresivo cambio en la política de persecución al plantear el desistimiento de la acusación contra dos peces gordos de la causa, el gerente general del diario La Capital, Pablo Abdala, y el agente de Bolsa Jorge Oneto, a cambio de la devolución del dinero del campo y una indemnización. Su decisión retumbó fuerte. "Claramente entorpeció la investigación en relación a dos imputados que desvinculó en contra de nuestro criterio profesional", dijo por estas horas la fiscal Haurigot .

Pero nuevamente iba a quedar vinculado al poder económico. En 2017, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de los fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja -quien actuó en la megacausa mencionada antes- avanzó sobre media docena de senadores con décadas en sus bancas, por presunto desvío millonario de fondos para subsidios. Los investigados eran Joaquín Gramajo, Armando Traferri, Rubén Pirola, José Baucero y Guillermo Cornaglia. Alguien por fin tocaba a los más poderosos. Pero no duraría mucho. 

La primera intervención de Serjal fue soltarle la mano. Los fiscales llamaron a una conferencia de prensa para defenderse de una forzada investigación en su contra impulsada justamente desde la Cámara alta. La presión fue demasiada. Todo terminó con la unidad fiscal disuelta por medio del propio Serjal, los fiscales corridos a áreas menores, la causa en la nada y los senadores, reelectos un año después.

Según el dirigente radical y exconcejal de Rosario Jorge Boasso, que fue uno de los que llevó adelante la causa contra los senadores, existe un “círculo de impunidad” derivado de una ley provincial que habilita a los legisladores a remover fiscales. Justamente los legisladores que estaban siendo investigados avanzaron en un trámite express con la reforma a la ley 13.014 del Ministerio Público para tener facultades para separar de sus cargos a fiscales. “Los fiscales no investigan a quienes los nombran, senadores y diputados, y que además los pueden sancionar por autoconvertirse en Tribunal de disciplina de los fiscales. Los convierte en empleados de los senadores y diputados”, sostuvo Boasso en su cuenta de Twitter y lo vinculó al caso Serjal.

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EL MECANISMO. La elección de fiscales en Santa Fe comienza con la propuesta del Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, con un orden de mérito, pudiendo el gobernador seleccionar a cualquiera de sus integrantes para requerir el acuerdo legislativo necesario para la designación definitiva. El gobernador al momento de la elección de Serjal era Miguel Lifschitz. La Asamblea Legislativa aprobó el pliego con 46 votos afirmativos y 8 abstenciones, por más que hacía poco que había llegado desde provincia de Buenos Aires y no brotaban los méritos. De a poco se empieza a hablar en voz alta de un bloque de poder transversal que en las sombras acomoda sus piezas. Nada novedoso.  

A fines del año pasado se movieron las primeras denuncias en su contra. Al margen de las sobradas sospechas, en un momento parece haberse activado un envión interno contra el fiscal. Desde la Legislatura se avanzó sobre una sospecha por la compra de dos automóviles que hizo en una concesionaria cuyo dueño había sido beneficiado un mes antes con el cierre de una causa penal en su contra. El archivo de ese expediente fue ordenado por el propio Serjal. Al mes siguiente, el fiscal regional visitó la concesionaria y compró dos autos Toyota, un Corolla y un Etios. 

Quizás el derrotero del fiscal amagó con esa causa, pero empezó indirectamente con el asesinato de un hombre en el casino City Center. Una bala mató a un apostador que fumaba en el balcón del casino sin motivación alguna. Aquel episodio de amedrentamiento que terminó con un inocente muerto inició la investigación que destapó a una banda de extorsionadores, con Los Monos incluidos, y derivó en el presunto esquema de coimas. “Soy ajeno a las cuestiones que se han ventilado y me he puesto a disposición de los investigadores para lo que los mismos requieran”, sostuvo Serjal en su renuncia.