Más de tres horas duró la reunión entre la fiscal regional de Santa Fe María Eugenia Irribarreny la comisión de Acuerdos de la Legislatura, que no tuvo ausencias. Había mucha expectativa entre diputados, diputadas y senadores sobre los argumentos que podía esgrimir la jefa de las fiscalías rosarinas sobre la crisis institucional que atraviesa esa circunscripción. El tembladeral incluye no solo la investigación al fiscal Matías Edery por extralimitarse en el vínculo con la informante Mariana Ortigala, sino también la profunda fragmentación, competencia y desconfianza entre colegas de la jurisdicción con mayores índices de violencia en la provincia.
En paralelo, mientras ese encuentro se desarrollaba en el parlamento local, el gobernador electo Maximiliano Pullaro lanzaba en conferencia de prensa una frase que apura aún más los tiempos para recomponer esa estructura debilitada: “Nosotros para el 10 de diciembre necesitamos un Ministerio Público Fiscal que esté ordenado, que esté trabajando al lado del Poder Ejecutivo. Las declaraciones fueron durante la visita de Luis Petri, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio en la capital provincial.
Ese orden al que se refiere Pullaro tiene varias aristas y hay dos que son centrales y que deberá determinar la legislatura: cuánto de la crisis profunda del Ministerio Público de la Acusación Rosario es responsabilidad de la fiscal regional y si, a futuro, tiene posibilidades de reencausarlo. “Esta situación crítica no se generó de un día para el otro y tiene causas que son internas y otras externas, que no colaboraron”, le explicó a Letra P un integrante desde la comisión de Acuerdos.
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En su defensa, Irribarren detalló las dificultades que implicó llevar adelante la conducción de la regional durante tanto tiempo con un cargo interino, y de haber asumido en medio de la crisis más grave que enfrentaba la institución desde su creación. Ella fue designada como fiscal regional a mediados de 2020 cuando el exfiscal regional Patricio Serjal fue detenido e imputado por proteger a una red de juego ilegal en la provincia. Frente a los legisladores, la jefa rosarina marcó la cancha lo más que pudo: levanté la regional una vez, lo puedo volver a hacer, dijo palabras más, palabras menos.
Sin embargo, hubo un punto donde quedó un gris. La semana pasada, el auditor general Leandro Mai había dejado planteado como un problema central en el caso de Edery, que no había control ni regulación sobre la figura de los informantes. En su defensa, el fiscal dijo que él le había dado, en sobre cerrado, a Irribarren los nombres de sus informantes. Ahora, Irribarren argumentó que, para preservar la seguridad de los informantes ella nunca abrió el sobre y por lo tanto no se compartía con otros fiscales la información que revelaban.
Además, consideró que no era necesario hacer un protocolo nuevo porque usaban el previsto en la ley nacional que regula la figura y que, solo en caso de que hubiera una contraprestación económica, se hubieran necesitado nuevos lineamientos, y este no era el caso. La explicación convenció a algunos legisladores más que a otros. Y en particular, respecto de las conversaciones de Edery con Ortigala, a pesar de la rápida defensa inicial, ayer calificó el intercambio como “inadecuado”.
Este jueves será el turno de la fiscal general de la provincia, Cecilia Vranicich, autoridad máxima del MPA, de dar detalles de lo actuado en este conflicto y las soluciones encaradas. Se estima que el próximo paso, después de estas últimas dos semanas de audiencias, será el próximo miércoles, cuando se volva a reunir la comisión de Acuerdos para evaluar, a partir de la investigación de Mai y las explicaciones escuchadas, si corresponde avanzar en un proceso disciplinario. “El escenario aún es incierto”, marcaron.
