Víctor Curvino buscará su reelección este domingo, pero quedó envuelto en un escándalo. El viguismo prueba a Miriam Castellino. La familia Caserio no moviliza.
Víctor Curvino, el candidato de Esteban Avilés para defensor del pueblo en Villa Carlos Paz
ContextoPor razones que trascienden la formalidad institucional, las elecciones para la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, que se realizarán este domingo 29 de junio, han concentrado buena parte de la atención del arco político de la provincia de Córdoba.
Lo que suceda en “la perla” del valle de Punilla desatará interpretaciones varias, a sólo cuatro meses de las elecciones legislativas. Aún acotados, los resultados podrían ser insumos para ensayar análisis sobre el tablero mediterráneo.
La oposición provincial seguirá el desempeño del ombudsman Víctor Curvino, quien cuenta con el aval de Esteban Avilés, uno de los pocos intendentes del Gran Córdoba que ha mantenido un rol crítico al gobierno provincial.
El gobierno de Martín Llaryora, que reconoce al mandatario carlospacense como renuente al proyecto de Partido Cordobés, no contará con un nombre propio entre las seis listas. Pero medirá las chances de mejorar la cosecha de votos en un reducto esquivo al peronismo.
Expectantes también, libertarios y radicales con peluca evaluarán el desempeño de Santiago Juliá, el candidato por la lista Unión Celeste y Blanca, que propone aplicar la motosierra hasta mochar el ente que espera dirigir.
El jefe comunal apuesta sus fichas por la continuidad de Curvino, un dirigente con raíces en la UCR, en el sector radical que forma parte de la alianza de gobierno, y un pasado en que moldeó una candidatura opositora al intendente.
Al frente de la Alianza Vecinos e Instituciones por la Defensoría, el abogado intentará extender su mandato hasta 2029. Corre con las ventajas que le otorga la representación oficialista.
La reciente aparición de un video filmado por su esposa, en que se lo ve bebiendo alcohol en la costanera de la ciudad, ameritó críticas, pedidos de destitución y hasta una denuncia penal, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, impulsada por el legislador juecista Walter Gispert.
Como toda defensa, el ombudsman adujo que se trataba de un registro del 2021, previo a su asunción en el cargo, en un momento de distensión durante la pandemia. Aunque aseguró haber dado las explicaciones del caso a Avilés, omitió considerar que desde 2014 la perla serrana cuenta con ley de alcohol cero al volante.
Pese a todo, al resguardo de la veda, el dirigente ratificó su participación para el próximo domingo.
Hasta dicho episodio, Curvino parecía tener encaminado su triunfo, aprovechando también la dispersión de la oferta opositora, dividida en cinco listas.
De ellas, sólo una tiene una marcada presencia peronista. Es la de la Alianza Ética y Compromiso, cuya referente, Miriam Castellino, reporta al armado de la senadora Alejandra Vigo en el departamento Punilla.
Empresaria inmobiliaria, la candidata será acompañada por una dirigente gremial, la docente Fabiana Roscapana. Ambas mantuvieron un mesurado tono en campaña, aunque no ahorraron críticas para la actual gestión, a la que sienten tan próxima a Avilés que omite cumplir sus obligaciones.
Las chances de la dupla viguista parecen haber repuntado gracias al escándalo, pese al escaso despliegue publicitario en torno a sus candidaturas.
Tampoco cuentan con un decidido apoyo del PJ de Punilla. Su conducción está en manos de Mariana Caserio, hija del exsenador Carlos Caserio, quien rompiera con el cordobesismo en 2019, tras revistar por 20 años como engranaje de los gobiernos de José De la Sota y Juan Schiaretti. Enfrentados a Vigo, atentos a las derivas del peronismo nacional, los Caserio no moverán su conocida red.
Tampoco ayuda a sus chances la existencia de una mejor sintonía entre Avilés y Llaryora, constatada en demostraciones conjuntas, durante las festividades de mayo, y anuncios de importantes obras que se harán con fondos provinciales.
En esa línea se lee también la declinación de una alianza con el Frente Cívico,alquimia sobre la que habían avanzado el legislador peronista Leonardo Limia y el mencionado Gispert.
Desde el núcleo llaryorista prefieren mantenerse al margen de cualquier especulación. Según afirman, ningún resultado podría alterar la construcción que llevan adelante. Por el contrario, dado que la disputa se ciñe a problemáticas locales, no a temáticas provinciales o nacionales, aseguran no tener más interés que el institucional.
Similares conceptos han usado ya sobre el zigzagueante trayecto de Avilés, quien ha reforzado su raigambre radical acercándose a la conducción partidaria, pero sin dejar de mostrarse como un dirigente capaz de empuñar las consignas minarquistas que ostenta Javier Milei.
Entre los aspirantes a la Defensoría destaca un joven dirigente que no duda en definirse como libertario. Se trata de Santiago Juliá de la lista Unión Celeste y Blanca, quien ha propuesto eliminar ese organismo estatal para el que se postula.
Empresario gastronómico, ubica al ente como otra de las “instituciones obsoletas que no contribuyen en nada al ciudadano y le cuestan millones al año”. Con pasado en la Coalición Cívica concluye que “si el Estado funcionara bien no necesitaríamos una Defensoría”.
Otras tres listas se presentarán este domingo. Se trata del Partido Humanista, que impulsa a Marcelo Iriarte; la Alianza Vecinos con Voz, liderada por María Ángela Mancuello; el Partido Demócrata, que propone a Jacinto D'Angelo.
Todos dirimirán su suerte en una jornada con pronóstico de temperaturas frías y aún más bajo interés popular. En 2021 sólo acudieron a elegir Defensor y adjunto un 22% de los incluidos en el padrón.
Cuatro años después, las previsiones son todavía más exiguas: nadie apuesta por una masiva movilización de casi 59 mil personas habilitadas para sufragar en 22 escuelas de la ciudad.
Una baja participación será, como es costumbre, otro elemento que favorecería al candidato oficialista. Consecuentemente, a las chances de Avilés de ratificar su predominio en un circuito clave.