Santiago Juliá protagoniza una insólita campaña. Un comerciante con pasado en las filas de Elisa Carrió y la UCR. Las razones del simpatizante virtual de LLA.
Santiago Juliá, el candidato para eliminar la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz.
Santiago Juliá es candidato por la lista Unión Celeste y Blanca para las elecciones de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, centro del Valle del Punilla de Córdoba. En contra del cordobesismo de Martín Llaryora y su antecesor Juan Schiaretti, propone algo disruptivo: eliminar ese organismo estatal para el que se postula.
Representa una de las seis listas busca arrebatarle el 29 de junio la silla al oficialista Víctor Curvino. Su objetivo es ponerle fin a las “instituciones obsoletas que no contribuyen en nada al ciudadano y le cuestan millones al año que se van solo en sueldos millonarios”.
Afiliado, aunque distanciado de la Coalición Cívica, y neolibertario en sus redes, replica en su campaña las ideas del presidente Javier Milei de romper con el Estado. “Si el Estado funcionara bien no necesitaríamos una Defensoría”, afirma Juliá.
El comerciante gastronómico, con local en Córdoba capital y, antes, en Carlos Paz, tiene formación en derecho, su “pasión frustrada”. Involucrado activamente en la política de su ciudad natal decidió alejarse, por el rumbo y la posición política, de su partido de afiliación: la Coalición Cívica.
Antiperonista y con fuertes críticas al cordobesismo de Schiaretti y Llaryora, el candidato tiene un pasado radical y hoy se acerca más a las ideas libertarias del presidente Milei.
Desempeñó tareas en las áreas de Oficialía Mayor y Asesoría Letrada, en la primera de gestión municipal del radical Carlos Felpeto; trabajó en gestión de cobranzas para distintas empresas y cooperativas. Más tarde estuvo a cargo de la gerencia de Operaciones de Cero Deuda, una Start Up creada para gestionar el recupero de créditos en mora.
En el plano político, integró parte del equipo técnico durante la candidatura a intendente de la exconcejala y exdiputada, Laura Sesma y fue coautor del Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos, luego tomado y ejecutado por Ramón Mestre durante su gestión.
Acompañado en la fórmula por María Fernanda Salas (defensora del Pueblo Adjunta), Omar Alonso y María Alejandra Romagnoli (suplentes), en una entrevista a Luis Tortolo, el exlilito dijo que su postulación se dio porque “llega un momento en que hay que involucrarse para intentar darle una solución a algo que está mal”.
“Si el Estado fuera eficaz, transparente y austero no necesitaríamos la existencia de una Defensoría”, indicó y catalogó al ente creado en el 2013, durante el primer mandato de Esteban Avilés, como “un reducto para mantener privilegios”.
Etiquetó a su candidatura como una especie de “plebiscito a la institución”. La propuesta es, de asumir el cargo, presentar un proyecto de ordenanza para modificar la Carta Orgánica Municipal (COM) con el objetivo de eliminar la Defensoría. En caso de que el Concejo de Representantes rechace la iniciativa, recurrirá a un referéndum popular.
Otro de los proyectos que buscarán ser aprobados en el Concejo Deliberante, en caso de triunfar en las elecciones, es reasignar la partida que recibe la Defensoría para otra área del municipio con mayor déficit: salud o bacheo, dijo a Letra P.
En esta instancia, si la ciudadanía también se opone al cierre del ente, los cuatro candidatos renuncian a su cargo y el Ejecutivo deberá convocar nuevamente a elecciones para cubrir los cargos. “Es una declaración de principios y un compromiso”, aseguró.
Además de que el defensor del Pueblo cobra el mismo sueldo que el intendente, pero carga con la misma responsabilidad; Juliá señaló otra crítica: en los últimos ocho años, la institución contó con un presupuesto total -actualizado al día de hoy- de más de cuatro mil millones de pesos.
“La gente está descreída”, dijo y llamó a votar para que no se rifen el puesto porque “un Defensor va a haber”.