El sindicato APL se declaró en estado de alerta y movilización. La pelea podría judicializarse. Versiones de renuncia de la secretaria administrativa.
Victoria Villarruel.
Victoria Villarruel inició una disputa contra los gremios del Congreso por las dos resoluciones que firmó los últimos días para echar personal del Senado que ejerció durante muchos años en planta temporaria. La decisión, además, le valió un enfrentamiento con sectores de la oposición y hasta con su propio entorno, donde podrían producirse las primeras renuncias.
Según fuentes de la cámara alta, en las últimas horas evaluaría presentar la renuncia la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo, una de las figuras de mayor confianza de Villarruel. En caso de concretarse, su salida debe ser definida en una sesión, un escándalo que la vicepresidenta buscaría evitar.
Los voceros de la vicepresidenta negaron que Izzo fuera a presentar la renuncia y recordaron que colaboró en la redacción de las dos resoluciones presidenciales cuestionadas: la 44 y la 45. Permitieron el despido de 36 empleados que fueron pasados a planta permanente en octubre y el posterior desplazamiento de 20 temporarios.
A través de un comunicado, la Asociación de Personal Legislativo (APL) se declaró en estado de alerta y movilización. Acusó a Villarruel de no cumplir la palabra e inventar "dictámenes jurídicos maliciosos, cuyo único objetivo es atacar las fuentes de trabajo empleados y empleadas del Senado".
La misiva está firmada por el titular de APL, Norberto Di Próspero, quien rara vez suele pronunciarse públicamente contra los titulares de las Cámaras del Congreso. También suscriben Felipe Sáenz (Secretario Gremial) y Fabián Zaccardi (secretario adjunto), referente gremial en el Senado.
El enfrentamiento de Villarruel con los gremios se debe a que incluyó en los despidos a personal que cumplió tareas en el Senado durante muchos años y sólo por negligencia de las autoridades de turno ejerció la mayoría del tiempo o la totalidad como temporarios. Según los gremios, la ley 24.600 tiene en cuenta esta dilación para proteger la permanencia laboral.
Integrantes de bloques opositores y algunos aliados que se comunicaron con Letra P para informar despidos en sus filas recordaron que durante la gestión de Gabriela Michetti hubo medidas similares y en todos los casos la justicia falló a favor del trabajador, porque consideró que el Estado debía rendir cuenta por el tiempo que el personal despedido trabajó sin ser efectivo. Hubo casos de reincorporaciones.
En el decreto del viernes, por caso, se incluyó entre los despidos a una asesora de UP con 15 años de antigüedad y a otra de la UCR con 12. Ninguna se quedará quieta sin cobrar. Aunque se trata de decretos presidenciales, tarde o temprano Izzo deberá dar explicaciones en Tribunales. Esa sería su bronca el motivo de su posible renuncia.
También en el personal del Congreso hay reproches al secretario parlamentario, Agustín Giustinian, un histórico empleado del Senado que trabajó en el PRO. Si bien no participó de la elaboración de los decretos, Giustinian tiene llegada a Villarruel para influir en sus decisiones. Además de Izzo, la vicepresidenta cita en sus resoluciones a su director de Recursos Humanos, Gonzalo Izurieta, y a la de Asuntos Jurídicos, Griselda Alejandra García Ortiz.
Con sus decisiones, la vicepresidenta quedó enfrentada a APL, aun cuando el gremio formó parte de una comisión mixta creada para definir los criterios de despidos. Había consenso en el despido de empleados que se nieguen a registrarse y Villarruel aceptó hacer la vista gorda con quienes reportan a los despachos.
Los telegramas a empleados con años de asistencia no estaba en los planes de APL y obligó a Di Próspero a dar la cara. De todos modos, voceros del gremio aclararon a Letra P que el estado de alerta y movilización no incluye medidas de fuerza, por ahora.
El último párrafo de su comunicado pronostica que la tensión no bajará tan fácil. "No vamos a permitir bajo ningún punto de vista arbitrariedades, persecuciones totalmente fuera de todo análisis objetivo, que demuestran un gran desconocimiento de gestión y desprecio hacia las trabajadoras y trabajadores del Senado la Nación", señala.
Por si fuera poco, Villarruel también se enfrentó a los gremios por el intempestivo cierre del jardín de infantes que funciona en el Senado, inaugurado en 2015. Por irregularidades edilicias, dispuso una licencia especial a los 72 padres y/o madres de los menores que asistían a esa dependencia y finalizaron de repente el ciclo lectivo.