Los cinco radicales violetas no firmaron y les piden que se ausenten. UP y EF también solicitaron sesionar. Macrismo decisivo, provincialismos al acecho y libertarios de viaje.
Rodrigo De Loredo y Soledad Carrizo, de la UCR.
El bloque de Diputados de la UCR pidió una sesión especial para el miércoles 9 a las 11 para tratar el veto de Javier Milei a la ley de presupuesto de las universidades. La convocatoria no lleva la firma de los cinco conversos aliados al Gobierno, con quienes sus correligionarios negocian que se ausenten.
También solicitaron abrir el recinto el mismo día a la misma hora los bloques Encuentro Federal, Coalición Cívica, Movimiento popular Neuquino y Por Santa Cruz. Unión por la Patria presentó otro pedido de sesión.
El quinteto radical aliado a Milei lo componen Pablo Cervi, Martin Arjol, Federico Fourier, Mariano Campero y Luis Picat, quienes hasta hace 20 días aseguraban que ayudarían al Gobierno. Al menos dos estarían dispuestos dejar su banca vacía y con el resto hay intensas gestiones para que tomen la misma decisión.
Cómo anticipó Letra P, el pedido de sesión era una decisión del radicalismo previa a la marcha y no tiene que ver con un pronóstico de la votación. Sus referentes en el tema, entre ellos Danya Tavela, sostienen que es mejor jugar a todo o nada en un tema en el que el oficialismo corre desde atrás.
Este miércoles, para sostener el veto, en La Libertad Avanza (LLA) necesita la colaboración del PRO, que en agosto aportó 34 de sus 38 miembros para votar en contra del proyecto que finalmente fue convertido en ley.
El oficialismo sostiene que si se repite ese respaldo del bloque amarillo puede validar el veto con un ayuda de partidos provinciales que por estos días tienen una lista de reclamos para modificar el proyecto de Presupuesto 2025. Este jueves esa apuesta no empezó bien: el trío salteño que responde al gobernador Gustavo Sáenz anunció que rechazará el veto. Aún no se pronunciaron sus socios de Río Negro y Misiones.
Un mensaje favorable fue que la convocatoria de EF no fue firmada por los referentes de las provincias de Chubut y Entre Ríos, Jorge Ávila y Francisco Morchio. Responden a sus gobernadores, Ignacio Torres y Rogelio Frigerio.
Para ser rechazado, un veto presidencial debe tener la oposición de dos tercios de cada cámara del Congreso. En Diputados esa mayoría se alcanza con 172 miembros, en caso de estar todas las bancas ocupadas.
A la inversa, con 86 votos a favor de un veto, queda firme. El oficialismo no puede darse el lujo de perder alguno de sus 39 miembros y para eso ya pidió a dos de sus miembros que suspendan viajes programados. Un caso es el de Lilia Lemoine.
Si el veto es rechazado el miércoles, el debate se traslada al Senado, donde el panorama es más complejo para el gobierno: el proyecto se sancionó con 57 a favor y 10 en contra, nueve por encima de los dos tercios.
La suma de UP y la UCR queda sólo dos votos de la mayoría especial, que pueden alcanzar con el bloque de Santa Cruz, el de Misiones y Río Negro. Además, en la cámara alta votaron a favor miembros de Unidad Federal y del PRO. La larretista Guadalupe Tagliaferri fue a la marcha de este miércoles y ratificó su posición.
Si el Gobierno no puede mostrar una alianza con el PRO, no tiene cómo evitar la derrota en Diputados. Sin un pronunciamiento público de Mauricio Macri, en el bloque conducido por Cristian Ritondo se abrió un fuerte debate sobre el costo político de acompañar a Milei en esta batalla.
"Estamos discutiendo una decisión. No está nada fácil", reconoció a Letra P un miembro del PRO identificado con las universidades. Son varios con esos antecedentes que no quieren quedar pegados a una votación fallida para ajustar.
Una opción que se discutió en los chats amarillos de este miércoles es pedirle a Milei un plan para cerrar la paritaria con los universitarios antes de la sesión.
En la UCR tenían redactado el pedido de sesión desde el miércoles, a la espera del veto que finalmente llegó por la noche. Cómo anticipó Letra P, el Gobierno está dispuesto a resistir y hasta amenaza con judicializar la ley si el Congreso lo obliga a promulgar. Es la misma estrategia que estaba prevista en caso de que se hubiera sostenido la reforma previsional.
El argumento central que usa el Presidente es que no tiene recursos para aumentar el presupuesto universitario como indica la ley: una indexación con la inflación de los gastos de funcionamiento y los salarios con retroactividad a enero y hasta diciembre.
En el comunicado oficial, Milei informó que el debate debería darse en el proyecto de Presupuesto 2025, en el que se aumentan cuatro veces los gastos de funcionamiento respecto a 2023.
En el proyecto no está previsto la pauta salarial y mucho menos la recuperación del poder adquisitivo de este año.
En el PRO, quienes dudan de cómo votar no están convencidos de las excusas de Milei. "La ley que vetó refiere al financiamiento de este año. No está resuelto que pasará si no la aplica", sostuvo ante LetraP una diputada que duda en acompañar al Gobierno.
La legisladora, que votó en contra de la iniciativa en agosto, recordó además que en ese momento no estaba el informe de la Oficina de Presupuesto (OPC), que estimó un costo fiscal de 0.14 del PIB, que ni siquiera se transfiere al año próximo.
En la UCR se preparan para la batalla. "La fundamentación está mal: la ley de presupuesto vigente por su propia decisión establece un piso de 1,33% para educación; ergo no hay ningún gasto nuevo", sostuvo el diputado radical Martín Tetaz.
"Además -agrego el platense- la actualización de la nominalidad nunca implica un gasto nuevo; llama la atención que un economista incurra en ilusión monetaria".