El gobierno de Javier Milei ratificó que este jueves publicará en el boletín oficial el veto a la ley de financiamiento universitario, pese a que reconoce que no tiene el respaldo en el Congreso para sostenerlo, a diferencia del blindaje que logró montar para el rechazo a la reforma de movilidad jubilatoria. Como plan B evalúa ir a la Justicia.
La cúpula libertaria no descarta esta posibilidad después de que un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) e, incluso, una porción del PRO le hiciera saber que no están dispuestos, al menos en esta oportunidad, a respaldar el veto a cambio de nada, con el costo político para muchos legisladores y legisladoras al ponerse en la vereda de enfrente de los reclamos de la comunidad educativa en sus provincias.
"No tenemos nada en contra de los docentes y, en algún punto, entendemos el reclamo pero vamos a hacer todo lo posible para no afectar el déficit cero que planteó el Presidente", aseguró a Letra P una fuente con despacho en Casa Rosada.
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El Gobierno mira la marcha universitaria con cautela
Es por eso que el jefe de Estado tiene previsto firmar el veto a la reciente ley este mismo miércoles, que será oficializado recién el jueves en el boletín oficial, al límite del plazo legal. A diferencia de lo que sucedió con el rechazo a la por entonces ley que recomponía los haberes jubilatorios, el oficialismo decidió moderar el discurso contra la movilización, quizá atento a que la primera marcha lo había golpeado duro en la opinión pública.
"Los responsables del fracaso usaron a estudiantes genuinos", analizó el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, en Twitter. En el fondo, en la Casa Rosada admitían la legitimidad del reclamo universitario, si bien estaban en contra de sus modos. "Es para discutirlo en el Presupuesto 2025", esgrimían.
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La gran mayoría de integrantes de La Libertad Avanza se limitó a decir que se trataba de una "movilización política" convocada por algunos líderes de la oposición, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o el exministro de Economía Sergio Massa, además de los referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Milei, en una serie de retuits, validó esta visión, al citar mensajes contra la presencia "política" en la marcha.
No fue el peronismo el único sector que defendió el financiamiento a las instituciones educativas. Por las calles cerca del Congreso se movilizó una importante columna radical. El diputado Martín Tetaz aseguró que el partido centenario que integra está "muy unido" para rechazar el veto. Fue un mensaje al quinteto de sus correligionarios que ayudó a blindar el veto a la reforma previsional, luego de visitar a Milei en la Casa Rosada.
El antecedente de la reforma jubilatoria
No es la primera vez que la Casa Rosada evalúa llevar una pulseada política a los tribunales. El 23 de agosto pasado, diez días antes de que el Presidente firmara el veto a la por entonces ley de movilidad jubilatoria, el vocero Manuel Adorni había asegurado que "estaba en análisis" ir a la Justicia.
"Esto atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos, y no es más que pura demagogia populista. El equilibrio fiscal no está en discusión, no se discute. Después, si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si se van a recortar otras partidas, todo está en análisis y todo es posible", remarcó entonces el portavoz.
A diferencia de aquel veto presidencial, que la Casa Rosada pudo sostener con la ayuda de un quinteto radical en la Cámara de Diputados, esta vez el panorama para el Gobierno asoma más complicado en el poroteo preliminar.