Uno de los terrenos que pertenecían a una empresa vinculada a Lázaro Báez terminó en manos de Juan Lucio de la Vega, quien hoy integra el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz por designación del gobernador Claudio Vidal.
Una sentencia sin la defensa de la empresa permitió transferir un millonario patrimonio a dos abogados, uno de los cuales llegó al máximo tribunal provincial.
Uno de los terrenos que pertenecían a una empresa vinculada a Lázaro Báez terminó en manos de Juan Lucio de la Vega, quien hoy integra el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz por designación del gobernador Claudio Vidal.
El predio, de más de 30 hectáreas urbanas en Río Gallegos, salió del patrimonio de Estrellas del Sur, parte del entramado societario vinculado al empresario detenido, después de un juicio de usucapión en el que la firma no se presentó a defenderse. Como pago de honorarios, el letrado recibió una cuarta parte de la propiedad y compartió la operación con Roberto Saldivia, histórico abogado del excontratista de obra pública.
Según pudo saber Letra P, la transferencia se habría concretado en diciembre de 2023, dos días después del levantamiento de un embargo y mientras todavía pesaba sobre el inmueble una anotación de litis, una medida cautelar que consiste en inscribir en un registro público que existe un juicio en curso sobre un bien registrable.
La escritura declaró una operación por $8,5 millones, pese a que el valor de mercado del predio fue estimado en miles de millones. Siete días más tarde, De la Vega volvió al expediente para solicitar la regulación de honorarios, aunque ante escribano había declarado que la deuda estaba cancelada.
El caso pone bajo la lupa el recorrido de una propiedad vinculada al grupo empresario de Báez y el papel de quienes terminaron incorporándola a su patrimonio. También abre interrogantes sobre la participación de Saldivia, que no figura en el juicio, y sobre la situación patrimonial del integrante del máximo tribunal santacruceño.
La propiedad está identificada como la Chacra 27 "A", bajo la matrícula 29.507. Tiene más de 30 hectáreas urbanas sobre la Laguna Ortiz, junto al barrio Los Lolos, en Río Gallegos. Su valuación fiscal asciende a $25.979.800, aunque su precio de mercado fue estimado en miles de millones de pesos.
El terreno pertenecía a Estrellas del Sur S.A., sociedad de Báez que compró el terreno al Estado en 2003. En mayo de 2016, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó congelar las cuentas e inhibir los bienes de 28 empresas relacionadas con el empresario, entre ellas esa compañía.
En 2019, un vecino identificado como Baltazar Reyes, que había vivido toda la vida con su familia en esos terrenos, inició una demanda de usucapión para obtener la titularidad del inmueble. El expediente 19.762/19 quedó a cargo del juez Marinkovic y tuvo como abogado patrocinante a Juan Lucio de la Vega. Estrellas del Sur fue notificada en su domicilio de Florida 686, en la Ciudad de Buenos Aires, pero no compareció. En abril de 2022, el juzgado la declaró en rebeldía.
El 3 de julio de 2023, la sentencia reconoció el derecho de Reyes sobre las tierras y estableció que las costas quedaran a cargo de la empresa. La regulación de honorarios, en cambio, quedó pendiente. El 4 de diciembre de ese año se libró un oficio para levantar el embargo que pesaba sobre la propiedad.
La secuencia tuvo un movimiento decisivo apenas dos días después. El 6 de diciembre de 2023, Reyes transfirió la mitad del inmueble como cancelación de honorarios profesionales. Una cuarta parte quedó para De la Vega y la otra pasó a Saldivia. La escritura consignó un precio de $8.500.000 y se firmó cuando todavía estaba vigente una anotación de litis.
La participación de Saldivia agrega otro elemento llamativo a la operación. Su nombre no aparece en la sentencia ni en ninguna otra instancia del expediente, pero recibió una porción del predio equivalente a la del abogado que sí intervino. Se trata de un representante histórico de Báez, asesor del holding y director suplente de Hotesur entre 2009 y 2014. Leonardo Fariña lo señaló como una pieza indispensable de la estructura del empresario, algo que Saldivia siempre negó.
En la escritura, ambos profesionales declararon que sus créditos estaban "totalmente extinguidos y cancelados". Sin embargo, el 13 de diciembre, una semana después de recibir el inmueble, De la Vega pidió que el juzgado regulara sus honorarios. El magistrado ordenó entonces tasar el terreno.
La operación deja preguntas sobre el derecho de Saldivia a recibir una parte de la propiedad, dado que no figura como interviniente en el proceso. También plantea qué información tenía sobre Estrellas del Sur, teniendo en cuenta su extensa relación profesional con el grupo Báez y su conocimiento de las sociedades y los bienes del holding.
El recorrido del terreno también pone el foco en la situación de De la Vega, quien actualmente ocupa una vocalía en el TSJ tras ser designado hace un mes, durante la gestión de Claudio Vidal y en el marco de la ampliación del máximo tribunal provincial.
Según fuentes, el abogado habría trabajado para Austral Construcciones y esa relación habría sido el motivo de su llegada a Santa Cruz. Si ese antecedente se confirma, habría litigado contra una empresa del grupo para el que prestó servicios y recibido como pago una porción de uno de sus inmuebles.
Otro punto bajo discusión es el artículo 1002 del Código Civil y Comercial, que establece restricciones para que los abogados adquieran bienes vinculados con los procesos en los que intervienen.
Su actual función en el máximo tribunal suma otras preguntas institucionales: si declaró el terreno en su declaración jurada patrimonial y si se excusa en causas vinculadas al grupo Báez. También queda planteado si la operación era conocida cuando la Legislatura aprobó su designación.
El caso se conoce mientras avanzan otras investigaciones sobre el patrimonio del excontratista. El 9 y 10 de noviembre de 2026 se realizaron 27 allanamientos ante sospechas de que Báez continuaba manejando bienes embargados. Los procedimientos incluyeron escribanías e inmobiliarias. Hasta el momento, no hay información pública que vincule específicamente la Chacra 27 "A" con esa investigación.