El hallazgo de la joven alivió la presión sobre el responsable de Seguridad. El respaldo de dos espadas clave de Martín Llaryora. Qué dice una encuesta.
Juan Pablo Quinteros encabezó la búsqueda de Luciana Barrios en Colonia Caroya, ciudad del Gran Córdoba
La aparición de Luciana Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que era buscada en Colonia Caroya, trajo alivio a Martín Llaryora. Apenas se comunicó el resultado positivo de la búsqueda, dos funcionarios del gobierno de Córdoba respaldaron públicamente a Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad que quedó en el centro de las críticas tras el femicidio de Agostina Vega.
El primero fue Daniel Pastore. El ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación, uno de los dirigentes más cercanos al gobernador, eligió las redes sociales para felicitar a Quinteros luego de que se confirmara que la adolescente había sido encontrada sana y salva. Lo hizo en un tono político, con olor a reivindicación, para el exdirigente opositor que integra las filas cordobesistas desde diciembre de 2023.
"Es un honor compartir el gabinete provincial con vos", escribió Pastore. El funcionario recordó las jornadas de búsqueda de Agostina y también las horas que demandó el operativo desplegado en Colonia Caroya. Luego fue más allá y cuestionó a quienes aprovecharon la tragedia para pedir la salida del ministro.
En el peronismo se apuesta fuerte a instalar el aprovechamiento político tras el femicidio de la niña a manos de Claudio Barrelier, un becario de la Municipalidad de Córdoba con vínculos con el ahora exconcejal cordobesista Ricardo Moreno. La palabra más usada es "carroñeros".
Más tarde se sumó el vicegobernador Manuel Calvo, quien también reivindicó el trabajo realizado por el titular de Seguridad y reforzó la señal de respaldo que el llaryorismo buscó transmitir puertas adentro y hacia afuera del oficialismo.
Siguió el presidente del bloque peronista en la Legislatura, Facundo Torres, con un mensaje de apoyo para Quinteros y duras críticas a la oposición que, este miércoles se verán las caras en una sesión que promete ser de lucha en el barro de la política.
"Ojalá que los caranchos de la política y esas oscuras golondrinas que suelen aparecer agazapadas detrás de cada tragedia, siempre listas para especular y sacar provecho del dolor ajeno, tengan hoy la honestidad y la honorabilidad de reconocer los hechos y felicitar al ministro Juan Pablo Quinteros, a la Policía de Córdoba y a todos los que trabajaron incansablemente durante estos días", escribió el también presidente del PJ provincia.
Desde que estalló el caso Agostina, Quinteros quedó bajo observación permanente. La oposición pidió su renuncia, cuestionó la reacción del Estado y puso bajo la lupa el funcionamiento de las áreas encargadas de la búsqueda. Como contó Letra P, Llaryora decidió sostenerlo y pagar el costo político de esa decisión. Por eso la desaparición de Luciana se convirtió rápidamente en una prueba clave para el ministro.
Desde las primeras horas posteriores a la denuncia, Quinteros se instaló en Colonia Caroya, encabezó la comunicación oficial del operativo y buscó exhibir una respuesta rápida, coordinada y con todos los recursos disponibles. No lo dirán, pero quedó bastante claro que el objetivo era que no se repitiese la imagen de un Estado corriendo detrás de los acontecimientos como ocurrió hace menos de diez días.
La búsqueda movilizó a la Policía de Córdoba, la Policía Caminera, la Policía Rural, efectivos departamentales y fuerzas federales. Bajo la coordinación del fiscal Guillermo Monti, se relevaron cámaras de seguridad, registros telefónicos y dispositivos electrónicos mientras se multiplicaban los rastrillajes en la zona.
La presión también alcanzaba a otros actores, como la Justicia. En la Legislatura, la oposición presentó un pedido de jury contra el fiscal Raúl Garzón y la actuación de jueces y fiscales sigue formando parte de la discusión pública. Monti también estaba en la mira.
Lo cierto es que el hallazgo de la joven en una casa abandonada de Jesús María, gracias a un testimonio clave de un amigo de su entorno, trajo un alivio transversal.
Si bien la aparición de Luciana descomprimió una situación que amenazaba con devolver al gobierno provincial al escenario que se abrió tras el femicidio de Agostina Vega, Llaryora confía en Quinteros por dos razones: una práctica y otra política.
En el orden de lo operativo, las encuestas vienen a avalar el trabajo del funcionario. El último informe de Aresco, realizado entre el 26 y el 30 de mayo, en pleno impacto del caso Agostina, mostró que la principal preocupación de los cordobeses continúa vinculada a la situación económica.
Los problemas laborales y de actividad crecieron del 33,1% al 41,5% respecto de febrero. La inseguridad descendió de 25,9% a 23,7%, mientras que la corrupción se mantuvo estable en torno al 16%.
En el orden político, Quinteros aparece desde hace tiempo entre los dirigentes que el cordobesismo proyecta para ocupar lugares expectables en 2027. El exaliado político de Luis Juez integra las conversaciones sobre la futura sucesión de Daniel Passerini en la ciudad de Córdoba.
Como contó Letra P, Quinteros se define como un llaryorista pleno y suele observar con atención a dirigentes que construyeron volumen político desde ministerios de Seguridad, como el santafesino Maximiliano Pullaro y el mendocino Alfredo Cornejo. Con todo, también sabe que se trata de una cantera donde los costos suelen ser tan altos como las oportunidades. Experimenta esa máxima en carne propia.