La vicepresidenta completará este martes los trámites con el Ejecutivo y Diputados. En la cámara alta dudan de la judicialización. Futuro complicado.
Victoria Villarruel.
Después de un fin de semana de fuertes cruces en las redes sociales con Javier Milei, quien le recrimina haber habilitado la sesión del Senado para que los gobernadores aprobaran proyectos que le asignan fondos, Victoria Villarruel no tiene previstas actividades y se prepara para una posible embestida legal en su contra propiciada por el Poder Ejecutivo.
Este martes, la vicepresidenta completará los trámites de la sesión, con el envío a Diputados de los proyectos aprobados, que son los que piden los gobernadores (reparto de ATN y de impuestos a los combustibles); y al Ejecutivo de las tres sanciones: suba de jubilaciones, prórroga de moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Será la confirmación de que para ella estuvo todo en regla.
Tanto el día de la sesión como en el fin de semana, Milei y sus intérpretes digitales insistieron en que la sesión fue ilegal, por los mismos argumentos que expresó en el recinto el jefe de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche: que sólo la presidenta de Senado puede citarla y por lo tanto el recinto debió estar cerrado.
El Ejecutivo agrega otro argumento para objetar la sesión, que es "la defensa de las minorías". Consideran que los bloques que no formaron parte de la auto convocatoria podrían asumirse como imposibilitados de ejercer la representación.
Villarruel no lo entendió así. Luego de reunirse tres días antes con el jefe de Unión por la Patria (UP), José Mayans, la vice interpretó que no podía evitar una sesión ordinaria los días y horarios elegidos para esa ceremonia (como el jueves a las 14). El formoseño había sido claro: si bloqueaba la reunión, sería considerado una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Congreso. "Todos dicen que se llevan bien, pero la reunión fue tensa", aseguran en la cámara alta.
La vicepresidenta jugó a medias y quedó mal con todos. Si bien abrió el recinto, no citó a la sesión y en el Gobierno toman ese dato como elemento para una posible judicialización. Villarruel, además, tampoco fue a fondo para desconocer tres dictámenes que habían sido invalidados por una resolución, firmada por su secretario parlamentario, Agustín Giustinian.
Había un antecedente de 2023, cuando la entonces presidenta provisional, la santiagueña Claudia Ledesma (UP), se negó a someter a votación una moción por mayoría simple y la oposición se fue. Martín Menem, en Diputados, vivió esa situación en varias ocasiones este año. En la previa de la sesión se esperaba que la titular del Senado jugara esa carta, pero cedió a la presión de Mayans, quien desde la banca le advirtió sobre un posible conflicto de poderes si se animaba a enfrentarlo.
Fuentes en la cámara alta creen que el mayor temor de Villarruel al líder del peronismo es porque tiene acefala la secretaría administrativa, por la renuncia de Emilio Viramonte Olmos, El cordobés sigue en funciones, aunque no ejerce, porque su renuncia nunca fue tratada por el pleno. Una mayoría legislativa podría votar un reemplazante, si se lo propusiera.
Como explicó Letra P, la salida de Viramone Olmos se debió a que la vicepresidenta no le cedió las facultades para ejercer su tarea. La administración del Senado la ejerce el director general, Francisco Funes, pero sin las atribuciones que retiene Villarruel. Todo puede cambiar si el pleno define un nuevo secretario administrativo. La vicepresidenta no está en condiciones de enfrentarse a una eventual mayoría legislativa sin correr ese riesgo.
Quienes caminan por la cámara alta advierten que un nuevo administrador puede ser catastrófico para Villarruel. Podría descubrir muchas desprolijidades que por ahora los senadores prefieren no denunciar. La mayoría son producto de la inexperiencia de sus funcionarios.
Este lunes, Villarruel no tuvo agenda y tampoco hay actividades pautadas para la semana. No hay en carpeta nuevos viajes a ciudades de la provincia de Buenos Aires como los que realizó junto Claudia Rucci, reincorporada como directora del Observatorio de Derechos Humanos, donde se había ido en diciembre.
Rucci fue una de las funcionarias que más le insistió a Villarruel el año pasado que se diferenciara de Milei y pudo haber influido en su decisión de cruzar al Presidente con mensajes en su cuenta de Instagram, donde defendió el paquete de leyes sancionado por la oposición.
La vice cambió su equipo el último semestre. Convirtió en su sombra al exmilitar Claudio Gallardo, luego nombrado director de seguridad. Es quien la escolta en cada una de las reuniones y logra intimidar a empleados y funcionarios, con leyendas de presunto espionaje ilegal. Funes también responde a las órdenes de Gallardo antes de firmar planillas.
En el Senado creen que Milei no se animará a ir a fondo con la judicialización de la sesión, porque en Tribunales nunca son propensos a intervenir en votaciones del Congreso. Por la misma razón, hay históricos asesores que consideran que poco podía pasar en la justicia si el recinto quedaba cerrado y que Villarruel no se animó a jugar.
Con este antecedente, el futuro en el Senado es por demás complicado, porque ni la mejor elección de octubre dejará al Gobierno con mayoría propia en la cámara alta. Y una mayoría circunstancial, desde ahora, puede firmar dictámenes y aprobarlos en el recinto sin pedirle permiso a la vicepresidencia. Nada será igual.