Declaró la guerra por el reparto de fondos. El chat grupal de los mandatarios para dar pelea. Revés inevitable en el Senado y apuro peronista en Diputados.
Javier Milei, necesitado de negociar.
La derrota en cadena de Javier Milei en el Senado fue el inicio de una batalla que cargará sobre sus espaldas hasta el final de su mandato y que, si no logra encauzarla a su favor, pondrá en jaque su plan económico.
El ring está armado. Presidente está de un lado, con su gabinete y una tropa mínima legislativa que no llega ni al tercio de los recintos. Enfrenta a quienes ocupan cargos ejecutivos electos a lo largo del país: gobernadores e intendentes, una fuerza incipiente que también dejó su marca en el Congreso esta semana, con una lista de reclamos que anunciaron primero en Diputados. Hasta el recambio legislativo de diciembre, los mandatarios provinciales pueden reunir dos tercios en ambas cámaras. Luego, como mucho, el oficialismo nacional logrará sumar un tercio en algún recinto para sostener los vetos. Si no resuelve está batalla a su favor o al menos consigue una tregua, Milei no podrá prometer reformas tributarias y laborales.
La única manera de imponerse que tiene el Presidente es lograr que un sector de sus rivales -los otros ejecutivos- cruce de su lado y para eso debe ceder. Es lo que no ocurrió el jueves en el Senado con las propuestas para girar fondos a las provincias.
Victoria Villarruel no oye lamentos: este martes enviará al Ejecutivo los proyectos sancionados; y a Diputados, los aprobados, que son los que piden los gobernadores (para fijar la coparticipación de los ATN y del impuesto a los combustibles). Este sábado, la vicepresidenta terminó de romper su vínculo con Milei elogiando las leyes sancionadas con los mismos argumentos usados por la oposición.
En la cámara baja se debaten fechas para una sesión que haga ley los proyectos de los gobernadores. Unión por la Patria pide que sea cuanto antes, porque si no llega a una mayoría especial -los mandatarios provincias tienen menos peso que en el Senado- debería emplazarse una vez más a la comisión de Presupuesto. La oposición está en alerta: podría haber actividad durante el receso invernal, que tiene al Congreso con personal reducido. Si hay sesión, el peronismo sumará la emergencia en pediatría y los fondos a universidades en el temario. Sería otra jornada de derrotas en cadena para Milei.
Los gobernadores, por ahora, no ponen fechas. Abandonaron la rosca el viernes y este fin de semana definirán una hoja de ruta para tener sus leyes. La mayoría no quiere perder el tiempo enredándose en negociaciones con el Gobierno que ya no prosperaron.
Ni siquiera después de la derrota en el Senado, el Presidente coordinó una estrategia clara: mientras Guillermo Francos y Martín Menem negocian con mandatarios provinciales para blindar el veto al aumento de las jubilaciones y confían en lograr su objetivo -con respaldo pleno de la UCR y el PRO-; Patricia Bullrich envió a su senadora, Carmen Álvarez Rivero, a pedir la nulidad de la sesión de la cámara alta, por un debate reglamentario que se saldó en el recinto.
La disputa entre libertarios y federales es por plata. Milei defiende el superávit fiscal y acusa a los ejecutivos locales de succionar recursos para cerrar sus cuentas. Estos contraatacan y recuerdan lo obvio: que la Nación recauda fondos por la actividad económica realizada en sus territorios, donde ellos deben cumplir con las obligaciones de educación, salud y seguridad. El sistema institucional argentino, por lo tanto, requiere de un diálogo permanente Nación-Provincias, materializado en el Congreso.
Milei no termina de aceptarlo. Anunció una reforma tributaria el 1 de marzo, pero nunca convocó a los gobernadores para firmar un pacto fiscal, un paso ineludible para llevarla a cabo. Sólo así el Presidente puede imponer también una compromiso de reducción de impuestos provinciales, una exigencia que, inevitablemente, debe buscar mecanismos compensatorios.
Los 23 mandatarios y el jefe de gobierno armaron su plan de guerra. Tienen un grupo de WhatsApp para organizar la batalla por el reparto de la recaudación nacional: lo armó el entrerriano Rogelio Frigerio. En sus chats, los mandatarios definieron junto a sus intendentes que no le permitirán a Milei tener un superávit con fondos que deberían ser coparticipados y privar a las provincias se brindar servicios.
Hay una lista larguísima de partidas en la mira que Toto Caputo retiene para que cierren los números. Si el ministro de Economía no levanta el teléfono se las irán sacando de a una. La amenaza de Milei es que si estás leyes disparan las variables económicas, dirá que los gobernadores fueron culpables: otro round de la batalla cultural. Sólo eso.
Los proyectos aprobados en el Senado apuntan a dos cajas que los gobernadores exigen coparticipar: los fondos que iban a las provincias con asignaciones específicas para atender catástrofes (ATN) o a mantener la infraestructura vial (impuesto a los combustibles líquidos).
Los jefes locales buscan leyes para que esos recursos tengan un sistema de reparto fijo, con las provincias beneficiadas. Habrá muchas propuestas similares. Todos los gobernadores estuvieron de acuerdo, aunque dos dejaron vacías las bancas en el Senado: los radicales Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quien jugó fuerte para bajar la sesión con un pedido de su referente Mariana Juri para que los debates volvieran a las comisiones. Tampoco estuvo en su banca la radical Stella Olalla, en línea con Frigerio.
Cornejo, Zdero y Frigerio negocian listas con La Libertad Avanza para octubre y sus colegas le pasarán factura por hacer la suya. El último intento del Gobierno por evitar la sesión del Senado dejó a los gobernadores más desconcertados: el miércoles por la noche hubo llamados de funcionarios a las provincias, pero no todos pedían lo mismo.
En un Zoom, los mandatarios más dialoguistas entendieron que tal vez un gesto sea dejar para el último tramo de la sesión los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad, con la certeza de que serían sancionados con el aporte de UP y de un grupo de díscolos que contribuye con el cuórum en la cámara alta, como son los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco; y la larretista Guadalupe Tagliaferri.
Con este trío garantizado -que puede ampliarse con otros radicales como Maximiliano Abad y Flavio Fama- el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, sacó a relucir su oficio y, como ocurre desde que Milei es presidente, manejó la agenda del Senado y el recinto como quiso. El formoseño siempre gana, aunque no la tiene tan fácil como parece. No tiene una mayoría propia, debe lidiar con sus internas y carece ni liderazgos nacionales fuertes que puedan amedrentar a los senadores. Resuelve todo con ajedrez, desde su despacho.
La sesión del jueves fue posible porque Mayans no cometió errores. Se aseguró de que los dictámenes en la comisión de Presupuesto autoconvocada tuvieran sello en mesa de entradas y, ni bien supo que Villarruel habilitó una resolución para desconocerlos, no envió un pedido de sesión especial, como se esperaba. Ocurre que si lo hacía, no hubiera podido constatar con facilidad que había dictámenes, que la vicepresidenta desconoció, a través de una resolución firmada por el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian. "Ese fue su gesto y en la Rosada no lo valoraron", se lamentan cerca de la vice.
Claro que Mayans siempre gana y, sin chances de pedir una sesión, apeló a una práctica poco habitual en el Senado: asistir al día y hora fijado para sesiones ordinarias. Es una opción que se habilita todos los años y suele no tenerse en cuenta porque nadie es capaz de reunir la mayoría para imponer un temario. Con la certeza de tenerla, el peronista le advirtió a Villarruel que si se revelaba, podía tener la mitad más uno de los integrantes del cuerpo golpeando la puerta del recinto y ser denunciada por obstruir otro poder del Estado. La vice bajó la guardia y prometió presidir la sesión si había cuórum.
Había un antecedente. El año pasado, Villarruel le abrió el recinto a UP y, como no hubo cuórum, esa vez nunca bajó a presidir. No podía cerrar el hemiciclo sin dar explicaciones. La vicepresidenta jugó a medias y terminó peleada con todos: armó una reunión de jefes de bloque, pero no hizo una citación formal a la sesión, que es el argumento que tomaron en la Casa Rosada para pedir la nulidad de la sesión. En UP no temen. Creen que la justicia no se animará a desafiar la voluntad mayoritaria del Senado.
La vicepresidenta tampoco jugó a fondo para invalidar los dictámenes en el recinto. Tenía un antecedente: en 2023, la entonces presidenta provisional, Claudia Ledesma, pidió dos tercios ante un debate similar y la oposición se fue. Este jueves, Villarruel cedió rápidamente ante el pedido de Mayans de interpretar el reglamento con mayoría simple.
La fallida estrategia libertaria la ejecutó Ezequiel Atauche, jefe de la bancada de LLA, en diálogo con Santiago Caputo, quien también le habría enviado un mensaje a la vicepresidenta para ablandarla. Un dato llamó la atención: aportó con el cuórum Beatriz Ávila, aliada del PRO y supuesta socia del asesor presidencial. Atauche estaba perdido. Anunció que buscará invalidar la sesión, pero participó del debate y hasta votó algunas mociones. Después se fue.
En el Senado, nadie entiende a la tropa libertaria. Funcionarios y parte de la oposición creen que no reciben órdenes hasta el día de la sesión y, por eso, toman decisiones incoherentes.
Las votaciones dejaron algunos consuelos para el Gobierno, como las chances claras que tiene de blindar el veto del aumento jubilatorio, con más de un tercio de los votos en Diputados, lo necesario para sostener esa decisión presidencial. A la ayuda de los gobernadores radicales pueden sumarse la de sus colegas Nacho Torres (Chubut) y Hugo Passalaqua (Misiones), quienes en la cámara alta mandaron a sus representantes a abstenerse.
En la Casa Rosada lanzaron una campaña para denunciar que las fuentes de financiamiento que tiene la ley no alcanzan para el aumento del 7,2% de los haberes jubilatorios y para subir 40 mil pesos el bono (que es de 70 mil), medidas que tiene un costo fiscal estimado de 1,5% del PBI. Además, el oficialismo afirma que las pymes podrían perjudicarse con la modificación del régimen fiscal para las sociedades de garantías recíprocas, una de las medidas del proyecto para sumar fondos. En la oposición retrucan que esas cuentas omiten algunas cajas que el Gobierno protege, como la SIDE, y el ahorro fiscal que tiene Milei por bajar la cuenta de intereses. El Congreso es, en definitiva, el que distribuye las partidas.
El veto a la moratoria previsional no debería correr riesgos, porque su rechazo en ambas cámaras es superior al tercio, aunque todo puede pasar si Milei sigue sin hacer contrapropuestas. De hecho, las leyes podrían haberse evitado si el Presidente escuchaba una idea de Carlos Guberman, esbozada antes del tratamiento de estos proyectos en Diputados.
Antes de aquella sesión, el secretario de Hacienda planteó una alternativa: subir el bono de jubilaciones, pero sin aumento de haberes; y actualizar las prestaciones por discapacidad, sin aumentar o ampliar las pensiones. El costo fiscal era exiguo, pero Milei, cuentan en el Congreso, ni siquiera escuchó el planteo. El Presidente sólo acepta hablar de números grandes.
En el oficialismo intentarán que Milei no vete la emergencia en Discapacidad en su totalidad y, en tal caso, sólo anule las nuevas pensiones que se crean con la norma. El congelamiento a las prestaciones incomodó a legisladores de todos los colores: recibieron el reclamo de profesionales y organizaciones del sector de sus distritos. Muchos diputados libertarios tuvieron escraches de sus votantes en sus locales provinciales y no supieron defenderse. Otros gobernadores aliados pusieron el grito en el cielo: le piden a Milei que, si no quiere que el Congreso actualice prestaciones, lo haga él mismo.
La emergencia en Discapacidad tuvo dos tercios en ambas cámaras y para sostener un veto, Milei debería lograr nuevos aliados en un tema que ni siquiera tiene bien estudiado el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo: en su única incursión televisiva confundió todo -habló de prestaciones y pensiones como un tema único- y hasta titubeó cuando tuvo que definir cuáles eran sus funciones. ¿No sabía de lo que hablaba o Milei no lo escucha? Es la gran pregunta que se hacen libertarios y opositores en estos días, mientras el Presidente no puede detener los embates opositores.