Luego de un prolongado corte de luz, el gobernador activó un operativo para dirigir la bronca a la firma que compraron los empresarios en 2025. Qué discuten.
Carlos Sadir apunta contra dos pesos pesados de la energía por los cortes en Jujuy.
Un temporal causó un corte de energía generalizado que elevó la tensión política en Jujuy y terminó con Carlos Sadir reseteando su vínculo con la empresa prestadora del servicio. Detrás de la firma aparecen los hermanos Neuss y Ruben Cherñajovsky, los enemigos elegidos por el gobierno, pero también por la oposición, para descargar culpas.
El corte de luz se extendió varios días por distintos sectores de esa provincia del Norte Grande en los días previos a la final del Mundial, lo que causó una lógica crispación en los vecinos, por lo que se multiplicaron los cortes y piquetes en reclamo por la falta del servicio. Contra las cuerdas y apuntado por el reclamo, Sadir activó un operativo para redirigir el enojo a la Empresa Jujeña de Energía (EJESA).
En la Casa de Gobierno admiten que la crisis dejó de ser exclusivamente técnica. Al malestar que desde hace meses generaban las altas tarifas, se sumó un corte de una magnitud inusual que elevó el costo político de la situación y obligó al Ejecutivo a asumir un protagonismo que hasta entonces había evitado.
Ese cambio también se reflejó en la estrategia de comunicación oficial. Según fuentes oficiales, durante la contingencia se promovió que la distribuidora asumiera públicamente la explicación de la crisis, con la idea de que asuma la responsabilidad y no recayera exclusivamente sobre el gobierno. A partir de esa exposición, la EJESA pasó a ocupar el centro de la cobertura mediática.
En paralelo, Sadir firmó un decreto oficializando la Emergencia Energética y Tarifaria. La norma permite adecuar mecanismos regulatorios y contractuales para garantizar la continuidad del suministro; suspende los cortes por mora y el retiro de medidores; elimina los intereses punitorios y mantiene el acceso a los subsidios para los usuarios alcanzados.
La primera definición ya había llegado desde la Secretaría de Energía. En un documento oficial, el organismo instruyó a la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) a establecer compensaciones extraordinarias para los usuarios afectados y sostuvo que "el Estado no puede permanecer como un mero observador" ante un servicio público esencial. Lo que había comenzado como una contingencia provocada por un temporal derivó en una revisión del funcionamiento del organismo regulador, del vínculo con la distribuidora y de las herramientas con las que cuenta el Ejecutivo.
El documento ordenó implementar mecanismos ágiles para compensar a los usuarios por los perjuicios ocasionados y fundamentó esa decisión con un diagnóstico poco habitual. Afirmó que la respuesta brindada por la distribuidora "no resultó suficiente para atender la magnitud de la contingencia", mencionó "deficiencias verificadas en la prestación del servicio" y sostuvo que la protección de los usuarios constituye una obligación indelegable del Estado.
Desde 2025, EJESA integra Edison Energía, un holding conformado por los Neuss, Inverlat Investments, Cherñajovsky y Luis Galli que en pocos meses reunió activos vinculados a la energía en distintas provincias. Para el gobierno jujeño, el interlocutor dejó de ser una distribuidora provincial para convertirse en un grupo empresario con creciente peso en el mercado energético. Por eso, fuentes oficiales consultadas por Letra P sostienen que esa transformación también modificó la relación institucional con la empresa.
El episodio también volvió a poner bajo la lupa el esquema regulatorio. Los cuestionamientos sobre inversiones, controles y calidad del servicio, que hasta ahora aparecían dispersos en distintos sectores políticos, comenzaron a confluir en una misma discusión: si el marco actual sigue siendo suficiente. La decisión de avanzar sobre herramientas regulatorias y contractuales terminó de confirmar que el Ejecutivo comenzó a revisar un esquema que durante años había permanecido prácticamente inalterado.
El gobierno provincial ya descartó públicamente una eventual estatización y dejó en claro que la estrategia oficial apunta a reforzar los controles. La definición busca cerrar una de las hipótesis que comenzaron a circular tras el corte y fijó el alcance de la respuesta que está dispuesto a dar el Ejecutivo.
La crisis, sin embargo, reactivó otros planteos. El libertario Federico Canedi volvió a cuestionar la política tarifaria, la falta de inversiones y la calidad del servicio. Tras el corte, el diputado provincial sostuvo que la contingencia expuso problemas estructurales del sistema eléctrico y reclamó mayores controles, inversiones y transparencia sobre la concesionaria.
El debate avanzó incluso dentro del oficialismo. La diputada Alejandra Mollón, integrante de Jujuy Crece y alineada políticamente con Patricia Bullrich, anunció la presentación de un proyecto para impulsar una nueva licitación pública internacional de la concesión del servicio eléctrico. La iniciativa parte de la interpretación de que la concesión vigente cumplió el segundo período previsto en el régimen concesional y propone abrir la discusión sobre el modelo de prestación para las próximas décadas.
Según anticipó la legisladora, el nuevo esquema debería incorporar mayores exigencias de inversión y control, mecanismos automáticos de compensación para los usuarios y un proceso de modernización de la infraestructura acorde al crecimiento productivo de la provincia. Tras el anuncio de la emergencia, Mollón respaldó las medidas de alivio para los usuarios, aunque sostuvo que deberán complementarse con una fiscalización más rigurosa sobre las empresas prestadoras.
