El Ejecutivo puede concesionarlas o administrarlas con la Lotería. La opción que gana terreno. Un negocio sin regulación y con la ludopatía juvenil explotada.
El gobernador Maximiliano Pullaro.
Una decisión espinosa espera en el horizonte de Maximiliano Pullaro. El gobernador tiene en sus manos el destino de las apuestas deportivas en la provincia y tiene que optar si llama a licitación para concesionar el servicio a algunos de los tantos operadores existentes o si habilita a Lotería de Santa Fe a administrarlas.
A Pullaro lo apura un plazo. La ley de juego online obliga a decidir si concesionar el sistema de apuestas deportivas o empoderar a Lotería de Santa Fe dentro de los 180 días desde su promulgación. Si bien la ley no lo dice, la interpretación en el gobierno es que ese plazo es de días hábiles, por lo que se vencería el martes 10 de septiembre. Es decir, Pullaro tiene dos meses para decidir.
La norma fue impulsada por Pullaro para darle una solución a un problema que había nacido cuando Omar Perotti autorizó por decreto el juego online -sin apuestas deportivas-. Fue en el tramo final de la transición, al punto tal que en Diputados se aprobó antes de la asunción de los legisladores electos y el Senado acompañó ya con la composición actual.
Si Pullaro decide licitar, deberá negociar ineludiblemente con alguna de las empresas del rubro, un vínculo que siempre es espinoso para la política. Sin embargo, tiene a favor que la mayoría de las empresas interesadas ya tienen la estructura disponible y podrían activar rápidamente.
El gobernador puede otorgar más de una licencia por un tiempo determinado, con o sin opción de prorrogarse. Tiene que definir, además, cuánto deberán pagar los ganadores de la licitación por las licencias, quienes tendrán prohibido cederlas. El tema, dicen en el gobierno, no los apura.
Concesionar es la idea que ganaba terreno en el gobierno provincial, aunque el crecimiento de la ludopatía juvenil de la mano de las apuestas online encendió una luz de alarma en el tablero de la Casa Gris. Así las cosas, un pequeñísimo halo de esperanza surgió para la opción de que las apuestas deportivas sean administradas directamente por Lotería de Santa Fe. Sin embargo, la dificultad pasa por ponerla en práctica. La inversión requerida para diseñar todo el sistema es alta y su administración es engorrosa. Por algo ninguna provincia del país optó por esta alternativa.
Aunque el final aún esté abierto, la epidemia de ludopatía infantil irrumpió con fuerza en la consideración de variables a la hora de tomar la decisión, reconocen cerca de Pullaro. El gobierno provincial bloqueó casi cuatrocientas páginas web ilegales de juego online en escuelas e intimó a influencers que promueven las apuestas. Además, denunció penalmente a esos sitios web por el “enorme perjuicio al erario público”.
Lo que buscan es que el Ministerio Público de la Acusación investigue a quienes están detrás de los sitios señalados por explotar, administrar y organizar juegos de azar sin autorización. La denuncia fue firmada por el ministro de Educación José Goity, su par de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena.
Sin embargo, en el gobierno provincial saben que el acceso virtual a las apuestas deportivas sigue siendo sencillo y que, sin regulación alguna, están “en el peor de los mundos”. “No se controla quién organiza, no se controla que no jueguen menores y tampoco se recauda”, explican. Según los números que maneja el propio gobierno, el 80% del juego online es ilegal, lo que se traduce en una pérdida de $2 mil millones al mes. Por eso, procrastinar el tema no es una alternativa para el gobierno provincial: consideran que regular es la mejor opción.
Con las apuestas deportivas reguladas podrían aplicarse las limitaciones que impone la ley para el resto de los juegos de azar. Por ejemplo, que solo puedan registrarse mayores de edad en el Registro Único de Apostadores en línea. También se le podría exigir a los sitios que permitan que los apostadores establezcan límites de depósitos, soliciten su exclusión temporal o permanente o programen restricciones temporales de juego. Incluso, se activarían las normas que regulan la publicidad de este tipo de actividades.
Lógicamente, la regulación de las apuestas deportivas permitiría también la recaudación. El canon mínimo que impone la ley a todos los juegos de azar es del 15% de los resultados brutos, aunque puede ser aumentado por decreto. La mitad de esos fondos son destinados a la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones. El resto, se reparten en políticas públicas de educación, deporte, salud, desarrollo social y a la seguridad en eventos deportivos masivos.
Pullaro impulsó la ley de regulación del juego online para ahorrarse un dolor de cabeza autogenerado. En plena pandemia, Perotti autorizó a los administradores de los tres casinos de la provincia -Rosario, Santa Fe y Melincué- a explotar virtualmente los juegos de azar que ya explotaban presencialmente. Con la lógica de que estaba ampliando una concesión y no otorgando una nueva, lo hizo vía decreto. Eso le valió una reprimenda del Tribunal de Cuentas y una denuncia penal del bloque de la UCR, que entonces presidía el propio Pullaro.
Al ganar las elecciones y enfrentar el problema, el hughense se encontró en un brete: no podía derogar el decreto de Perotti porque abriría un frente judicial con los licenciatarios, pero si lo confirmaba estaría cometiendo el mismo delito por el que él mismo lo había denunciado. La salida que encontró fue aprovechar la flamante mayoría que el frente Unidos había formado en la Legislatura para regular el tema por ley y sacarse el problema de encima. De paso, propuso regular las apuestas deportivas, que aún no tenían norma provincial específica.
El autor del proyecto fue Marcelo González, diputado muy cercano al presidente de la UCR Felipe Michlig, y tuvo la firma de todos los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, al llegar al recinto perdió el apoyo del peronismo, disconforme porque la ley autoriza al gobernador a aumentar el canon sin pasar por la Legislatura -”como mínimo 15%”, dice el artículo- y porque había un acuerdo de limitar las licencias que se otorgarían que no se cumplió. Unidos logró la media sanción con el apoyo de otros bloques. Días después, el Senado lo aprobó por unanimidad.