La administración del PJ quedó en la mira por contrataciones sospechosas, desvío de fondos y designaciones sin concurso. Pullaro exige que se ajuste a derecho.
La comuna de Máximo Paz, dentro del departamento Constitución, en Santa Fe.
El gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas, emitió un dictamen demoledor contra la actual gestión comunal de Máximo Paz, en el departamento Constitución. En el documento se enumeran una serie de presuntas irregularidades cometidas desde 2019 que motivaron un pedido formal para que la administración se ajuste a las normas legales vigentes.
Entre los puntos más sensibles del dictamen N°033 figuran designaciones sin concurso ni sustento legal, contrataciones directas de servicios, manejo opaco de fondos para obras que no se concretaron y vínculos personales y comerciales del presidente comunal con proveedores del Estado.
Uno de los casos que encendió las alarmas provinciales es el de Gilda Rossi, actual pareja del presidente comunal del peronismo, Darío Baiocco. La mujer renunció como miembro de la comisión y fue incorporada luego como empleada jerárquica de planta permanente, sin que se haya seguido el procedimiento administrativo correspondiente.
El dictamen también cuestiona la contratación de cuatro abogados, cuyas funciones no fueron acreditadas debidamente ni fueron aprobadas por actas oficiales de la comisión. Se menciona además la existencia de una empresa con presuntos vínculos con el presidente comunal que prestó servicios entre 2020 y 2023, y que habría vendido un vehículo adquirido sin el procedimiento legal que exige la ley 2439 -esto es, mediante concurso de precios o licitación pública-.
El informe del área del gobierno que lidera Maximiliano Pullaro detalla también una grave inconsistencia en la información financiera brindada por la Comuna. Mientras que en su descargo se declaró la recepción de $71 millones en fondos para obras, los recibos oficiales dan cuenta de ingresos por más de $143 millones. Es decir, más del doble de lo informado por la administración.
La Secretaría de Gobierno concluyó que el desapego a los procedimientos administrativos adecuados para designaciones, contrataciones y rendición de fondos genera una presunción de ilegitimidad, que podría derivar en sanciones u otras acciones si no se corrige la situación.
Por ello, el Ejecutivo provincial recomendó formalmente a las autoridades de Máximo Paz que adecúen de inmediato el funcionamiento de la comuna a las disposiciones legales y administrativas vigentes.