El proyecto desalienta la producción de medicamentos, la compra de autos locales para el Estado y podría posibilitar la venta de ARSAT. Resta el Senado.
Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza, durante la votación de la ley Hojarasca, de Federico Sturzenegger.
Federico Sturzenegger se anotó una victoria en el Congreso. Luego de dos años de intentos, la Cámara de Diputados aprobó la ley Hojarasca, un proyecto para derogar leyes vetustas. La motosierra del ministro de Desregulación y Transformación del Estado permitirá reducir la producción de medicamentos, la industria automotriz y posibilita vender ARSAT.
La Libertad Avanza (LLA) cosechó los votos, con el aporte de sus aliados habituales del PRO, la UCR, los diversos partidos provinciales y los referentes de los gobernadores que integran Provincias Unidas (PU). Por este bloque se opusieron Esteban Paulón y Pablo Juliano. También rechazaron Unión por la Patria (UP), la izquierda y la Coalición Cívica.
El proyecto contiene la modificación o derogación de 63 leyes. Algunas normas son peculiares, como la 94, de 1864, que permite aplicar azotes; la que autorizó la televisión a color, la que prohíbe las reuniones en lugares privados o el carnet de mochilero.
"No hay que olvidarse de la filosofía del derecho y pensamos que una ley es justa cuando levantamos las manos. De ahí viene la degradación de los últimos 40 años”, sostuvo el libertario Bertie Benegas Lynch.
Para aliviar la interna con Santiago Caputo, Martín Menem sumó entre los oradores a los dos diputados que responden al asesor: Santiago Santurio y Joaquín Ojeda. Recién después, fue el turno del santafesino Nicolás Mayoraz.
La oposición enumeró las normas que se derogan y podrían tener consecuencias. “Estamos cortando beneficios. No son leyes obsoletas: hay sectores que se están beneficiando. Se debería aplicar el digesto jurídico que hizo este Congreso”, propuso el cordobés Juan Brügge.
Durante el debate en comisión solo se tocaron tres artículos: la Federación Argentina de Municipios (FAM) podrá seguir con mantenimiento del Estado, pero no podrá cubrir la totalidad de sus gastos. Los legisladores mantienen libre estacionamiento y las cooperativas conservaron exenciones impositivas. El resto quedó igual.
Diego Giuliano, de UP, consideró que Hojarasca es una trampa. “No derogaron la ley de telégrafos, de 1875, que tiene 163 artículos. ¿Cómo se les pasó? ¡La dejaron vigente!”, ironizó.
Su par Pablo Yedlin, explicó que, al eliminarse una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se elimina la producción de medicamentos de alto costo. “Estamos hablando de la soberanía sanitaria”, se indignó. El santafesino Pablo Farías, del socialismo, dio ejemplos. “Santa Fe lanzó un programa para reemplazar medicamentos que se envían a Nación y fue necesaria esta regulación”, explicó.
Nicolás Trotta, de UP, cuestionó la derogación de la ley que obliga al Estado a producir automóviles de fabricación nacional. “Esta decisión es propia de un gobierno que lleva la destrucción de 25 mil empresas”.
La santacruceña Ana Ianni rechazó la eliminación de la ley que declara de interés nacional a la industria de carbón. “Quedan habilitados a vender YCRT. Por eso la están devaluando”, denunció.
Germán Martínez, de UP, denunció que la derogación de una ley que podría derivar en la privatización de empresas públicas. Se trata de la 25.750, de preservación de bienes culturales, que, según Javier Milei, se sancionó en 2002 para licuar los pasivos del Grupo Clarín.
Durante el debate en comisión, la oficialista Silvana Giudici explicó que las empresas de medios quedaron cubiertas por legislación posterior. Martínez, en la sesión, reiteró que sin la ley quedarían habilitadas para la venta empresas estratégicas.
“Están rescatando lo que no salió de la Ley Bases, como la posibilidad de vender ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales), una compañía de telecomunicaciones que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial. También podría comercializarse acciones de Nucleoeléctrica Argentina, FADEA (Fábrica Argentina de Aviones) y VENG (Vehículo Espacial Nueva Generación). “El plan de ustedes es liquidar empresas estratégicas y eso es lo que vamos a votar”, denunció el santafesino.
La sesión fue presenciada por Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y mano derecha de Sturzenegger. Es también un exdiputado radical y, como asesor, participó de la negociación de la ley bases.
El cierre de la sesión estuvo a cargo del jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni. “El Presidente dijo que iba a remover los obstáculos para que la Argentina sea grande nuevamente”, dijo el cordobés y agregó que le gustaría que se imite esto en su provincia, donde “hay un montón de leyes cordobesas que están obstaculizando la producción”, cerró.