El Senado salteño determinó que la Convención capitalina se extralimitó en sus cambios y contravino la Constitución. LLA amenaza con ir a la Justicia.
En Salta, la reforma de la Carta Municipal capitalina diseñada bajo la hegemonía de La Libertad Avanza no pasó el filtro de la Legislatura. El Senado aprobó las modificaciones, pero recortó disposiciones centrales del texto elaborado por la Convención Municipal dominada por el bloque libertario. Hay bronca en la tropa violeta: fue la única en votar en contra.
La reforma de la Carta Orgánica municipal se produjo a principios de 2026. La Libertad Avanza se había quedado con 12 de 21 convencionales, por lo que tuvo mayoría y cuórum propio en el procedimiento. Desde el vamos, hubo polémicas: el team libertario no dejó que ningún opositor ocupara lugares de peso en la Convención y se quedaron con las vicepresidencias, las comisiones y las secretarías.
Durante las sesiones, los convencionales libertarios intentaron colar sus ideas en cada artículo, lo que causó fuertes tensiones. Por ejemplo, cuando quisieron eximir al municipio de la obligación de desarrollar el turismo, lo que provocó que la cámara del sector pusiera el grito en el cielo y forzara la marcha atrás. Hubo, además, muchos idas y vueltas por errores de técnica legislativa en las modificaciones.
La disputa excedió la letra chica del proyecto y puso en discusión los límites de una Convención elegida por el voto popular y las atribuciones de la Legislatura para revisar sus decisiones. Aunque el oficialismo de Gustavo Sáenz defendió la intervención como una obligación constitucional, el resultado alteró aspectos sensibles de la propuesta, como las reglas sobre publicidad oficial y participación ciudadana.
Dani Nolasco, miembro informante, defendió la intervención al explicar que la Constitución provincial establece que las cartas municipales requieren aprobación por ley para su compatibilización. “No resulta jurídicamente admisible pretender que la legitimidad democrática coloque a las decisiones de una Convención por encima de las normas constitucionales que regulan su competencia”, sostuvo Nolasco.
También aclaró que la Legislatura no puede modificar una Carta Municipal simplemente porque no le guste su contenido, sino que debe fundamentar sus observaciones en razones jurídicas concretas.
El oficialismo apuntó, además, a la ordenanza 16.337, de 2024, que declaró la necesidad de una reforma parcial y delimitó los artículos y las materias habilitados. Según Nolasco, la Convención se habría excedido al incorporar disposiciones que no estaban contempladas en la convocatoria.
El senador Enrique Cornejo, de General Güemes, reforzó esa posición y afirmó que la cámara alta salteña ya había recibido 19 cartas municipales y que a 18 les había formulado observaciones. El antecedente fue presentado como argumento para descartar que la revisión de la Carta capitalina respondiera exclusivamente a la identidad partidaria de sus convencionales.
Los cambios más sensibles alcanzaron disposiciones que buscaban establecer límites y obligaciones para el Ejecutivo municipal. Entre los puntos cuestionados por La Libertad Avanza estuvo la eliminación del límite del 0,35% del presupuesto municipal para publicidad oficial. También se suprimió la consulta pública obligatoria sobre el presupuesto y el plan de obras, una herramienta que contemplaba instancias de participación ciudadana en esas decisiones.
Hubo objeciones, además, a los cambios vinculados con el Tribunal de Cuentas y a la eliminación de límites previstos para la estructura municipal, entre ellos la propuesta de que el personal no superara el 1% de la población. Otro foco de conflicto fue la Defensoría del Pueblo. Según los cuestionamientos libertarios, el dictamen quitó referencias a su independencia y autonomía y eliminó la prohibición expresa de subordinación al intendente.
Frente a esos recortes, el senador libertario Roque Cornejo cuestionó que la revisión se presentara como una cuestión exclusivamente jurídica. “No me vengan a hablar de control de constitucionalidad”, expresó y definió la intervención como “un control político, un serrucho, porque no llega a ser motosierra, un serrucho para impedir que las ideas de la libertad sigan creciendo y floreciendo”.
La respuesta oficialista llegó. El senador Jorge Pablo Soto, de La Viña, sostuvo que “así como se respetó la mayoría en el seno de esa convención, también se tiene que respetar la mayoría en el seno de este Senado”, afirmó. También cuestionó el funcionamiento interno de la Convención y recordó los reclamos opositores por la falta de participación. “Ni siquiera un secretario dejaron poner a la oposición”, señaló.
El cruce dejó expuestas dos interpretaciones contrapuestas. Para el oficialismo, la Legislatura cumplió con su deber de compatibilización constitucional; para La Libertad Avanza, utilizó esa atribución para recortar decisiones políticas de una Convención que controlaban tras ganar las elecciones en una ciudad clave del Norte Grande.
El Senado aprobó la reforma en general y en particular, con el rechazo de Cornejo a distintos artículos, y giró el texto a Diputados en revisión. La discusión, sin embargo, no terminó, pues LLA dejó abierta la posibilidad de llevar el conflicto a la Justicia.
