La presión del sector turístico obligó a La Libertad Avanza a modificar un artículo ya aprobado en la Convención Municipal que reforma de la Carta Orgánica.
La Convención Municipal avanza en la reforma de la Carta Orgánica de Salta Capital.
La mayoría de La Libertad Avanza en la Convención Municipal de Salta Capital encontró su primer límite político. Después de una semana de cuestionamientos públicos, reuniones con empresarios y reclamos del sector turístico, el bloque libertario terminó aceptando cambios en uno de los artículos más polémicos de la reforma de la Carta Orgánica.
La novedad se produjo este viernes durante la sesión plenaria, donde el oficialismo debió avanzar en una decisión poco habitual y modificó el reglamento interno de la Convención para poder volver sobre un artículo que ya había sido aprobado la semana anterior.
El cambio estuvo centrado en el artículo 91, referido a la política turística municipal. La redacción original impulsada por La Libertad Avanza había despertado críticas por redefinir el rol estatal en el sector y establecer que la intervención pública se produciría únicamente “en casos excepcionales debidamente fundados”. Esa frase terminó convirtiéndose en el eje de la controversia, puesto que la gestión municipal pasaría de ser un actor que planifica y controla a uno que acompaña al sector privado desde un rol secundario.
Finalmente, tras la presión de cámaras empresarias y referentes vinculados a la actividad, el oficialismo eliminó ese concepto y aceptó modificar el texto aprobado días atrás. La marcha atrás terminó acercando la discusión a la postura sostenida por el municipio, cuyo dictamen de minoría proponía un papel más activo para el Estado local, con facultades vinculadas a la planificación, promoción, fiscalización y generación de herramientas para fortalecer la actividad turística.
Incluso durante la sesión, distintos integrantes de la Convención valoraron que finalmente sus pares libertarios hayan aceptado las críticas realizadas por el sector turístico y empresarial.
La decisión dejó una situación incómoda para los libertarios, ya que, durante toda la semana, convencionales y dirigentes del espacio habían defendido públicamente la propuesta original y cuestionado las críticas que llegaban desde el sector turístico. Algunos incluso denunciaron una supuesta campaña de desinformación alrededor del tema, acusando que se “sacaron de contexto” las definiciones dispuestas en el dictamen aprobado. Sin embargo, el rechazo terminó escalando y obligó a recalcular.
De igual manera, como ya contó Letra P, durante la semana la mayoría libertaria ya había comenzado a mostrar señales de repliegue frente al conflicto abierto con el sector. Tras las críticas, se iniciaron reuniones y negociaciones para corregir el texto aprobado inicialmente. Incluso desde las propias cámaras surgió una propuesta alternativa que eliminaba algunos de los conceptos más cuestionados, y reconocía la articulación público-privada, manteniendo las funciones centrales bajo responsabilidad estatal.
El episodio terminó exponiendo una dinámica que hasta ahora no había aparecido dentro de la Convención. Con 12 convencionales sobre 21, La Libertad Avanza venía mostrando capacidad para ordenar la discusión y avanzar con sus propios votos, sin necesidad de acuerdos externos ni mayores sobresaltos políticos.