Rubén Muñoz lidera un reclamo que se expande día a día. El gobierno provincial lo acusa de operar para el kirchnerismo. Pasado disciplinario y condena judicial.
Rubén Muñoz, el referente que encabeza la protesta de los policías de Río Negro.
El pedido de recomposición salarial de policías y penitenciarios de Río Negro entró en una nueva fase después de que el oficialismo provincial acusara a su principal impulsor de llevar adelante una “operación política” de la mano del kirchnerismo. Mientras tanto, el acampe inicial en Viedma ya se extendió a General Roca y promete expandirse a otras ciudades.
En el centro de la escena aparece Rubén Muñoz, el expolicía que conduce el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, quien días después del motín en Santa Fe pasó de presentar un petitorio con mejoras salariales a enfrentar una embestida pública de referentes de Juntos Somos Río Negro (JSRN). Lo acusan de operar contra la gestión de Alberto Weretilneck.
El exuniformado fue separado de la fuerza en 2019 por sanciones disciplinarias, cuando el hoy ministro de Seguridad, Daniel Jara, oficiaba de jefe de la policía provincial. Tras protagonizar varios reclamos con tomas de comisaría incluidas, el año pasado fue condenado en una causa por “amenazas simples” al propio Jara.
Hoy Muñoz trabaja como asesor de Juan Mercado, un concejal roquense que integra el bloque “Pasión por Roca”, la fuerza política de la intendenta María Emilia Soria. Desde el gobierno hicieron circular por las redes fotos de la jefa comunal con el referente del reclamo, a modo de prueba de una operación para “desestabilizar” la provincia de la Patagonia.
Muñoz fue cesanteado de la Policía en 2019, acusado de burlarse en redes sociales de la muerte de un compañero. Según información de la propia fuerza, acarreaba en aquel entonces 125 días de suspensión y 14 sumarios por inconductas vinculadas mayoritariamente a expresiones contra las autoridades.
A partir de entonces encabezó diversos reclamos sectoriales desde el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario. Uno de ellos derivó en la ocupación en 2023 de la Unidad Regional Segunda de Roca, hecho por el que se lo imputó de los delitos de coacción, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos.
La vieja rivalidad que mantenía con el entonces jefe de Policía estalló ese mismo año, cuando ambos se encontraron en un supermercado de la ciudad del Alto Valle. Según consta en actuaciones judiciales, Muñoz agravió e insultó a Jara, quien lo denunció en la Justicia. En 2025 el expolicía fue condenado a tres años de prisión condicional, en una unificación de las causas de “amenazas simples” contra Jara y la toma en Roca.
Poco después de iniciado el acampe frente a la Casa de Gobierno en Viedma, el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, descalificó a Muñoz, negó la legitimidad del reclamo y acusó al kirchnerismo de utilizar recursos “para montar una puesta en escena que nada tiene que ver con un reclamo genuino”.
“No vamos a tolerar que se genere confusión ni que se intente desestabilizar utilizando a la fuerza policial”, sostuvo el hombre de confianza del gobernador Alberto Weretilneck, que le puso nombre y apellido a sus vínculos: “María Emilia Soria, Martín Soria, Ana Marks, José Luis Berros y Luciano Delgado Sempé, quien incluso estuvo presente en la protesta”.
Con una bajada de tono, el ministro de Gobierno, Agustín Ríos, consideró que el reclamo policial es legítimo, pero le bajó el precio porque es organizado por Muñoz.
Mientras el oficialismo endurece su discurso, el Consejo de Bienestar avanza con la estrategia de expansión territorial de la protesta. Tras el inicio en Viedma, este jueves se sumó un acampe en General Roca, frente a la Regional Segunda. En diálogo con Letra P, Muñoz señaló que cada día se sumará una nueva ciudad. Choele Choel es el lugar elegido.
La estrategia combina visibilidad pública, presión territorial y construcción de alianzas coyunturales con otros sectores sociales. Además de la documentada presencia del legislador Delgado Sempé, el reclamo policial fue apoyado por el fundador de Primero Río Negro, Ariel Rivero, y recibió el apoyo de Santiago Ibarrolaza, el legislador que preside el partido que creó el diputado Aníbal Tortoriello.
Se trata de dos referencias filomileístas que le quieren disputar al poder a Juntos Somos Río Negro en 2027.
Para el oficialismo, la protesta no es espontánea sino políticamente dirigida. Para Muñoz y quienes lo acompañan, la falta de representación sindical obliga a buscar canales alternativos de expresión.
Con todo, lo que comenzó como un petitorio salarial terminó convertido en un conflicto que ya incluye acusaciones cruzadas y clima electoral. Y en el medio, una figura que pasó de policía cesanteado a protagonista de una de las tensiones políticas más delicadas del momento en Río Negro.