Martín Pérez abrió el período de sesiones ordinarias con un discurso que combinó gestión, reclamos y señales políticas.
Martín Pérez abrió el período legislativo 2026 del Concejo Deliberante de Río Grande con un discurso que fusionó balance de gestión y posicionamiento político de cara a 2027. Sin anuncios disruptivos, pero con definiciones claras, ordenó su narrativa en torno a la industria, la energía y la administración responsable.
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En un contexto de tensión con la administración del gobernadorGustavo Melella y de confrontación con el rumbo económico nacional, su mensaje estuvo atravesado por el concepto reiterado de que “Río Grande es la casa de todos”. La metáfora le permitió hablar de reglas, esfuerzo compartido y previsibilidad, e introducir uno de los ejes centrales de su gestión: el orden fiscal y administrativo como marca propia.
Una foto con múltiples lecturas
Desde el entorno de Pérez destacaron la presencia de dirigentes de variados sectores y ciudades de Tierra del Fuego. De Tolhuin asistió el intendente Daniel Harrington, uno de sus principales aliados políticos y socio estratégico en la construcción territorial.
También hubo representación de Ushuaia: el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar Becerra, y el ministro de Gobierno, Sebastián Iriarte. Por la órbita provincial estuvieron Analía Cubino, presidenta de la Agencia de Innovación, y José Díaz, ambos cercanos a Melella.
La presencia cruzada fue leída como un gesto institucional en medio de diferencias políticas que siguen vigentes, especialmente en materia de distribución de recursos y conducción del oficialismo fueguino. En el año previo al arranque formal del calendario electoral, nadie parece dispuesto a dinamitar puentes.
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Desde el Municipio de Río Grande destacaron la presencia de funcionarios de Provincia y municipios.
Críticas hacia arriba y hacia el costado
Pérez volvió a cuestionar el impacto del modelo económico nacional en la ciudad. Habló de la reducción del financiamiento en salud, educación y obra pública, y del efecto de la apertura de importaciones en el entramado industrial.
Pero también dedicó un tramo a la situación provincial. “Tierra del Fuego necesita orden”, sostuvo, y se refirió a un “desorden institucional” que agrava los problemas económicos. Sin personalizar, cuestionó que el gobierno del sur de la Patagoniarecurra a recursos que corresponden a los municipios para equilibrar sus cuentas.
El equilibrio fue evidente: crítica política, pero sin ruptura discursiva.
Industria, energía y puerto: agenda ampliada
El intendente reafirmó la defensa de la Ley 19.640 y del régimen de promoción industrial bajo la consigna “Río Grande es industria”. Allí combinó identidad local y mirada estratégica, al advertir que resistir no implica aislarse, sino sostener el modelo con planificación.
En materia social, insistió en la consigna “sensibilidad sí, desorden no”, al referirse a la asistencia a familias y comedores. En esa línea, defendió el control del gasto y la previsibilidad fiscal como herramientas para sostener servicios municipales durante todo el año.
El reclamo a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) fue uno de los puntos más concretos. Según detalló, en 2025 el municipio invirtió más de 10.000 millones de pesos en salud, de los cuales 3.000 millones correspondieron a afiliados de la obra social provincial. Volvió a pedir la firma de un convenio de compensación prestacional.
Gestión y proyección
Aunque el discurso mantuvo tono institucional, el trasfondo político es ineludible. Pérez no puede reelegir en 2027 y su espacio trabaja en la consolidación de un proyecto provincial. En ese marco, la apertura de sesiones le permitió reforzar identidad de gestión, marcar diferencias y, al mismo tiempo, mostrar una foto de convivencia política.
Sin definiciones electorales explícitas, el intendente dejó claro que la discusión sobre industria, energía, recursos y orden institucional será parte del debate fueguino en los próximos años.