El gobernador le resta fondos a los municipios para aguantar la metralla de medidas de Milei que pegan en Tierra del Fuego. Qué dicen Vuoto y Pérez.
Con la economía en crisis, Gustavo Melella juega a fondo y toca la caja de los intendentes.
Mientras protagoniza una feroz pelea con la gestión de Javier Milei a partir de la intervención del puerto de Ushuaia, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, abrió ahora un frente de conflicto interno que pone en jaque la sociedad política del oficialismo.
El flamante ministro de Economía fueguino, Alejandro Barrozo, dispuso un aumento del 25 por ciento en la alícuota que integra el Fondo de Prestaciones Prioritarias, financiado con un porcentaje de la recaudación de Ingresos Brutos previo a la distribución secundaria, lo que impacta de lleno en los recursos que reciben los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
La medida no cayó para nada bien en las intendencias, especialmente en la capital provincial, comandada por Walter Vuoto, el intendente de Ushuaia y principal socio político de Melella, que se despachó con crudeza.
“Cuando estas decisiones se toman de manera unilateral, los municipios terminan quedando en el medio de disputas políticas ajenas, como las diferencias entre el gobernador y el presidente, pagando las consecuencias quienes viven y trabajan en nuestras ciudades”, acusó Vuoto A través de su cuenta oficial en Twitter.
“Esta medida impacta de manera directa en la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad. Resulta particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión: sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad”, añadió el intendente.
El jefe comunal aseguró que “las decisiones que impactan de forma directa en las ciudades requieren diálogo, coordinación y responsabilidad institucional" y dijo que "gobernar implica escuchar, administrar prioridades y construir consensos, especialmente en escenarios económicos adversos”.
Por ahora, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, enfrentado políticamente con el gobernador y su par ushuaiense, no se manifestó de manera pública. Sin embargo, según adelantaron desde el municipio a Letra P, se llevará un reclamo administrativo y judicial para “frenar la medida ilegítima del Ministro de Economía”, a la vez que iniciarán “gestiones políticas con la legislatura provincial”.
La Resolución 40/26, que lleva la firma de Barrozo, dispuso un aumento del 25% en la alícuota que integra el Fondo de Prestaciones Prioritarias, que tiene como finalidad sostener el sistema de provisión de gas licuado de petróleo para uso domiciliario y respaldar el Plan de Remediación y Fortalecimiento Ambiental.
Este fondo es financiado con un porcentaje de la recaudación de Ingresos Brutos previo a la distribución secundaria hacia los municipios.
Hasta ahora, el Fondo se conformaba con el 7% de la recaudación provincial por Ingresos Brutos, pero la normativa habilita al Ministerio de Economía a incrementar ese porcentaje cuando se producen variaciones en el precio de la materia prima. El Ejecutivo resolvió aplicar el máximo incremento permitido, llevando la alícuota al 8,75%.
La semana pasada, de hecho, Melella había vetado de manera total la ley aprobada por la Legislatura el 22 de diciembre que proponía aumentar del 20% al 28% la coparticipación municipal de las regalías hidrocarburíferas, proyecto impulsado por el bloque PJ.
La jugada de Melella se da en un contexto financiero y político más que complejo para la isla. El Gobierno fueguino mantiene un frente abierto con el Ejecutivo nacional a partir de la eliminación de los aranceles a la importación de celulares, lo que derivó en el desfinanciamiento del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, que utilizaba la gestión fueguina para grandes obras de infraestructura.
Además, la gestión de Javier Milei le quitó el control sobre el puerto de Ushuaia en plena temporada alta de cruceros y turismo antártico. Como respuesta, el gobierno fueguino inició una demanda por inconstitucionalidad, exigió el cese inmediato de la intervención y una medida cautelar para frenar el “daño irreparable” que significa la sustracción diaria de recursos provinciales.