La Legislatura aprobó la versión cordobesista. Discrecionalidad del Ejecutivo y obras públicas, el debate. El plan de promoción industrial como complemento.
Martín Llaryora y Guillermo Acosta ya tienen aprobado el RIGI cordobés por la Legislatura de Córdoba.
Martín Llaryora con el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6).
En otra caldeada sesión, la Legislatura aprobó la adhesión de Córdoba al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones nacional (RIGI). Con una maniobra discutida, pero reglamentaria, el oficialismo “se subió” al proyecto que había presentado oportunamente el legislador libertario Agustín Spaccesi, al que le añadió artículos del texto que impulsaba el gobierno de Martín Llaryora.
La letra aprobada mantiene el espíritu de la norma nacional, que prevé beneficios fiscales e impositivos, por el plazo de 30 años, para “aquellos Vehículos de Proyecto Único (VPU) que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba, a los fines de desarrollar y/o ejecutar inversiones productivas”.
Sin embargo, incluye una serie de variantes respecto de la ley nacional 27.742. Las mismas merecieron observaciones de una oposición que acompañó mayoritariamente la adhesión, pero disparó críticas sobre las formas elegidas.
Las principales apuntan al artículo 3° del proyecto aprobado, que establece que “el Gobierno, a través de Ministerios y organismos competentes, podrá incrementar los beneficios previstos en el RIGI, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo, y, en su caso, disponibilizar las leyes de promoción vigentes además de otras acciones promocionales que en el futuro pueda crear, todo esto con el objetivo de fomentar y/o incentivar la radicación y/o localización efectiva de los VPU en la Provincia”.
Desde la oposición cuestionaron la discrecionalidad que se concede al Ejecutivo provincial para determinar nuevas exenciones, así como la unilateralidad en la definición de quiénes serían los elegidos para ello.
Otras voces observaron la posibilidad de que el estado provincial realice aportes de capital en obras de infraestructura o de provisión de servicios básicos (energía), para complementar proyectos de origen privado.
No se trata de algo novedoso para Córdoba. Más bien es un rasgo que describe el modelo de articulación público–privada que impulsa el peronismo cordobés desde que llegara al poder. Las críticas apuntan a la suma de “donaciones” en un contexto crítico para las arcas provinciales. Voces más acérrimas ven allí un fermento para “negociados” con los jugadores económicos de peso que han estado cerca del Panal por años.
Desde el oficialismo consideran que la compatibilidad de beneficios es uno de los rasgos salientes que permite definir como “superador” al proyecto para atraer grandes inversiones a la provincia. “La idea es sumar”, sintetizan.
Bajo ese mismo concepto se redactó el artículo 4° de la norma mediterránea, que invita a municipalidades y comunas “a dictar las normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal a los VPU”.
De tal manera, quienes decidan invertir en la provincia contarían con exenciones y bonificaciones sobre tributos nacionales, provinciales y municipales.
La propulsión de iniciativas que implican promociones se desprende de las interpretaciones sobre el impacto del RIGI nacional en la economía argentina. Especialmente, la posibilidad de que los estados provinciales salgan a competir entre sí para captar las inversiones que, se espera, deberían interesarse por las condiciones que impone una mirada libertaria.
Según conceden desde el llaryorismo, la normativa que impulsó el gobierno de Javier Milei tiene como principales favorecidos a los sectores extractivistas. En particular, aquellos vinculados a la minería, el petróleo y el gas, segmentos de escasa participación en las economías mediterráneas.
Ante ello, y como ya hicieran sus pares de Santa Fe y Buenos Aires, con quienes conforma el corazón agroexportador e industrial, el gobierno de Córdoba apuró una serie de disposiciones para seguir siendo un polo atractivo. En palabras de alfiles al gobernador “para que Córdoba sea la mejor opción para los inversores”.
“No podemos quedarnos dormidos. Necesitamos todas las herramientas para que no duden en radicarse aquí. Vamos a mejorar cualquier oferta. Nada es peor que ser descartado por inversores que eligen irse a sólo unos kilómetros”, sintetiza un calificado vocero.
En el horizonte, aún imaginario, aparecen proyectos vinculados a sectores clave del imaginario cordobesista y que no requerirían una inversión multimillonaria de origen, tal como establece el régimen nacional. Se trata del automotriz, identitario hasta el cambio de matriz productiva; de la economía del conocimiento, la agroindustria, los biocombustibles y de la emergente economía circular, un concepto al que Llaryora atiende desde su incorporación al gabinete provincial hace ya una década.
La adaptación cordobesa no sólo es flexible por imperio de las circunstancias. Es concebida como un punto de partida para renovar el esquema de incentivos vigentes. También como otra muestra para diferenciarse del modelo de motosierra que empuña Milei.
Según anticipan porteadores oficialistas, en las próximas semanas se comenzaría a debatir un nuevo proyecto, de neto corte industrialista, que contemplaría incentivos a las inversiones, la innovación y el empleo. La norma incluiría una revisión de las promociones ya vigentes, con ajustes y agrupamientos.
“Hay muchas promociones que ya existen, hace mucho, en materia tributaria, de empleo, e incluso para Ingresos Brutos. Lo que debería incluirse es una reconfiguración pensando en las pymes, las principales perjudicadas por la actual recesión”, proyectan desde el núcleo industrial.
La necesidad de una adecuación había sido mencionada ya por Guillermo Acosta, el ministro de Economía y Gestión Pública, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en la misma velada en que anticipara el envío de un RIGI provincial.
El proyecto de RIGI cordobés también encontró temprana resistencia en el colectivo ambientalista provincial. Asambleas y representantes legales repitieron advertencias sobre el impacto que podrían tener nuevos proyectos de carácter extractivista y obras públicas en un terreno mediterráneo afectado ya por el modelo desarrollista.
“Se habilitará un cambio a la configuración, ya mala, de nuestros territorios. No se tiene en cuenta que los sectores que podrían hacer uso de los VPU se asientan sobre los desarrollos de nuestras comunidades. O sea, harán uso del suelo y de los ya escasos bienes comunes, como el agua y el monte”, anticipa el abogado Juan Smith.
Desde la Provincia remarcan que la nueva normativa no apunta a proyectos extractivistas y que tampoco habilita a incumplir con las leyes que rigen en materia ambiental. “El perfil de nuestra gestión es ambientalista. Vamos a cumplir con los ordenamientos, sin excepciones”, afirman en el Panal.