El gobierno de Córdoba buscará un nuevo punto de equilibrio entre las demandas del campo, el desarrollismo y el ambiente. Intendentes en falta, en la mira.
Martín Llaryora junto a equipos de catástrofe en los incendios forestales.
Un avión hidrante descarga su agua en los incendios de las sierras de Córdoba
La sucesión de incendios forestales -que entre julio y septiembre devoró unas 70 mil hectáreas de bosque en distintas zonas de la provincia- ha leudado la discusión sobre el ordenamiento territorial vigente en Córdoba. Tan necesario como postergado, el debate aparece entre las prioridades inmediatas para el gobernador Martín Llaryora.
No será una discusión aséptica. No sólo hay necesidades ambientales detrás de los pedidos para revisar una regulación del uso del suelo que ya no se corresponde con las manchas urbanas. Sobre llanuras y pliegues se cruzan intereses variados y antagónicos.
El debate, necesariamente, atañe al modelo productivo y económico de la provincia. Como contara Letra P, a partir de un informe del Observatorio del Trabajo, Economía y Sociedad, las actividades que experimentaron mayor crecimiento durante la sucesión de gobiernos peronistas, iniciados hace 25 años, han sido la agricultura y las actividades inmobiliarias. “Las mismas conllevan un impacto sobre el ambiente, sobre todo en el uso del suelo”, remarca el texto.
Una imaginaria cinchada sobre una provincia que ha perdido el 98% de su bosque nativo encuentra a viejos conocidos, de posturas irreconciliables, a cada punta: el ambientalismo y el agro.
Ambos coinciden en pedir una revisión del marco legal vigente. Especialmente la ley 9.814, que define el ordenamiento territorial de bosques nativos en la provincia. Esta norma establece zonas de alta, baja y media protección ambiental, según criterios ajustados a las normas nacionales. Estas zonas están representadas en un mapa de tres colores (rojo, amarillo y verde), acordes al concepto anterior.
La cartografía se sigue basando en una foto tomada en 2010, año de sanción de la ley. Desde entonces, los incendios han consumido casi 800 mil hectáreas de vegetación, con reincidencia en zonas de restricción alta o media.
Desde entonces, las autoridades provinciales no han actualizado el mapa, pese a ser un requisito para su encastre con normativas nacionales. Entre otras cosas, es condición para acceder a fondos que la Nación debería enviar a propietarios de terrenos en zona de máxima restricción, a modo de incentivo para mantener el bosque y compensación por no poder explotarlos económicamente.
Desde el Ministerio de Ambiente de la provincia remarcan que desde diciembre del 2023, inicio de la presidencia de Javier Milei, el gobierno nacional no cumple con la obligación. Sin estímulos, admiten, la tentación tiene sólo contrapesos morales.
La falta de actualización de la ley de bosques es señalada por las entidades rurales de la provincia. Según estudios encargados por ellas mismas, se mantienen bajo restricción zonas potencialmente productivas.
Recientemente, desde la Sociedad Rural de Jesús María vincularon la sucesión de incendios con un exceso de “proteccionismo”. Según interpretan, las pasturas, resecas en meses invernales, operan como combustible. Por ende, debería cambiarse el uso de suelo a miles de hectáreas hoy pintadas de rojo, a las que deberían habilitar para pastoreo del ganado.
Investigadores y biólogos salieron al cruce. Además de objeciones técnicas al estudio en cuestión, repitieron una conclusión con múltiples sustentos: son los bosques con especies añosas y copas en altura los que menos padecen incendios.
Organizaciones ambientales fueron más directas y denunciaron un arranque de avaricia del sector agroexportador. Sobre sus propios registros apuntan un corrimiento de la frontera agraria hacia el norte de la provincia. Antes ocupada por bosque autóctono, hoy presenta grandes superficies destinadas al pastoreo de ganado vacuno.
Voces oficiales coinciden en denunciar voracidad. “Si fuera por el campo, directamente no debería existir regulación. Pueden estar desactualizadas, pero hay leyes y las vamos a hacer cumplir”, dicen desde cercanías del Panal.
Las mismas fuentes admiten que dentro del gobierno hay funcionarios que avalan los pedidos del sector que más ingresos genera. Destacan que provienen de anteriores gestiones, marcando una diferencia con el cambio conceptual que impulsa Llaryora.
Representantes de la nueva gestión, que por primera vez cuenta con un ministerio para el área, aseguran que las entidades rurales actúan con mayor codicia que las corporaciones inmobiliarias, los otros apuntados por las sospechas que recorren las sierras tras cada incendio.
Según comentan, el sector se adapta paulatinamente a los conceptos de desarrollo sustentable y sostenible que guían a la gestión e implican, necesariamente, un mayor respeto por el medio ambiente.
No obstante, despejando especulaciones sobre el inicio de los focos (98% tienen origen antrópico), remarcan que no permitirán ningún cambio en el uso del suelo en las zonas recientemente quemadas. “Lo rojo seguirá siendo rojo”, sentencian.
Por si acaso, otras voces destacan que las zonas recientemente quemadas al norte del departamento Punilla no serían las más “codiciadas” para emprendimientos. Como muestra del avance de la frontera urbana prefieren mirar más cerca, hacia La Calera, Salsipuedes o Mendiolaza, localidades que duplicaron sus habitantes en poco más de una década.
La referencia remite a otro de los problemas a afrontar para un reordenamiento: la discrecionalidad, al borde de la ilegalidad, con que municipios y comunas han manejado sus preceptos territoriales.
La ley 8.102, el Régimen de Municipios y Comunas, otorga autonomía a los intendentes para disponer sobre el uso de sus suelos. El mismo, no obstante, queda subordinado al régimen de ordenamiento territorial que establezcan normas provinciales y nacionales.
En las últimas décadas, el crecimiento demográfico de la provincia (la que más incrementó población según el último censo) y movimientos migratorios a zonas serranas no se correspondieron con planificación alguna. Mucho menos bajo concepto de integración regional. Por el contrario, urbanizaciones avanzaron en zonas donde debería haber primado la conservación de la flora.
Lo hicieron con anuencia de alcaldes que se escudaron en necesidades varias. También con complicidades de burócratas que administran información clave. Vaya como ejemplo la megacausa del Registro de la Propiedad, con 50 juicios y más de 150 condenas para funcionarios, exfuncionarios, abogados, escribanos, jueces de paz, martilleros y empresarios.
Con estos antecedentes, el Ministerio de Ambiente espera articular acciones en regiones donde vecinos denuncian loteos en zonas restringidas. Desde la Dirección de Ordenamiento Territorial confían en que la renovación de autoridades a que obligó el fin de las rereelecciones facilitará el diálogo con interlocutores comprensivos. Otros, sobre todo en el Gran Córdoba, registran ya los riesgos de tantas situaciones irregulares.
La complejidad del panorama impide soluciones en el corto plazo. Mientras, algunas coincidencias operan como tensores. La primera es la necesidad de asistencia del Estado. Llaryora, que ya había triplicado el monto del Fondo para Situaciones de Desastre ($5.000 millones), anunció que destinará $15 mil millones para remediación de las zonas afectadas. En paralelo, se apresta a declarar la emergencia agropecuaria para productores de regiones arrasadas por las llamas.
Por otra parte, ambientalistas, ruralistas y autoridades convergen en el reclamo de endurecimiento de penas para quienes inicien un incendio. Hasta el momento, en la Justicia ha primado un criterio de penas leves para los pocos pirómanos atrapados en flagrancia.
Finalmente, todos miran al cielo. Con pronósticos que anticipan calores y ocultan lluvias, la Secretaría de Riesgo Climático mantiene, desde agosto, alertas por peligro extremo de incendios. Desmonte y sequía prometen la continuidad de una interacción que se retroalimenta, secando cuencas, demacrando ríos y lagos.
El impacto puede ser letal para el turismo, la actividad económica que aún amerita discusiones de baja intensidad sobre la intervención humana.