Javier Milei tenía que retirar la candidatura del diputado, pero la sociedad no puede asumir el costo del error político del Presidente de haberlo elegido.
Hay 18 millones de boletas impresas con la cara de José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Si quiere sacar el nombre y el rostro de José Luis Espert de las boletas que se usarán en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del domingo 26, La Libertad Avanza debe asumir el costo económico de la reimpresión de las papeletas.
El martes 30 de septiembre, Letra P advirtió, en un artículo editorial como éste, que el presidente Javier Milei debía retirar la candidatura del diputado. Las sospechas de que el postulante había recibido dinero sucio de fuentes ligadas al narcotráfico, que se convertirían en certezas con las evidencias surgidas en la noche del jueves y la posterior confesión del protagonista, alcanzaban para plantear ese reclamo.
El nacrotráfico es el rubro más rentable del crimen organizado, sus bandas son empresas trasnacionales poderosísimas y ultrasofisticadas que infiltran gobiernos, en algunos países representan estados paralelos que gobiernan a fuerza de violencia sanguinaria, como la que ejercieron los secuestradores, torturadores y asesinos de tres adolescentes en Florencio Varela, y producen millones de muertes al año a causa del consumo problemático de estupefacientes que alientan.
En definitiva, el narcotráfico causa inmensos daños a las sociedades en las que opera –fundamentalmente, a sus sectores más vulnerables- y debilita las democracias que intrusa.
Por todo ello, el pronunciamiento de este portal era una obviedad.
Con todo, no lo fue para el jefe del Estado. Encerrado en su universo paralelo, en el que todos los males que padece son producto de operaciones de la oposición, Milei sostuvo a Espert hasta que este domingo, una semana después de que estallara el escándalo, la presión interna –hasta Karina Milei y Santiago Caputo coincidían en este punto- y de sus socios electorales le torció el brazo y debió soltar el lastre.
Que haya cedido no significa, empero, que el Presidente haya entendido la gravedad de las acusaciones que pesan sobre Espert, a quien siguió defendiendo en una entrevista que concedió este domingo por la noche a la señal La Nación +. “No dudo de la honorabilidad del Profe”, declaró y ensayó una arriesgada pirueta discursiva para adjudicarle la responsabilidad de su nueva desgracia al kirchnerismo, su villano designado: dijo que el escándalo narco que arruinó su campaña es la venganza de ese sector político por no haber impedido que Cristina Fernández de Kirchner fuera condenada.
Esa disociación de la realidad puede ser la ciénaga en la que el presidente que ha hecho un dogma del ajuste y el equilibrio fiscal, mandamientos sagrados que ha empuñado aun a costa del sufrimiento de jubilados y personas con discapacidad y del desfinanciamiento de la salud, la universidad y la ciencia públicas, pretenda, ahora, que el Estado nacional asuma el costo, estimado en 15.000 millones de pesos, de reimprimir los 18 millones de boletas que el domingo 26 deben estar a disposición del electorado bonaerense.
En definitiva, que la sociedad pague el error político de haber postulado a un diputado al que no ahora, sino desde 2021 se ha vinculado con Fred Machado, el empresario argentino detenido y procesado por la justicia estadounidense bajo los cargos de tráfico de drogas ilícitas, lavado de activos y fraude.
Para tomar una dimensión acabada del tamaño del disparate que implicaría esa pretensión, la oposición calculó que 15.000 millones de pesos equivalen a nueve meses de salario de residentes del Garrahan y del resto de los hospitales públicos; a 37.845 jubilaciones mínimas, a diez mil salarios docentes, al presupuesto necesario para construir dos campus universitarios, a 20 mil tratamientos anuales para personas con discapacidad o a un año completo de transporte adaptado en todo el país".
Aunque forzada, la renuncia de Espert a su candidatura es un hecho positivo que protege a la democracia, pero eso no implica que la sociedad deba pagar los platos rotos.
La Libertad Avanza debe financiar con fondos privados –de fuentes limpias y reconocibles, conviene aclarar- la reimpresión de las boletas o asumir el costo político de llegar a las urnas con el nombre y el rostro del diputado piantavotos.