Busca sacar un proyecto consensuado. Alerta por un posible acuerdo CGT-Gobierno. Visita de sindicalistas a la comisión. El camino hacia un dictamen.
Martín Tetaz, diputado de UCR, a cargo del debate de la reforma laboral.
La comisión de legislación del trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Martín Tetaz, se reunió por tercera vez a debatir los 29 proyectos que proponen una reforma laboral, en este caso, para escuchar a representantes sindicales y académicos.
El radicalismo, principal impulsor del debate, asegura que tiene los votos para aprobar un proyecto consensuado en Diputados, a no ser que el oficialismo vuelva a tener un acuerdo con la CGT para frustrarlo, como ocurrió con la ley Bases.
Pero el mayor obstáculo para la sanción de la reforma laboral, creen en el partido centenario, es el Senado, donde en los primeros sondeos no se consiguió una mayoría. Fuentes del sindicalismo consultadas por Letra P que participaron del plenario ratificaron que su mayor esperanza está en la cámara alta.
A excepción de la iniciativa de Hugo Yasky (UP), que propone garantizar la tutela sindical -protección laboral a los dirigentes-, el resto de los proyectos en debate comparten medidas para restringir el poder de los gremios, como el final de la cuota sindical obligatoria, que restringiría los ingresos de los gremios a las afiliaciones directas y no en forma compulsiva.
El radicalismo también pide en sus proyectos la paridad de género en los consejos directivos, control de la Auditoría General de la Nación (AGN), la limitación de los mandatos y la presentación de declaraciones juradas de los dirigentes gremiales.
Hay proyectos del PRO y la Coalición Cívica con otras propuestas, como impedir que los sindicalistas sean dirigentes de fútbol, la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la prohibición de la continuidad de convenios colectivos (ultraactividad) y la imposibilidad de integrar los gremios a quienes tengan causas penales.
El plenario de este jueves tuvo el respaldo a los proyectos del director del Instituto de Economía Política, de la Universidad Siglo 21, Gastón Utrera, quien pidió “ instituciones sindicales inclusivas, con un mínimo de financiamiento garantizado”.
Pero la mayoría de los invitados fueron sindicalistas o referentes del derecho laboral que cuestionan la reforma. Fue el caso de Hugo Antonio Moyano, hijo del dirigente camionero e integrante del equipo jurídico de la CGT. “La gran mayoría de los proyectos no se ajustan al sistema constitucional argentino porque violan la autonomía y la libertad sindical”, destacó.
Daer fue el más duro. Consideró que los proyectos intentan reducir el poder de las asociaciones sindicales con medidas como la eliminación de la cuota sindical solidaria, que calificó como una forma de erosionar las negociaciones colectivas de trabajo.e
"De la misma manera que se pretende desarticular la relación entre una organización sindical y el no afiliado, una empresa puede decir ‘yo no pertenezco a la cámara’ y así no hay convenio colectivo de trabajo. Ese es el fundamento final de desactivar estas relaciones”, denunció el sindicalista.
También definió como “una injerencia” la posibilidad de limitar los mandatos y defendió la ultraactividad, como la necesidad de un derecho progresivo.
Hugo Godoy, de la CTA, consideró que los 28 proyectos que proponen recortar el poder de los gremios “se escribieron en los estudios de abogados de las empresas, que elaboraron el DNU 70/23 y la ley Bases. Como se declararon inconstitucionales los quieren meter por la ventana. Estas normas tienen un sentido clasista”.
El momento más tenso de la reunión fue cuando expuso Juan Méndez, empresario que integra el movimiento anti bloqueos, y denunció la existencia de una mafia sindical. Reaccionó el diputado Mario Manrique, de UP, con origen en Smata. Pidió diferenciar los delitos individuales de las organizaciones.
Silvana Giudice, del PRO, recordó que su compañera Verónica Razzini, recibió tres tiros como parte de un ataque sindical a su empresa. Es autora de otro de un proyecto que propone penar con seis años de prisión los bloqueos sindicales.
En el radicalismo, que utiliza este tema para lograr la unidad en el bloque que conduce Rodrigo De Loredo, están seguros de tener los votos para consensuar un proyecto y aprobarlo en el recinto de Diputados. Tetaz confía en llegar a un texto consensuado en una semana o a más tardar 15 días, para luego llevarlo al recinto.
Descartado el respaldo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que suman 104 votos, la UCR vaticina que no tendrá problema en llegar a 129 con La Libertad Avanza y sus aliados -que en este tema no deberían fallar-, el PRO, la Coalición Cívica y una porción de los partidos provinciales sin relación con sindicatos.
En Encuentro Federal, el bloque conducido por Miguel Pichetto, sólo tienen garantizado el voto de Ricardo López Murphy, autor de uno de los proyectos. Un único temor de la UCR es que, como en la ley Bases, Pichetto presione junto a la CGT para que el Gobierno vuelva a echarse atrás.
“Hasta ahora tienen una actitud ambivalente: nos dicen que van a acompañar, pero no levantan el perfil en las reuniones”, se lamentan en la UCR. Hay otros datos que inquietan: no hay proyectos libertarios presentados y ninguno de sus miembros habla en la comisiones. Uno es Pablo Ansaloni, con origen en el gremio de empleados rurales.
Fuentes de LLA descartaron que pudieran rechazar la reforma laboral. “No es nuestro proyecto, pero el bloque está de acuerdo”, remarcaron.
El gran escollo es el Senado, donde no están los votos para aprobarla. Unión por la Patria tiene 33 miembros, sólo cuatro menos que el cuórum.
Pero los gremios petroleros saben cómo llegar a representantes patagónicos, que suman una decena de votos. No sé descartan algunas diferencias dentro del propio radicalismo. De ser así, el poder de la CGT sería resguardado en el Senado. En la ley Bases pasó algo parecido: en esa cámara se desguazaron la mayoría de los artículos laborales incorporados en Diputados. La historia podría repetirse.