El bloque de De Loredo garantizó la última sesión, impuso el aumento salarial en universidades y apuesta a marcar la cancha. Reforma laboral, en primer término.
Rodrigo De Loredo, jefe del bloque UCR.
El bloque de Diputados de la UCR, liderado por Rodrigo De Loredo, fue la llave que tuvo Martín Menem para abrir el recinto el miércoles, en la primera sesión del año citada por el oficialismo por fuera de la ley ómnibus y la reforma fiscal.
La ayuda no fue gratis: para ocupar sus bancas, el radicalismo se mostró casi sin fisuras y exigió tratar un proyecto para aumentar el financiamiento en las universidades, que finalmente logró aprobar. La experiencia podría derivar en el intento de impulsar una nueva agenda legislativa, con temas como la reforma laboral, que ya se debate en comisiones.
La negociación para sesionar este miércoles se llevó a cabo en la reunión de labor parlamentaria, cuando la sesión pudo caerse si Menem y el PRO no aceptaban incorporar el expediente sobre universidades al temario. Fue la condición que puso la UCR para bajar al recinto y logró unir casi toda la bancada, que estuvo dividida en tres facciones bien nítidas durante todo el año. Esas diferencias parecieron saldarse.
El grupo principal es el referenciado en los gobernadores Alfredo Cornejo (Cornejo), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes); y en outsiders como los bonaerenses Karina Banfi, Mariano Campero y Fabio Quetglas, y el catamarqueño Francisco Monti. Es el grupo que más empatiza con De Loredo.
Otro sector del bloque UCR responde a Evolución, la línea de Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau, que fue perdiendo fuerza con el correr de los meses porque varios referentes tomaron cierta autonomía, como Martín Tetaz y Pablo Cervi. El último grupo lo integran rebeldes y oscila entre cuatro y siete miembros.
Los más duros con el Gobierno son Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli y Fernando Carbajal. Ninguno quiso votar la esencialidad educativa, un proyecto limita las huelgas docentes y se basó en varias iniciativas del radicalismo, como la de Carla Carrizo.
Se suman a veces a los rebeldes los entrerrianos Atilio Benedetti y Pedro Galimberti, mientras que Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura oscilan entre la ruptura y la obediencia debida con su gobernador, el jujeño Carlos Sadir. El quinto gobernador, el santafesino Maximiliano Pullaro, se mantiene distante de las internas. Lo representa en el bloque Melina Giorgi.
Manes y Juliano, además, fueron los únicos radicales que no estuvieron para dar cuórum, al que se llegó con 129 votos, lo justo. Los otros radicales fueron claves, porque no quisieron sentarse los integrantes de Encuentro Federal y de Innovación Federal. La tensión de estas dos bancadas con Menem le sube el precio al radicalismo en la definición de los temarios.
El oficialismo tenía dos opciones: incorporar el proyecto sobre universidades o bajar la sesión y denunciar a la casta obstruccionista. De Loredo planteó la disyuntiva en labor parlamentaria y Menem optó por la primera alternativa. La iniciativa que indexa a la inflación los gastos y salarios en las universidades fue aprobada, con el grueso del texto escrito por el radicalismo. Tuvo el respaldo de Unión por la Patria y el resto de la oposición dialoguista.
Con la experiencia de haber sido la llave de la sesión, De Loredo planea armar una agenda de temas que pueda afianzar a su bloque, reducir al mínimo las internas -en la UCR nunca se eliminan del todo- y marcarle la cancha al Gobierno.
Es una estrategia similar a la que implementó Mauricio Macri, con un temario que incluye proyectos como ficha limpia (la prohibición para ser candidatos de condenados por corrupción) y la facilidad para votar desde el exterior del país.
En la UCR muestran una carta: es el bloque que promovió los dos proyectos que aprobó la oposición sin la venia del oficialismo (reforma jubilatoria y presupuesto universitario) y gestionó la mayoría de las reformas de la ley ómnibus que tuvo que aceptar Javier Milei, como los cambios en la legislación laboral.
Justamente, la ampliación de la reforma en la ley de contrato de trabajo será la bandera que levantará el radicalismo para las próximas semanas y para la que no hay fisuras. El debate ya comenzó el último martes, en la comisión de Legislación del Trabajo, que preside Martín Tetaz. Se trata de un histórico proyecto de la UCR, que estuvo a un voto de ser sancionado en la década del ochenta.
Hay 28 iniciativas presentadas, varias por el radicalismo, como las de Tetaz, la cordobesa Soledad Carrizo y la santacruceña Roxana Reyes. Todas se meten con un tema que el Gobierno prefirió borrar de la ley Bases: la eliminación de la cuota sindical que los gremios cobran en forma compulsiva y es su principal fuente de financiamiento. Fue incluida en uno de los borradores finales, pero se quitó a pedido de Miguel Pichetto, jefe del bloque EF.
El punteo de iniciativas comenzó en las reuniones de bloque de los martes. Otra que podría impulsar la UCR sería un agravamiento de las penas a delincuentes que usen a menores de edad, un proyecto que complementa la baja de la edad de imputabilidad, que Milei quiere llevar a 13 años. El radicalismo y el PRO, prefieren que sea a los 14.
Además, Reyes pide que la sanción penal a los menores no sea la primera instancia, sino que antes se contemplen otras, como servicios comunitarios, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida y privación de libertad en centros especializados. De Loredo pedirá que la escuchen. Sabe que no podrán negárselo.