Patricia Bullrich, a cargo del debate de la reforma laboral.
Apenas regresó de Noruega, Javier Milei envió el proyecto de reforma laboral al Senado, dónde se demora su tratamiento porque Patricia Bullrich no logró acordar con la oposición el reparto de las comisiones. Victoria Villarruel convocó a una reunión de jefes de bloque para el martes a las 11.
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Como anticipó Letra P, por presión de Martín Menem la versión definitiva atenuó el impacto de la recaudación en los gremios que tiene el proyecto, pero fue un cambio muy mesurado que difícilmente conforme a la CGT. El proyecto establece que las empresas podrán actuar como agentes de retención de las cuotas sindicales, aunque únicamente con la conformidad previa de los trabajadores. De aprobarse, no podrían realizarse retenciones de otros aportes destinados a los gremios, como las contribuciones para capacitaciones. Tampoco de las cuotas solidarias, que pagan aún quienes no son afiliados.
Según cómo se implemente finalmente, podría generarse un problema financiero en los sindicatos en caso de que se produzca un reempadronamiento forzado. Por ello, los gremios están dispuestos a reunir los votos necesarios en el Senado para evitar que la iniciativa avance. Como explicó Letra P, el peronismo considera que solo faltan seis votos para impedir que el proyecto sea enviado a Diputados y está dispuesto a buscarlos en los partidos provinciales. Los líderes cegetistas afirmaron este miércoles que no existe ninguna negociación pendiente con el Gobierno y, por lo tanto, la disputa se trasladará a las calles.
La nueva reforma laboral
El resto del proyecto no difiere de los borradores que circularon la última semana: vacaciones fragmentadas, bancos de horas, reducción al cálculo de las indemnizaciones, un fondo de cese creado con el 3% de los aportes de la seguridad social (para que las pymes afronten costos por despidos); cambios al régimen de trabajo agrario. Se derogan estatutos especiales regidos por ley, como el del periodista.
El proyecto establece además el fin de la ultraactividad. De esta manera, al vencer un acuerdo sólo permanecerán las condiciones laborales hasta nueva convención o acuerdo de prórroga. Se estipula que la autoridad podrá suspender cláusulas ultraactivas si causasen distorsiones económicas serias. Además, la prelación de convenios favorece los de menor ámbito frente a los mayores.
El texto estaba escrito el martes, pero Menem pidió y logró que no se enviara hasta este jueves para atenuar el impacto a los sindicatos. El titular de Diputados se enfrentó por este tema con Federico Sturzenegger, a cargo de la redacción original del texto, por ser el funcionario que trabajó en el Consejo de Mayo junto a referentes políticos, gremiales y empresariales.
Sturzenegger también enfrentó la oposición de Santiago Caputo. En su entorno se conforman con que, al menos, los gremios sufrirán el impacto del proyecto si finalmente se convierte en ley, aunque no está claro si esa expectativa podría convertirse en el motivo de un eventual fracaso del tratamiento en el Senado.
Debate postergado
En Unión por la Patria cuentan 30 votos en contra de la reforma porque a los 28 propios -sin fisuras en este tema- le suman la dupla de Santa Cruz, cercana al gobernador Claudio Vidal, de origen sindical. Bullrich también sospecha de este binomio y los quiere dejar fuera de las comisiones que tratarán este tema: Trabajo y Previsión Social; y Presupuesto.
La jefa del bloque de LLA quiere presidir la comisión de Trabajo; y la restante seguirá a cargo de Ezequiel Atauche. En el peronismo se entusiasman que la presión de los gremios del sector hidrocarburífero impida el apoyo de las provincias con estas actividades, como Chubut, Salta, Neuquén y Santa Cruz.
Bullrich empezó a buscar apoyos para evitar problemas en los plenarios de comisiones, que aún no tienen fecha. En tanto, Victoria Villarruel recibió este jueves las propuestas de integración de cada bancada y, como tiene la firma para decidir, citó a reunión de labor parlamentaria para el martes temprano.
El entorno de la vice no descarta que los decretos de integración de comisiones se conozcan antes, aunque en cualquier caso se debatirán el martes. Si Bullrich lograra dictaminar la reforma la semana próxima necesitará siete días para llevarla al recinto. No sería antes del 29 de diciembre.