El Gobierno volvió a dilatar la definición de la reforma fiscal en el Senado: luego de un debate de tres horas, la comisión de Presupuesto postergó este martes el dictamen. Por pedido del radical Martín Lousteau y de referentes de Unión por la Patria, volverán a exponer funcionarios al Congreso.
Este miércoles se definirá quien será el invitado a una reunión de Comisión convocada para las 14.30. Pese a la nueva demora, en el oficialismo hay optimismo para despachar el proyecto esta misma semana -miércoles o jueves-, pero necesita garantizar dos firmas que por ahora son esquivas, como las de Pablo Blanco (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO). La Casa Rosada no espera la ayuda de Lousteau.
Blanco participó de una reunión este martes a la mañana entre funcionarios y autoridades de bloques opositores que el Gobierno necesita para aprobar los proyectos. Estuvieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Fue en el despacho de Victoria Villarruel, quien prefirió no participar.
“Vamos a tener un dictamen a última hora de mañana, que propongo poner a la firma, que será mucho mejor de lo que piensan”, anunció Romero, antes de terminar el debate del paquete fiscal. La apuesta de La Libertad Avanza es despachar a más tardar el jueves y armar una sesión una semana después, el 30, para aprobar ambos proyectos.
Para llegar a ese final, deberá haber un nuevo intercambio de borradores entre funcionarios y la oposición dialoguista, donde persisten las dudas.
La reforma fiscal
La reunión de comisión de este martes fue dominada por Lousteau y por referentes del kirchnerismo, como Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio y José Mayans, quienes cuestionaron el contenido del proyecto y pidieron citar a funcionarios. También cuestionó la reforma el puntano Fernando Salino.
La semana pasada hubo tres días de invitados sobre la ley ómnibus XS, pero no así sobre el paquete fiscal, que fue defendido por funcionarios el 9 de mayo. Unión por la Patria no participó de ese intercambio porque fue el paro de la CGT. Este martes Di Tullio pidió abrir el debate con invitados.
“Yo tengo preguntas para hacer, que pueden ser zanjadas por funcionarios o expertos”, la respaldó Lousteau. El oficialista Bartolomé Abdala eludió la respuesta.
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“La ley tiene dos aristas claras. Por un lado, un blanqueo y, por otro lado, una moratoria. Todos los gobiernos han hecho este tipo de legislación y de oportunidades para la ciudadanía”, se escabulló el puntano.
Ezequiel Atauche, jefe de LLA y presidente de la comisión de Presupuesto, se negó a ser quien saldara las consultas de la oposición. “Yo no estoy para eso”, respondió. “¿Acaso no hay nadie del oficialismo que quiera defender el proyecto del Gobierno?”, se molestó Mayans.
Romero, convertido en el estratega del que el oficialismo carece, entendió que lo mejor era ceder. “Se trata de saber si van a aceptar o si se puede hacer un texto modificado ¿Qué nos puede venir a decir de nuevo la CGT acá, traer a las Madres de Plaza de Mayo?”, se preguntó el salteño y pidió la presencia de dos o tres funcionarios para saldar dudas.
Blanqueo, afuera
Lo cierto es que Lousteau y el kirchnerismo destrozaron el paquete completo y sobre todo el capítulo del blanqueo. El economista preguntó si podían acceder condenados en segunda instancia, sin sentencia firme o procesados por lavado.
Un dato alentador para el Gobierno es que los bloques patagónicos no irrumpieron para cuestionar la reversión de Ganancias. La Casa Rosada aún no define si contemplará una alícuota diferencial o dejará la votación de ese capítulo a suerte y verdad en el recinto.
El presidente de la UCR también quiso saber cómo se controlará la declaración de criptomonedas de extranjeros y qué medidas se van a tomar con entidades financieras que no abran cuentas a beneficiarios del sistema. El proyecto tal como está, les impide negarse, aún en caso de detectarse una operación sospechosa por lavado de activos.
“El 92% de los blanqueos accede el 0,5% de la gente. Esto es para los ricos”, sostuvo el economista. Se preocupó porque quienes accedan a estos beneficios puedan además favorecerse de la reforma de bienes personales, que permite pagar a cuenta cinco años y tener una alícuota mínima por otros 15.
Otra voz radical disonante
Lousteau no fue el único radical con reclamos: sus planteos fueron apoyados por su compañero Víctor Zimmermann, quien además sugirió que no puedan blanquear quienes lo hicieron en los últimos diez años y pidió eliminar la chance de adherirse a los testaferros.
También reclamó que en el impuesto a las Ganancias “se tenga en cuenta la deducción de los intereses de los Créditos UVA”. Anunció también que se contemplará el monotributo social, otro de los pedidos de la oposición.
Parrilli criticó la posibilidad de mentir hasta en el 25% de la declaración, cuando antes era del 1% y pidió citar a expertos en lavado y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona . “Podemos aprobar una ley de blanqueo que afecte nuestra relación con el GAFI. Entraríamos en una Argentina en la que habría dinero del tráfico internacional”, planteó el senador.