A menos de una hora de la sesión extraordinaria convocada para tratar la ley de necesidad de la reforma constitucional, la comisión designada para la redacción del dictamen sigue trabajando y es el campo de batalla donde se disputan las últimas tensiones entre el socialismo y la UCR por los términos de la elección.
La fecha de la Convención, factor de tensión de la negociación por la reforma constitucional
La fecha de la Convención es el principal punto de discusión por estas horas de rosca frenética. Si bien ayer se hablaba de un consenso para que sea en noviembre de 2025, el socialismo dejó saber a última hora del miércoles que su intención era que sea en junio o julio de 2025, apenas termine el proceso de elección de convencionales.
También se corrió del acuerdo por la fecha de noviembre el bloque radical, en contacto directo con la de la Casa Gris. La tropa de Maximiliano Pullaro pretende que la elección sea en febrero de 2026, para evitar que se pise con las elecciones legislativas nacionales que serán en el segundo semestre de 2025. En lo que parece haber acuerdo es en la duración: sesenta días, prorrogables por treinta más.
El piso, la exigencia inamovible de Omar Perotti
La otra discusión que aportaba suspenso a pocos minutos de la sesión es la que se da en torno al piso mínimo de votos exigido para poder entrar en el reparto de convencionales constituyentes. El perottismo exigió que sea del 3% del padrón electoral, unos 84 mil votos, y se mantiene firme en esa postura.
Se trata de un piso alto que Omar Perotti exige para complicarle la elección a sus rivales internos del peronismo: ninguno de los tres espacios que compitieron en la interna justicialista de 2023 contra Marcelo Lewandowski, que contaba con el apoyo del rafaelino, superaron ese número de votos.
El problema de Unidos para Cambiar Santa Fe con ese requisito no es propio, la coalición oficialista lo supera holgadamente. Sin embargo, pone en riesgo el apoyo del Frente Amplio por la Soberanía, el bloque progresista que cuenta con tres escaños y aportaría dos votos afirmativos: Claudia Balagué y Palo Oliver, ya que Carlos Del Frade votaría en contra.
La izquierda representada por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) exige de máxima que no haya piso, pero si no se le puede cumplir ese pedido aspira que aunque sea se reduzca la cantidad de votos exigidos: las opciones que se barajaban eran el 2% del padrón, unos 56 mil votos, o del 3% de los votos válidos emitidos, que en la última elección fueron 55 mil sufragios.
Si ninguno de esos requerimientos del FAS son escuchados, se pone en riesgo el voto de al menos Balagué. Palo Oliver, en principio, votaría afirmativo: hay que recordar que Pullaro intercedió un año atrás en su favor dentro de la disputa con Ruben Giustiniani por la última banca.