El socialismo advirtió que la Bota quedó en el puesto 20 de 24 en el reparto de fondos. Es poco más de $18 mil por habitante, por debajo de la media nacional.
El presupuesto que preparó el Gobierno de Javier Milei para 2027 dejará a Santa Fe del lado de los perdedores. Según los datos del proyecto oficial, la provincia ocupará el puesto 20 entre las 24 jurisdicciones del país en inversión nacional per cápita para nuevas obras y mantenimiento de infraestructura.
Las cifras, reconstruidas por el diputado socialista Pablo Farías y su equipo, revelan que la administración libertaria prevé destinar poco más de 18 mil pesos por habitante de Santa Fe en gastos de capital frente a los —también exiguos— $37 mil del promedio del país.
Desde el PS ya plantearon que las cifras y otros aspectos del reparto les parecen “una vergüenza” y adelantaron que “es difícil acompañar en esas condiciones”. En la Casa Gris, por el contrario, prefirieron guardar silencio y, hasta el cierre de esta nota, no se pronunciaron al respecto.
Según los números extraídos del proyecto enviado por el Ejecutivo, Santa Fe recibirá 66.110 millones de pesos, apenas el 1,75% del gasto de capital nacional y el 3,84% de los fondos distribuidos entre las 24 jurisdicciones.
De ese total, más de la mitad, unos 35.465 millones, corresponde a transferencias, mientras que los 30.645 millones restantes serán ejecutados directamente por la Nación.
La cifra ponderada revela una enorme disparidad con otros distritos. Para el mismo año, la ley de leyes contempla, por ejemplo, $136.340 por porteño, unos 425.463 millones en total, y $64.099 por cada tucumano, con una partida de 109.172 millones.
El dato no cayó bien entre los legisladores de la Invencible provenientes del PS. ¿El motivo? Santa Fe concentra casi el 8% de la población nacional, ocupa cerca del 5% del territorio continental y aporta al fisco más de lo que recibe, por lo que consideran que el reparto está lejos de reflejar el peso de la provincia en la economía del país.
Más allá de los reparos por la cifra, el desglose por obras tampoco ofrece novedades auspiciosas. De los fondos que el Gobierno prevé ejecutar directamente en Santa Fe la gran mayoría están destinados a la mera conservación, mantenimiento y bacheo de rutas existentes.
Solo dos contratos de rehabilitación vial —uno sobre la ruta nacional 11, entre Santa Fe y Chaco, por 9.376 millones, y otro sobre la ex Ruta Nacional 9, por 5.419 millones— explican casi la mitad de los recursos asignados. Las pocas obras de ampliación de infraestructura, en cambio, quedaron relegadas a partidas menores.
La construcción de la autopista de la ruta 34 entre Angélica y Sunchales, por ejemplo, tendrá asignados apenas 914 millones de pesos, mientras que los terceros carriles de la ruta 9, entre Alvear y Rosario, recibirán otros 315 millones. En este último caso, la cifra representa apenas el 3,9% de los 7.985 millones presupuestados para toda la obra.
La ampliación de la planta depuradora de Rafaela, con 2.027 millones previstos para 2027, aparece entre los pocos proyectos que van más allá del mantenimiento de infraestructura vial.
La escasez de obras, de todos modos, no es nueva. Según el análisis elaborado por el socialismo, entre 2023 y 2025 el gasto de capital nacional destinado a Santa Fe se desplomó un 81% en términos reales, al pasar de 280.358 millones de pesos a 52.774 millones, descontando la inflación.
Así, aunque el proyecto para 2027 contempla una recuperación de alrededor del 20% respecto de los niveles de 2024 y 2025, la inversión seguirá muy lejos de recuperar lo perdido desde la llegada de los libertarios al poder.
Frente a ese panorama que se replica a nivel nacional, la Casa Rosada propone una alternativa cuanto menos particular: en lugar de financiar directamente determinadas obras, se limita a ofrecer garantías para que las provincias salgan a endeudarse.
En el caso de la bota, el presupuesto contempla avales por hasta 300 millones de dólares para infraestructura general y proyectos como el acueducto biprovincial con Córdoba y las defensas contra inundaciones en San Javier.
“Es fácil hacer ajuste cuando vos estás trasladando costos y recortando transferencias a las provincias”, cuestionó Farías en diálogo con Letra P.
La obra pública no agota los cuestionamientos del socialismo. Otro punto de conflicto es la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. El presupuesto contempla 503.326 millones de pesos para compensar el déficit de las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación, pero no especifica cuánto le corresponderá a cada una.
Para el PS, esa falta de precisiones deja el reparto sujeto a la discrecionalidad del Ejecutivo, que podría utilizar el envío de fondos como moneda de cambio para conseguir apoyos políticos.
Los reparos del socialismo también alcanzan al financiamiento universitario, las políticas para personas con discapacidad y las diferencias en los subsidios al transporte entre el AMBA y el interior.
Sobre este último punto, Pablo Farías denunció en diálogo con este medio una “discriminación absolutamente injusta y escandalosa”, luego de que la Nación ampliara las compensaciones para los colectivos del AMBA mientras mantiene eliminado el Fondo Compensador para el interior y congelados los aportes destinados a la tarifa social.
Con esas y otras objeciones todavía sobre la mesa, La Libertad Avanza retomó las negociaciones con los bloques dialoguistas para conseguir los votos que necesita en Diputados. Tras una reunión celebrada este jueves, el oficialismo ratificó su intención de obtener dictamen el martes 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, luego de descartar una sesión anticipada por falta de acuerdos.
Aunque hubo avances con el PRO, que consiguió el compromiso de prorrogar hasta 2032 el régimen de promoción autopartista, todavía quedan reclamos pendientes por el financiamiento universitario, las políticas de discapacidad y los recursos para las provincias. Entre los interlocutores estuvo Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, un bloque cuyo respaldo, según advirtió Farías, tampoco está garantizado.
