La presentación judicial del gobernador afecta a 1,5 millones de usuarios bonaerenses. El enfrentamiento con Lorenzino. Críticas de La Cámpora y la UCR.
Polémica por las tarifas en Buenos Aires:
En un movimiento a contramano de los cuestionamientos que le hace a Javier Milei por los aumentos de tarifas, el gobierno de Axel Kicillof consiguió mediante una apelación que la Justicia bonaerense suspenda la cautelar que frenaba el último incremento de las tarifas eléctricas en Buenos Aires.
La decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata habilitó a las distribuidoras EDEN, EDEA, EDES y EDELAP a aplicar una suba de entre el 1,5% y el 3,5%, dispuesta a partir de agosto, que alcanza a cerca de 1,5 millones de usuarios.
El fallo reavivó la discusión política por el costo de la electricidad y el rol de la administración provincial en los aumentos. La cautelar original había sido dictada tras una presentación del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó que se habilitaran nuevos valores sin una nueva audiencia pública ni mecanismos formales de participación de los usuarios. Una idea que desarrolló a su vez en una columna publicada por este medio, antes de que la justicia fuera favorable a la presentanción impulsada por el Ejecutivo bonaerense.
La resolución judicial no definió la cuestión de fondo, pero suspendió la medida que impedía aplicar el ajuste, mientras continúa la discusión sobre la legalidad del procedimiento tarifario.
La diputada provincial de La Cámpora y exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, reaccionó en redes sociales con una pregunta: “¿Esto es real?”. El mensaje citó una publicación del periodista de Letra P, Pablo Lapuente, quien había señalado que el gobierno bonaerense apeló la cautelar que frenaba los aumentos, pese a que la Defensoría del Pueblo ya había intervenido frente a las subas tarifarias durante el macrismo.
Desde la Unión Cívica Radical, el diputado provincial Diego Garciarena también se refirió al conflicto en X. “El Señor Gobernador apeló la medida para defender el aumento y consiguió revocarla en la Cámara Contencioso Administrativa. Resumiendo: se viene un tarifazo en la luz para todos los bonaerenses gestionado y conseguido por el gobierno de la Provincia”, lanzó.
El Gobierno bonaerense fundamentó su apelación contra la medida cautelar argumentando que el incremento en las facturas responde de manera determinante a las políticas del Gobierno nacional, como la quita de subsidios y los aumentos en el costo de generación y transporte de energía, que representan el 40% del total y que la Provincia está obligada a trasladar automáticamente.
Asimismo, remarcó la "incoherencia" del Defensor del Pueblo al cuestionar únicamente los componentes provinciales y omitir los nacionales, advirtiendo que frenar la actualización de los cuadros tarifarios alteraría de forma crítica la cadena de pagos del sistema eléctrico.
Desde el plano legal, el Ejecutivo bonaerense defendió la validez del procedimiento administrativo aplicado durante la actual etapa de transición tarifaria, aprobada por ley, destacando que los valores fijados se ubican incluso por debajo de los previstos en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) previa. En ese marco, sostuvo que la apelación "busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico y sostener la legalidad de los actos gubernamentales, contemplando además que la participación ciudadana requerida quedará debidamente garantizada en la audiencia pública convocada para diciembre de 2026 en el tramo final del proceso hacia la nueva RTI".
No obstante, fuentes que impulsan el freno a las subas señalaron el seguimiento tarifario de julio de 2026 del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, que permite comparar cuánto paga un hogar residencial con un consumo de 300 kWh mensuales. Según esa información, sin subsidios, la factura promedio de EDES en la provincia de Buenos Aires ascendía a $83.818; la de EDEN, a $80.815; la de EDEA, a $72.299, y la de EDELAP, a $63.165. Los valores superaban los de EDENOR ($50.300) y EDESUR ($49.859), correspondientes al AMBA.
La comparación también desmiente que todas las tarifas bonaerenses estén por debajo de las de otras jurisdicciones. En Córdoba, EPEC registraba una factura de $83.307, mientras que en Mendoza, EDEMSA alcanzaba los $93.520. Con subsidios, EDES llegaba a $59.355 y EDEN a $56.174, frente a $24.626 de EDENOR y $24.238 de EDESUR. Los datos corresponden a facturas finales promedio sin impuestos, según los cuadros tarifarios publicados al 10 de julio de 2026.
El Ejecutivo provincial justificó la apelación al sostener que la Fiscalía de Estado debía recurrir la cautelar para evitar que la Provincia admitiera la improcedencia de la resolución que autorizó el aumento. También argumentó que frenar la actualización podía comprometer la continuidad y sustentabilidad del servicio eléctrico, al afectar los recursos para mantenimiento, inversiones y obligaciones laborales y contractuales de las distribuidoras.
Sin embargo, quienes cuestionan la medida señalan un antecedente judicial de 2014, que pone en discusión la idea de que la Fiscalía siempre debe apelar. En una causa promovida por el entonces defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, por el conflicto docente, el juez dejó asentado expresamente que el fiscal de Estado provincial se presentó y consintió la medida precautelar. El documento demuestra que, al menos en ese caso, el organismo no recurrió la decisión judicial. No prueba por sí solo cuál era la obligación legal en el expediente tarifario actual, pero sí contradice la afirmación de que la Fiscalía necesariamente apela todas las medidas cautelares.
Otro cuestionamiento apunta a la coincidencia entre los argumentos de la Fiscalía de Estado y los presentados por las distribuidoras eléctricas. Según la información reunida por un dirigente peronista cercano a Cristina Fernández de Kirchner que sigue el expediente, la Provincia utilizó “los mismos fundamentos a los de las compañías para defender la aplicación de los aumentos”.
El dirigente también cuestionó que, mientras la Provincia habilitó la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios, el monto nominal de la tarifa social permaneciera congelado. Según su planteo, esa diferencia licúa el beneficio frente al aumento de los costos y reduce su capacidad para aliviar las facturas de los hogares alcanzados.
