HAY PLATA

Patricia Bullrich, hasta los dientes: el Ministerio de Seguridad compró tres millones de balas de plomo

La ministra de Javier Milei adquirió 10 mil pistolas y 2.000 piezas de equipo antidisturbios. La respuesta a la CIDH con la comparación con Martin Luther King.

Desde que regresó al Ministerio de Seguridad en la gestión Javier Milei, Patricia Bullrich lleva gastados $39.128.739.961 en material para las fuerzas de seguridad federales. En el nuevo arsenal hay más 10 mil pistolas, 20 mil chalecos y casi 3 millones de balas 9 milímetros.

En el sitio oficial de contrataciones, Comprar.gob.ar, no hay antecedentes recientes de una adquisición con esa cantidad de munición realizada por la cartera de Seguridad. Algunas de las fuerzas, como Prefectura o Gendarmería, pueden realizar sus propias compras.

La información surge de una pregunta realizada al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que fue respondida en el informe de gestión 140 enviado al Congreso la semana pasada. En rigor, la consulta era sobre la compra de pistolas no letales: el Gobierno informó que en febrero " se recibieron 100 Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal TASER 7". Recién en mayo se anunció su utilización por parte de la policía federal en el sistema ferroviario.

Las compras de Patricia Bullrich

En paralelo, en el informe se adjuntó un cuadro con la cantidad de armamento y equipamiento policial costeado por el Ministerio gracias al presupuesto nacional.

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Fragmento del detalle de las compras de munición del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Fragmento del detalle de las compras de munición del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Bullrich adquirió en estos meses 10.800 pistolas semiautomáticas doble acción, calibre 9mm, por un total de $7.399.298.040 a Bersa S.A. La mayoría se destinó a efectivos de la Policía Federal (3.660), seguido de personal del servicio penitenciario (3.060), Gendarmería (1.910) y Policía Aeroportuaria (1.040).

Por otro lado, Seguridad gestionó la compra de 19.700 chalecos antibalas RB3, a la firma Tecan S.A., por un monto total de $14.763.019.300. También compró 810 escudos antidisturbios a Percles S.A. (por $201.654.562) y 1.025 equipos de protección personal por $338.175.000 a Cooperativa del Centro y Fundas Argentina.

A Red Impact figura que se le abonó $16.640.154 por 14 cascos balísticos, lo que implica que cada uno cuesta más de un millón de pesos. Según confiaron fuentes de la gestión de Sabina Frederic, la entonces ministra de Seguridad dejó sin efecto una licitación que beneficiaba a esa firma por los resultados de una auditoría que arrojó sospechas de direccionamiento interno para favorecerla. Es una empresa beneficiada durante el anterior paso de Bullrich por el Ministerio: según reportó un artículo de Anfibia, sólo en 2016 -primer año de la gestión Cambiemos- ganó siete licitaciones públicas y obtuvo una contratación directa.

Por otra parte, la gestión de Bullrich adquirió 289 camionetas por $12.140.851.514 a Igarreta S.A., un concesionario Ford, y a Toyota S.A.

Finalmente, Seguridad adquirió un total de 3.386.320 de balas a Fabricaciones Militares. Son muchas más que las 437 mil que Letra P había contado en enero que la cartera de Bullrich ya había comprado a través de un convenio de manera directa por U$S 609.720.

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Según el detalle aportado por Francos al Congreso, el Ministerio de Seguridad compró 2.904.500 balas calibre 9mm y el resto para escopeta (calibre 12/70) y fusil (7,62 x 51 mm).

De la protesta social a Martín Luther King

Luego de la represión en las afueras del Congreso cuando se debatió la ley Bases, en julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) le había advertido al Gobienro su “preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública”. El organismo convocó a una audiencia para pedir explicaciones.

En el informe de Jefatura, ante una consulta, la administración de Milei entregó la respuesta oficial a la solicitud de información de la CIDH enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Diana Mondino. Quien respondió fue Diego Goldman, responsable de la dirección y coordinación del Servicio Jurídico del Ministerio de Seguridad.

“Informar las medidas adoptadas por el Estado para asegurar la Resolución 943/2023 y el proyecto de ley ‘Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos’ se adecúen a los estándares interamericanos en materia de protesta social, separación e independencia de poder públicos", es la primera requisitoria de la CIDH.

Luego de citar el artículo 14 de la Constitución, que garantiza el libre tránsito por el territorio, el funcionario recalca: "No se trata, en el caso de la República Argentina, de grandes manifestaciones o protestas excepcionales que congregan a cientos de miles de personas en torno de un objetivo, como por ejemplo, la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, liderada por Martin Luther King el 28 de agosto de 1963". "Se trata de miles de cortes por año, algunos organizados por menos de cien manifestantes que interrumpen, casi a diario, el tránsito vehicular, con graves trastornos para la vida de los argentinos, cuando no altos riesgos a la salud, pues no permiten siquiera el paso de las ambulancias", completó.

Anexo Pregunta N° 300 - Informe 140.pdf

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
Javier Milei y Patricia Bullrich posan para la foto.

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