La Legislatura avanza con un nuevo paquete de leyes, mientras la gestión defiende la tolerancia cero contra la corrupción. La estrategia y el peso electoral.
Neuquén: Rolando Figueroa redobla su apuesta por la transparencia en las puertas de la campaña
La lucha contra la corrupción empieza a ganar un lugar central en la discusión política de a un año de las elecciones Neuquén. Tres iniciativas impulsadas por el gobierno de Rolando Figueroa fortalecen a la transparencia y la tolerancia cero una bandera de gestión.
Mientras la exvicegobernadora, Gloria Ruiz, acumula causas por presuntos hechos de corrupción y en Plottier Luis Bertolini abandonó la intendencia tras ser imputado por defraudación y negociaciones incompatibles con la función pública públicos, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura comenzó a analizar tres iniciativas para permitir que el acceso a las declaraciones patrimoniales juradas de funcionarios, jueces y legisladores provinciales sean de carácter público y alcances también a familiares y a personas de su entorno más cercano.
La normativa en vigencia data de 1958 y solo exige la presentación ante la Justicia previo a la asunción al cargo, para luego quedar resguardada bajo estricta confidencialidad de los datos. El debate congregó a legisladores de diferentes bloques políticos, quienes coincidieron en la necesidad de adecuar el proceso e incorporar pautas de transparencia por tratarse de personas que, en su gran mayoría, “manejan fondos públicos”.
Desde que Figueroa asumió al frente de la Casa de Gobierno, la lucha contra los manejos irregulares de fondos públicos se convirtió en una parte fundamental de su política de gobierno. En su equipo, de hacho, reconocen en ese plano una de las decisiones que mayor consenso social genera en la provincia más pujante de la Patagonia.
En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la provincia detectó irregularidades en la tramitación de pagos en el área de Recupero Financiero y apartó al responsable del área. En la información oficial, se advierte que “se han establecido formalmente los mecanismos legales necesarios para garantizar la devolución del dinero afectado, resguardando así el patrimonio del Estado”.
A comienzos de la semana le preguntaron Figueroa por los dineros que se decomisaron en el marco de la causa que investiga a la exvicegobernadora y su hermano, y que se estima en aproximadamente en 57 de pesos. "Vamos a usarlo para un sector necesitado de la ciudadanía", respondió el gobernador.
Desde la Casa de Gobierno provincial destacan también la importancia de haber avanzado sobre las auditorias y los mecanismos de control que permitieron avanzar sobre la situación de los trabajadores públicos que incumplían con sus funciones, como así también el haber logrado “dinamizar” la ejecución de la sanciones.
Respecto al paquete de leyes en debate, Claudio Domínguez señaló desde el MPN que contar únicamente con una exposición patrimonial “no alcanza” y que, para evitar casos de corrupción, se debe conformar una Comisión Investigadora que audite los movimientos económicos y financieros de personas políticamente expuestas desde el inicio de su gestión hasta pasados tres años luego de dejar el cargo.
En una línea similar, Darío Martínez, integrante del bloque de Unión por la Patria, pidió crear una Oficina Anticorrupción local para que cada persona alcanzada pueda hacer pública su declaración patrimonial y que desde el propio organismo se investigue de manera preliminar cualquier denuncia que pueda ser considerada una comisión de delito.
Por su parte, el aliado al oficialismo local y referente del PRO, Marcelo Bermúdez, también se sumó a la necesidad de sumar transparencia, no obstante recordó que las presentaciones anuales por ganancias y bienes personales que debe realizar todos los años ante el ARCA pueden funcionar como un documento más actualizado y veraz que la que pueda presentarse en forma previa al inicio de una gestión.
Es más, el legislador aseguró que el propio personal del organismo de recaudación nacional cuenta con mayor experiencia para detectar cuestiones irregulares dentro de una declaración patrimonial.
En su intervención, Bermudez puso de manifiesto un problema que atañe a los propios integrantes de la casa parlamentaria. Al hablar dijo que a dos años y medio de haber comenzado la gestión, todavía hay legisladores que no han presentado ante la Justicia su declaración jurada.
“Se puede decir que la ley es vetusta, pero hay legisladores que aún no la han presentado ni su declaración ni figuran en el ARCA como figuras políticamente expuestas”, dijo Bermúdez, situación que derivó en que el propio cuerpo eleve un pedido de informe a las autoridades de la Cámara para conocer el nombre de los diputados que aún no cumplen con la normativa.
Brenda Buchiniz, aliada de la Libertad Avanza a nivel local e impulsora de una de las iniciativas, recordó que la ley actual impide que cualquier persona pueda conocer el patrimonio de un funcionario público y dijo que actualmente ni siquiera un periodista puede acceder a esta información, en caso de ser relevante.
Más allá de las chicanas que apuntaron en su contra por el debate en torno a la presentación jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Buchiniz precisó que en la provincia se debe legislar a favor de la “transparencia” y no de lo “oscuro y secreto”. Lo dijo al señalar que las personas que pasan a ejercer una función pública, “manejan fondos públicos” y deben demostrar que no se enriquecieron indebidamente durante el transcurso de su gestión o mandato.
“Que su patrimonio pueda ser consultado on line por cualquier ciudadano”, apuntó la legisladora al recordar que ella misma subió su declaración jurada en el sitio web de la Oficina Anticorrupción, organismo desconcentrado dependiente del poder Ejecutivo nacional.
La apuestaa de Neuquén por la trasnparencia viene representando un desarrollo insitucional que podría tener un rebote electoral más allá de la buena percepción de la ciudadanía. El año pasado, la Legislatura aprobó por abrumadora mayoría la ley de Ficha Limpia que establece los requisitos que deberán cumplir las personas que quieran postularse a cargos electivos o ser designadas para formar parte del gabinete provincial.
Esa norma podría atentar colisiona con las intenciones de la senadora Nadia Márquez, que ya dijo quiere pelear por la gobernación. Su candidatura, según entienden algunas voces del pasilleo provincial, se complica a partir de la inhabilitación para quienes hayan accedido a un juicio a prueba, una probation.
Márquez accedió a este tipo de acuerdos hace ya una década cuando fue acusada en el marco de un proceso que la investigaba por una presunta estafa con títulos truchos de periodismo.