El intendente renunció tras ser suspendido por el Concejo. Repleto de denuncias, zafó de la prisión preventiva, pero sigue en la mira de la Justicia.
Envuelto en una tormenta política que lo tenía en el centro de la polémica, Luis Bertolini presentó su renuncia como intendente de Plottier. Horas antes el Concejo Deliberante de la segunda ciudad más importante de Neuquén había definido su suspensión como parte inicial de un juicio político que iba a investigar supuestas irregularidades en el ejercicio de la gestión.
“Renuncio para defender la democracia de Plottier desde el llano, sin los privilegios del cargo, pero con la fuerza de la verdad”, escribió en su carta de renuncia.
“La historia juzgará a quienes desde el poder provincial utilizaron las instituciones de la Justicia para torcer la voluntad popular de una ciudad que eligió libremente su propio camino”, agregó el ahora exintendente que desde hace rato viene denunciando una operación para destituirlo.
Encerrado entre el frente judicial y político, Bertolini sabía que el jueves iba a convertirse en un día bisagra para su vida política. Zafó de la prisión domiciliaria, pero no de la presión política.
Casi en paralelo a que se conociera la decisión de la Justicia que rechazaba el pedido de su prisión preventiva, los concejales decidieron suspenderlo para iniciar un juicio político en su contra.
Según escribió Bertolini, la dimisión “no nace de la debilidad ni de la culpa, sino del profundo respeto que tengo a la voluntad popular que me eligió con el 57% de los votos y que hoy pretenden neutralizar a través de una maniobra judicial y política sin precedentes en nuestra ciudad”.
“La verdad tiene tiempos que la política a veces no respeta, pero al final siempre prevalece”, sentenció el heredero de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, que se fue del gobierno provincial destituida por la Legislatura.
Como ya contó Letra P, la Justicia investiga a Bertolini por el decreto mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado Los Canales durante el primer semestre de 2025, y "supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales".
"Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público", son las acusaciones de la fiscalía que seguirán su rumbo con Bertolini en libertad pero ya fuera de la intendencia.
En el Concejo Deliberante, las denuncias eran más amplias y a apuntaron a Bertolini y a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez. Según se desprende del texto aprobado por una mayoría agravada que dejó al intendente fuera de juego se investiga “el uso de la estructura estatal para beneficios ajenos al interés público”, la “retención Indebida de Aportes de afiliados a ATE”, el “desvío de fondos con destino específico para fines no autorizados” y “el cobro de infracciones de tránsito a través de dispositivos electrónicos (fotomultas) sin la previa y preceptiva sanción de una Ordenanza Municipal”.
“Durante meses hemos asistido a una coordinación asombrosa entre ciertos sectores políticos, notas periodísticas y actuaciones de la propia Fiscalía. Se construyó públicamente un relato hablando de un fraude de 2.300 millones de pesos, de abusos de autoridad y de fondos públicos sustraídos”, se atajó Bertolini en su carta de renuncia.
Siguiendo con la línea de la operación en su contra, Bertolini eligió, sin nombrar a nadie, enviar un mensaje a sus detractores. “No todos los que ocupan cargos públicos en esta provincia pueden afirmar que lo que cobran como funcionarios es coherente con la realidad de su patrimonio. Yo sí puedo”, lanzó.
De los diez concejales del deliberativo local, sólo Carlos Ponce, de Acción Plottier, se opuso a la definición mayoritaria. Daniela Huento, de bloque mayoritario, se abstuvo.
Ahora, Malena Resa, la presidenta del Concejo Deliberante se hará cargo de la intendencia y culminará el mandato de Bertolini que, afuera de la Municipalidad, deberá resolver sus cuentas con la Justicia.
