El concejo activó el proceso de juicio político contra el sucesor de Gloria Ruiz, que denuncia que quieren desplazarlo. La Justicia lo espera el lunes.
Luis Bertolini, intendente de Plottier, envuelto en una caótica situación y debe responder ante la Justicia de Neuquén.
El tablero político de Neuquén y Plottier entró en zona de máxima tensión. En cuestión de días, el intendente Luis Bertolini quedó rodeado por el inicio de un proceso de juicio político, una derrota institucional en el Concejo Deliberante y un frente judicial que suma presión sobre su gestión.
Lo que hasta hace semanas era un conflicto administrativo por las implmentación de las fotomultas en el municipio vecino a la capital terminó escalando a una crisis de mayor profundidad, con un dato central por el quiebre entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, que ya es total.
La señal más contundente llegó desde el concejo que encabeza Malena Resa. En una sesión cargada de tensión, los concejales rechazaron por unanimidad el veto del intendente a la ordenanza que suspendía el sistema de fotomultas y avalaron su interpelación. En paralelo, la Justicia provincial formulará cargos contra el intendente en el inicio de la próxima semana.
El sistema propuesto por el Ejecutivo está cuestionado por presuntas irregularidades en su implementación y por el esquema de reparto de ingresos, donde una empresa privada se quedaría con una porción mayoritaria. El Concejo lo suspendió, Bertolini vetó esa ordenanza, pero el Concejo insistió y avanzó con un pedido para interpelar al intendente.
La escena dejó expuesto a Bertolini. “Si el intendente está en la postura de enviar mensajes encriptados, no entiende lo que pasa en Plottier. Lo que menos necesitamos es eso. El intendente está en la mira de la Justicia, hay un fiscal que hizo diez allanamientos en el municipio”, declaró Resa en una radio de la capital neuquina, condicionando aún más la relación con el ejecutivo del segundo distrito electoral neuquino.
“Una cosa es querer quedarse con el puesto y otra cosa es que corresponda”, sumó la presidenta del cuerpo legislativo, antes de recordar la citación para el 13 de abril de Bertolini para la audiencia de formulación de cargos.
Según la información judicial a la que tuvo acceso Letra P, la fiscalía apunta "al dictado del decreto 646/25 por parte del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado Los Canales", durante el primer semestre de 2025, y "supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales".
La fiscalía maneja la hipótesis de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Como ya contó Letra P, Resa es una de las dirigentes alineada con Rolando Figueroa en Plottier. Bertolini se reconoce cercano al gobernador pero los problemas en la gestión y las dudas sobre su administración lo fueron aislando. El intendente llegó al armado oficialista de la mano de Gloria Ruiz, su antecesora en la municipalidad que integró la fórmula con Figueroa, pero fue destituida de su cargo como vicegobernadora cuando la Legislatura envuelta en un escándalo de supuesta corrupción.
En medio del escándalo por las fotomultas, el Concejo Deliberante también activó formalmente el proceso de juicio político contra el intendente. La denuncia, presentada por una particular, apunta a presunto mal desempeño, incumplimiento de deberes y posibles irregularidades en la gestión.
El mecanismo ya está en curso. Se conformaron las salas acusadora y juzgadora, y una comisión investigadora tendrá un plazo acotado para analizar el caso. El dato político es que el proceso, esta vez, no quedó en una amenaza. Ya tiene estructura institucional y dinámica propia, y abre un escenario que puede ir desde el desgaste prolongado hasta una eventual suspensión del intendente.
"El concejo puede, en el caso de que se formulen cargos en la Justicia, suspenderlo de forma preventiva", advirtió Resa, que sería la encargada de hacerse cargo de las riendas del municipio en caso de que Bertolini sea obligado a dar un paso al costado.
Como si el frente político no alcanzara, Bertolini también enfrenta un conflicto judicial de alto impacto económico. El gremio ATE demandó al municipio por presuntas irregularidades en el manejo de aportes sindicales retenidos y no depositados. El reclamo supera los 900 millones de pesos y abarca tanto la actual gestión como la anterior.
La coincidencia temporal no es menor porque el reclamo aparece en simultáneo con el avance institucional en su contra. El propio intendente lo leyó en clave política; Bertolini denunció una “intencionalidad” para desplazarlo y habló de una movida para “ocupar su lugar”.
En mensajes dirigidos a los empleados municipales, buscó llevar tranquilidad, prometió revisar los números y aseguró que cualquier deuda será saldada “como corresponde”. Pero hacia afuera, el escenario es otro.
El intendente sabe que ya no sólo enfrenta críticas. El proceso institucional en marcha, la oposición articulada en el Concejo y un clima político que empieza a oler a transición anticipada y Plottier entró en una etapa donde los tiempos se aceleran. El juicio político tiene plazos, la causa judicial suma incertidumbre y el conflicto por las fotomultas dejó de ser un tema administrativo para convertirse en el símbolo de una gestión cuestionada.
La pregunta es hasta dónde escala. Y, sobre todo, si Bertolini logra sostenerse o si el sistema político empieza a ordenarse para el día después.