La amenaza narco a la familia de Lionel Messi expuso este jueves la grieta amarilla entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta sobre cómo afrontar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado si una y otro llegan a la Casa Rosada. Mientras que la titular del PRO plantea la necesidad de que las Fuerzas Armadas operen abiertamente en todo el territorio nacional; el alcalde porteño anticipa que solo las usaría para el patrullaje de las fronteras. En la agrupación partidaria opositora hay coincidencias, sin embargo, en que hay que reformar la Ley de Seguridad Interior, que actualmente excluye -con excepciones- a las FFAA del ámbito de la seguridad interna.
Bullrich sostiene la idea de que las Fuerzas Armadas, en su conjunto, cumplan funciones dentro del territorio nacional en zonas en donde el crimen y la violencia llegó a niveles fuera de control, como el caso de Rosario, en la provincia de Santa Fe. La dirigente tiene entre sus planes utiliza "todos los medios del Estado" para la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad como lo dejó en claro el martes su plan de seguridad en esa ciudad santafesina.
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En su entorno de Bullrich aseguran que el entrenamiento que tienen las Fuerzas Armadas es superior al de otras fuerzas de seguridad; pero aceptan que ese desembarco tiene que estar fuertemente controlado debido a que en su formación los miembros del Ejército aprenden a eliminar al adversario, no a detenerlo. "Aunque hay operaciones de paz, como en Haití. Muchas veces en los programas de la ONU realizan labores de policía", explicaron. Asimismo, están convencidos de que también tiene que tener una participación activa la Fuerza Aérea y la Armada. "Es un abordaje integral", sostuvieron cerca de la titular del PRO.
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Horacio Rodríguez Larreta habla en un acto de la Policía de la Ciudad.
Larreta y la diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, las otras figuras en la competencia presidencial del PRO, manifiestas su convencimiento de que las FFAA tienen que reemplazar a la Gendarmería en la custodia de las fronteras. En su razonamiento, puntualizan sus allegados, el Ejército tiene que evitar el ingreso de droga al país y saturar Rosario, u otros territorios calientes, junto con los efectivos de las otras fuerzas federales.
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La discusión interna del PRO se trasladó hace tiempo a los ámbitos de la Fundación Pensar, en la que se elaboran los planes gubernamentales de esa fuerza partidaria. La discusión sobre cómo enfrentar al narcotráfico es tema permanente de debate en todas las ramas del macrismo. En esas charlas, cuando llegan a la parte del financiamiento para cualquier tipo de programa, surge el antecedente de la construcción de cárceles en la provincia de Buenos Aires durante la administración de Vidal.
En el principal distrito electoral del país, ante la sobrepoblación carcelaria se buscaba formas de construir centro penales pero casi todas las iniciativas chocaban con el contraste de las arcas flojas del Estado y la decisión de poner fondos en ese rubro antes de que en Educación o Salud. “Cuando no hay plata es muy complicado construir una cárcel o hacer inversiones fuertes en Seguridad”, recordó ante Letra P uno de los funcionarios que fue parte de esas discusiones.
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Por fuera de la necesidad de inversión, en el PRO existe otro consenso que implica la sanción del Código Penal que se presentó en el Congreso y el avance en la aplicación del Procesal Penal. En este último, el sistema federal y nacional pasó de ser de instrucción, donde la investigación la lleva adelante el juez, a acusatorio, en el que el magistrado es el garante del proceso y el fiscal es quien comanda los esfuerzos.
En el macrismo evalúan que si se aplicará el sistema acusatorio en Santa Fe la respuesta contra el narcotráfico sería más simple, dado que el Ministerio Público Fiscal es más pragmático en cuanto a refuerzos de personal y fondos. Otro de los puntos que destacan que es que la designación de un fiscal, no necesita el mismo proceso que un juez por concurso en el Consejo de la Magistratura, donde ni Juntos por el Cambio (JxC) ni el Frente de Todos (FdT) cuentan con los números necesarios para aprobar un nuevo magistrado.
Esta situación la blanqueó en las últimas horas el diputado por Santa Fe del PRO, Federico Angelini, quien -a la salida de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso- le reclamó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por esa cuestión.
Frente a casi toda la prensa acreditada, Angelini -del entorno de Bullrich- le recordó al funcionario que este sistema se comenzó a aplicar en 2018 y 2019 en Salta y Jujuy, y consideró que ahora le corresponde a Santa Fe. El legislador también le recalcó que por una decisión política, el kirchnerismo nunca avanzó en la conformación de las comisiones para ponerlo en marcha.
