El gobierno provincial avanza en la licitación para optimizar la gestión de las licencias del personal estatal. El Grupo Werthein, único oferente.
El gobierno de Maximiliano Pullaro vuelve a poner el foco en el ausentismo con el sector público previo a una nueva discusión paritaria.
El gobierno de Maximiliano Pullaro busca reducir el gasto público destinado a las licencias médicas del personal estatal. El proyecto, cuya licitación se encuentra en la etapa final, se propone recortar 170.000 millones de pesos en 12 meses y bajar el ausentismo del 15% actual a prácticamente la mitad en un par de años.
El proceso licitatorio lleva algún tiempo. En diciembre del año pasado el gobierno de Santa Fe comenzó a diseñar el camino para la creación de su nuevo Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), lo que derivó en una licitación con varias etapas y un único oferente: SML Consultores Médicos, parte del conglomerado del poderoso Grupo Werthein.
Si está todo en regla tras la evaluación de la oferta económica, el plan apunta a que la empresa adjudicataria se haga cargo de la gestión y administración de las licencias y el ausentismo laboral, en especial con los accidentes de trabajo. El acuerdo se establece por un plazo de dos años con opción a un tercero.
En la actualidad, la gestión está a cargo de los trabajadores. En el gobierno santafesino califican al funcionamiento como ineficiente y dicen que deriva en diversos problemas. "Es anacrónico y desordenado", resumen funcionarios provinciales. La nueva metodología, estiman, podría estar en funcionamiento para agosto o septiembre de este año.
Con esta medida, Pullaro apunta a un ahorro concreto. Proyecta que la reducción del ausentismo del personal estatal, incluyendo la administración central, docentes, policías y personal de salud, pasaría del 15% actual a prácticamente la mitad.
Para lograrlo, el pliego licitatorio establece una obligación para la empresa que preste el servicio de reducir los números en dos puntos porcentuales en los primeros seis meses y en tres en el plazo de un año.
"Eso implica una reducción del gasto de 170 mil millones de pesos para las arcas provinciales", explican en el Ministerio de Economía.
Para llegar a ese número, el pliego establece avanzar sólo en todo lo vinculado a salud laboral, dejando las áreas de indemnizaciones y juicios laborales bajo el ala pública.
"De lo contrario, se corría el riesgo de ir a un sistema de ART e iba a ser carísimo", analiza una fuente del gobierno provincial. Según plantean en la gestión Pullaro, la mayoría de las provincias ya tiene un esquema similar. Citan como ejemplo a Entre Ríos, que registra la mitad de ausentismo que Santa Fe.
Con el nuevo esquema, se pasaría a un sistema híbrido, con un valor per cápita estimado para problemáticas de salud laboral estimado en un 0,05 por ciento de la masa salarial, en un valor que hoy ronda los $7000 pesos por persona empleada.
Superada la parte técnica, queda por revisar la oferta económica en una licitación que tuvo como grupos interesados a Prevención y Colonia Suiza, aunque finalmente decidieron no presentarse.
"Hay un riesgo empresario, porque no está del todo claro el universo de accidentes laborales. Hay una cifra negra por la subdeclaración", reconocen en la administración pullarista.
Si bien el vínculo del gobierno provincial con los sindicatos es oscilante, la disputa por el ausentismo en Santa Fe viene desde hace largo tiempo.
Una de las primeras peleas de Pullaro al llegar a la Casa Gris fue con los gremios docentes. Según los números oficiales, las bajas en el sector por distintos motivos -desde médicos hasta familiares- habían llegado al 30%, cuatro veces más que el promedio en el sector privado.
¿Puede abrir el nuevo sistema de licencias otro foco de conflicto con los actores gremiales? En la provincia insisten en que esta nueva metodología ordenará la situación.
"Se digitaliza todo. Hoy muchas veces no se sabe ni por qué patología falta una persona", resaltan y añaden que, cuando la situación escala y termina en un juicio laboral, los datos con los que cuentan los abogados de la provincia son nulos. "Llegamos en bolas", plantean.
Con todo, el impacto que involucran los litigios laborales es marginal con respecto a los volúmenes que maneja el sistema. Son apenas $6.000 millones anuales.
Según la licitación, el ingreso al nuevo sistema de las 150.000 personas empleadas en el Estado provincial se dividirá en cuatro etapas. Primero se incorporarán quienes dependen de la administración central. Luego seguirá el personal de salud y el vial. En tercera instancia, los docentes. Para el final quedará la policía.
Más allá de la eficiencia que el gobierno santafesino pretende en el control del ausentismo en el Estado, la participación del gestor privado podría tener un efecto sobre el IAPOS, la obra social provincial, cuyo sistema vive momentos de tensión tal como ocurre en casi todos los ámbitos de salud.
Con el Sipsal, además de los accidentes laborales, el adjudicatario deberá hacerse cargo de las enfermedades leves que demanden un máximo de 14 días de licencia -por ejemplo, un estado gripal-, aun cuando no sean del orden laboral.
Esa obligación, según los números estimativos que hacen en la provincia, podría impactar en la reducción de la carga sobre el IAPOS en el orden de un 15 al 20 por ciento.