La vocera provincial, Virginia Coudannes, cuestionó a una jueza por la mirada garantista que frustró una detención: "Si es tan bueno, llevátelo a tu casa".
La vocera del gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro, Virginia Coudannes.
El gobierno de Maximiliano Pullaro volvió a protagonizar un fuerte cruce con un sector de la Justicia de Santa Fe. La secretaria de Comunicación y vocera provincial, Virginia Coudannes, apuntó contra la jueza rosarina María Dolores Aguirre Guarrochena por haber dispuesto la liberación de un hombre detenido en una causa por una balacera.
“Jueza Aguirre Guarrochena: si es tan bueno, llevátelo a tu casa”, disparó la funcionaria durante una conferencia de prensa reavivando la tensión entre la Casa Gris y los tribunales.
La expresión retomó una crítica que el propio gobernador había formulado tiempo atrás contra magistrados a los que acusa de sostener una visión “garantista” frente al delito.
Según explicó Coudannes, la detención cuestionada fue el resultado de una investigación que demandó 12 horas de trabajo y que utilizó las herramientas del sistema de videovigilancia con inteligencia artificial denominado LINCE. A partir de las imágenes obtenidas, las fuerzas de seguridad reconstruyeron el recorrido de dos personas que habían baleado una vivienda en Rosario.
La vocera detalló que el análisis de las cámaras permitió identificar domicilios, solicitar allanamientos y detener a uno de los sospechosos con intervención de la fiscalía. Además, señaló que durante el procedimiento se secuestraron celulares y otros elementos considerados relevantes para avanzar en la pesquisa.
“Pudimos reconstruir el recorrido, identificar las vestimentas, la bicicleta y obtener material importante para la investigación”, sostuvo la funcionaria. También remarcó que se trató de una causa vinculada a una balacera contra una vivienda, un tipo de hecho que en la provincia suele estar asociado a disputas criminales y que, según advirtió, “puede terminar con un muerto”.
Sin embargo, la administración provincial cuestionó que la magistrada desestimara parte del procedimiento policial por considerar que existían irregularidades en la investigación. Para Coudannes, la resolución desconoce un protocolo que se encuentra vigente y que regula ese tipo de actuaciones.
“Hay un gobernador que invierte millones en tecnología, en patrulleros y en ordenar la cuestión operativa e investigativa. Son recursos de los santafesinos. Y hay una jueza con una mirada garantista que desconoce un procedimiento que está previsto en los protocolos”, afirmó.
"Esto nos hace volver a lo que el gobernador un día dijo en Santa Fe cuando estábamos entregando unos patrulleros: 'Si son tan buenos, que se los lleven a su casa'. Jueza Aguirre Guarrochena: si es tan bueno, llevátelo a tu casa", cuestionó la vocera.
El episodio se suma a una serie de enfrentamientos que la gestión de Pullaro mantiene con distintos sectores del Poder Judicial desde el inicio de su mandato. El gobernador convirtió la política de seguridad en uno de los ejes centrales de su administración y, en más de una oportunidad, cuestionó resoluciones judiciales que, a su criterio, dificultan la lucha contra el crimen organizado.
En paralelo, el mandatario impulsó reformas institucionales vinculadas al funcionamiento de la seguridad pública y promovió cambios para endurecer la respuesta estatal frente a las organizaciones narcocriminales. En ese marco, también reclamó mayor compromiso de jueces y fiscales en el combate contra la violencia que afecta especialmente a Rosario.
Durante distintos actos públicos, Pullaro sostuvo que algunos magistrados mantienen criterios alejados de la realidad que atraviesa la provincia y reclamó que las instituciones acompañen las políticas destinadas a recuperar el control territorial frente al avance del delito.
La nueva polémica con la jueza Aguirre Guarrochena vuelve a exponer una disputa que atraviesa buena parte de la agenda política santafesina: el equilibrio entre las garantías constitucionales y las herramientas que reclama el Gobierno para reforzar la persecución penal en una provincia que durante años estuvo marcada por la violencia urbana y el crimen organizado.