El máximo tribunal ofreció el sexto piso del nuevo anexo y el inmueble del fuero laboral. La fiscalía reclama cumplir el reparto pactado en 2021.
Santa Fe: el MPA rechazó una oferta de la Corte y redobló la pelea por los espacios en Tribunales
La pelea por el reparto interno del nuevo edificio Anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe volvió a quedar expuesta. La Corte Suprema provincial ofreció cederle metros al Ministerio Público de la Acusación y a la Defensa Penal, pero la propuesta quedó por debajo de lo que ambos organismos reclaman como ya acordado. Por eso, rechazaron el ofrecimiento y pidieron respetar la distribución definida en 2021.
La decisión del máximo tribunal fue una respuesta parcial frente a una tensión que venía creciendo desde febrero, cuando los jueces resolvieron que el nuevo edificio quedaría destinado al Poder Judicial y que recién se evaluaría ceder metros al Ministerio Público si sobraba espacio.
En concreto, la Corte Suprema de Santa Fe ofreció poner a disposición del Ministerio Público los espacios existentes en el sexto piso del nuevo edificio anexo del Palacio de Justicia, ubicado en avenida General López 2761. El flamante inmueble cuenta con 22.400 metros cuadrados en total.
Además, reiteró el ofrecimiento del edificio completo donde hoy funcionan los tribunales y juzgados del fuero Laboral santafesino, en Peatonal San Martín 2651, una vez que esas dependencias sean trasladadas al nuevo complejo.
Según informó el Poder Judicial, la superficie cedida rondaría aproximadamente los 4.000 metros cuadrados. La resolución fue firmada por los magistrados Rafael Francisco Gutiérrez, Jorge Camilo Baclini, Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler, Rubén Luis Weder y Margarita Elsa Zabalza.
En el acta acuerdo, el máximo tribunal sostuvo que la decisión se tomó después de realizar “los estudios arquitectónicos de rigor” y que el espacio quedaría asignado para que el Ministerio Público realice las adaptaciones pertinentes.
La Corte también aclaró que la cesión se hace “sin perjuicio de seguir evaluando” las necesidades de espacios para la prestación del servicio de justicia. En el mismo pronunciamiento, invitó a los representantes del los organismos a una instancia de diálogo para materializar la propuesta.
Tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Servicio Público Provincial de Defensa Penal rechazaron el ofrecimiento y pidieron que se respete la distribución original de espacios dentro del nuevo edificio judicial.
En el comunicado, ambos organismos sostuvieron que la propuesta de la Corte Suprema de Santa Fe no cumple con la asignación definida en 2021, cuando se aprobó la obra y se asignaron los recursos para comenzarla. Según plantearon, al MPA le corresponden el cuarto piso, el quinto piso y parte del subsuelo del nuevo complejo, mientras que la Defensa Penal reclama el primer piso.
Fiscales y defensores remarcaron que nunca prestaron conformidad para modificar el destino de esos espacios y citaron la cláusula transitoria de la Constitución provincial, que establece que no puede alterarse la afectación de inmuebles asignados al Ministerio Público sin acuerdo de los organismos involucrados.
El rechazo actual retoma una tensión que ya había quedado expuesta en marzo, durante la apertura del año judicial, cuando la fiscal general María Cecilia Vranicich cuestionó la decisión de la Corte Suprema de retacearle espacios a sus organismos pares y afirmó: “Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo. En la Procuración General de la Nación, cuando atravesaron este proceso después de la reforma del '94, lo describían simbólicamente como un divorcio. Y esto es un divorcio y tiene que ser entendido así”.
En el último tramo del comunicado, el MPA y la Defensa Penal subieron el tono y dejaron una advertencia clara: no van a abandonar el reclamo y están dispuestos a ir a fondo para que se cumpla la ley y la Constitución. Incluso, dejaron asentado que podrían avanzar con acciones legales, apuntando a las responsabilidades de los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe.
Aun así, María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Georgina Moreno Robinson advirtieron que mantienen abierta la puerta al diálogo, aunque con evidente malestar. Recordaron la nota conjunta presentada el 1° de abril ante la Corte Suprema de Santa Fe, que —según remarcaron— sigue sin respuesta.
El cierre fue contundente: reclamaron que la capital provincial cuente, de una vez por todas, con un Centro de Justicia Penal que concentre a fiscales, defensores y jueces penales, tal como lo establece la historia del sistema acusatorio. La frase sonó a ultimátum.