El esquema se completa con una ley de promoción comercial y la continuidad de la alícuota 0% para el agro y la industria. Como contrapartida en las cuentas públicas, el Gobierno provincial aseguró que priorizará salud, educación, seguridad y programas sociales, pero aplicará un recorte del 40% en publicidad oficial.
Martín Llaryora presentó el Presupuesto 2027 junto a la vicegobernadora Myrian Priunotto; el ministro Jefe de Gabinete, Manuel Calvo; y el ministro de Economía, Guillermo Acosta.
Fuentes del Panal explicaron a Letra P la lógica política detrás del diseño presupuestario: aseguraron que el proyecto se elaboró considerando el complejo presente de los cordobeses y bajo tres premisas centrales: llevar alivio fiscal, garantizar la contención social en salud, seguridad y educación, y alentar al sector productivo.
Además, precisaron dónde pasará la tijera del ajuste: "Al gasto lo bajamos en obras públicas: no vamos a arrancar nada nuevo, por lo menos hasta que manden fondos", advirtieron en referencia a la Casa Rosada, a la que volvieron a apuntar por la presión tributaria nacional al reclamar la baja del impuesto a los combustibles y calificar al impuesto al débito y crédito como "extorsivo”.
Gabriel Bornoroni, al salto
La reacción desde La Libertad Avanza no tardó en llegar y apuntó directamente contra la oportunidad política de la medida. El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados y referente del espacio en Córdoba, Gabriel Bornoroni, quien días atrás había propuesto suprimir de raíz el impuesto Inmobiliario Urbano, calificó el anuncio del Ejecutivo como insuficiente y electoralista.
"Después de subir el impuesto inmobiliario urbano durante toda su gestión, ahora Llaryora les ofrece migajas a los cordobeses", lanzó. Insistió en que Córdoba necesita "reformas en serio, no al calor de las necesidades electorales del gobernador de turno".
El contragolpe no tardó en llegar. El encargado fue el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres Lima quien dijo: “Solo alguien con una enorme insensibilidad social puede hablar de migajas cuando Córdoba propone un alivio fiscal de 1,5 billones de pesos para las familias, los comercios y los sectores productivos” e indicó que si tanto le preocupa el bolsillo de los cordobeses, tiene una oportunidad concreta: acompañar desde el Congreso la eliminación del impuesto nacional a los combustibles, que encarece el transporte, la producción y el costo de vida”.
En tanto, la vicegobernador Myrian Prunotto enlazó el mensaje de Llaryora con el mensaje papal. "Como nos dijo el papa León XIV, la economía debe estar al servicio de las personas. Por eso, proponemos ampliar el alivio impositivo para que el año que viene queden más recursos en manos de quienes trabajan y producen en Córdoba", escribió en X la segunda autoridad de la provincia.
El ala libertaria de la Legislatura de Córdoba
En la misma sintonía que Bornoroni, el legislador libertario Gregorio Hernández Maqueda cuestionó que el mensaje oficial evitara referirse a la reducción de la estructura estatal recordando que en febrero de 2025 su espacio llevó al recinto la baja del 50% de Ingresos Brutos y la eliminación total del Impuesto a los Sellos, iniciativa por la cual fueron acusados de "terrorismo económico".
Para Hernández Maqueda, el plan de Llaryora representa un "ajuste ficticio" y advirtió que no habrá una disminución tributaria real y sostenible sin avanzar en la privatización de empresas públicas como Bancor, EPEC, Caminos de las Sierras y la Terminal de Ómnibus, además de suprimir las agencias estatales, los fondos reservados y la propaganda oficial.
El cuestionamiento del PRO y Encuentro Vecinal
Por el lado del PRO, el legislador Oscar Agost Carreño que, aunque celebró la reducción de Ingresos Brutos por considerar que retoma la senda del Consenso Fiscal de 2017, advirtió que Córdoba sostiene un esquema intrincado donde el poder político decide de manera discrecional qué sectores reciben exenciones o beneficios.
A la espera de analizar el articulado completo, sostuvo que de los $1,5 billones informados como alivio fiscal apenas $222.698 millones corresponden a medidas nuevas (menos del 15% del total), y dentro de esa cifra $81.285 millones responden a un revalúo inmobiliario que se decidió no aplicar. "Mantener beneficios anteriores no es lo mismo que bajar impuestos", sentenció el dirigente, quien también señaló que Santa Fe destina el 13% de su presupuesto a gastos de capital frente al 9,9% de Córdoba.
En una línea similar de control sobre las cuentas públicas, el legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, Gerardo Grosso, reclamó que antes de debatir el Presupuesto 2027 el oficialismo rinda cuentas por la ejecución de 2025.
El legislador advirtió que el Tribunal de Cuentas recomendó rechazar la Cuenta de Inversión 2025 al objetar que el superávit de $592.000 millones exhibido por la gestión provincial oculta un déficit real de casi $445.000 millones tras registrar pérdidas financieras como activos.
Gerardo Grosso, de Encuentro Vecinal.
Asimismo, cuestionó la falta de precisiones sobre el alcance del recorte del 40% en publicidad oficial, recordando que la administración central gastó más de $30.000 millones en diez meses de 2025 sin contar las agencias estatales, y exigió la presencia del ministro de Economía Guillermo Acosta en las comisiones legislativas para dar explicaciones antes de avanzar con la votación.
La UCR, el Frente Cívico y la Izquierda: falta de ajuste político y el clima de campaña
En el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) optaron por la cautela y marcaron que el texto formal todavía no llegó a manos de los parlamentarios.
El alfil de Rodrigo de Loredo, Matías Gvozdenovich, minimizó el impacto del anuncio oficial y reclamó acceder al articulado completo antes de fijar una posición definitiva. "Mandaron unas plaquitas que es para publicidad; hay que ver punto por punto, anexo por anexo", señaló el legislador.
En legislador radical Dante Rossi celebró los alivios impositivos, pero asegura que el gobernador "dejó sin respuesta los problemas de fondo de Córdoba”.
Más duro en su diagnóstico fue el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, quien sostuvo que el mandatario cordobés evitó anunciar un recorte sobre la estructura política de la Provincia.
"No hubo anuncio por parte de Llaryora de ajustar el gasto en el Estado. Siguen los 15 ministerios, las agencias que ejecutan obra pública sin control del gasto, los gastos reservados para los ministros, las designaciones de militantes y punteros políticos", enumeró el dirigente juecista, quien sentenció que "en Córdoba la fiesta del gasto no para" mientras áreas sensibles como salud, educación, seguridad y los jubilados siguen esperando respuestas.
Desde la Izquierda FIT Unidad, en tanto, la legisladora Noelia Agüero cuestionó tanto las formas de la presentación como el trasfondo social del paquete impositivo. Según planteó, el Ejecutivo avanzó "todo de apuro y de una completa desprolijidad, a espaldas de la gente", y enmarcó la iniciativa dentro del calendario electoral al advertir que "empiezan las promesas de campaña como la rebaja de impuestos que después vemos incumplidas y que terminan castigando al pueblo trabajador", concluyendo que el esquema oficial garantiza "beneficios para el empresariado rico".
Noelia Agüero / Izquierda- FIT Unidad
Con las cartas sobre la mesa y las primeras posturas ya fijadas por todo el arco político, el debate se trasladará ahora al recinto de la Unicameral.
Allí, el oficialismo deberá negociar los votos necesarios frente a una oposición fragmentada que ya anticipó una fuerte disputa sobre la letra chica antes de someter a votación el Presupuesto 2027.