El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, lo anunció este miércoles, tras la reunión de madrugada con un grupo de agentes rebeldes.
El gobierno de Santa Fe ofertó levantar las sanciones que imponían el pase a disponibilidad a unos 20 policías que habían participado en el motín iniciado este lunes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario, tras la reunión de madrugada que funcionarios del Ejecutivo mantuvieron con un grupo de agentes rebeldes.
El anuncio lo formuló el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, durante una conferencia de prensa que brindó este miércoles junto a su par de Economía, Pablo Olivares.
El mensaje de bandera blanca del gobierno de Maximiliano Pullaro estuvo rodeado de la ponderación de los funcionarios a la tarea de las fuerzas de seguridad, pero condicionado a que retomen el servicio. Además, anunciaron decisiones orientadas a normalizar el servicio, recomponer el vínculo con la fuerza y atender reclamos salariales considerados legítimos.
“Quiero instar a los policías que hubieran sido objeto de medidas administrativas, a que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reintegren al servicio ordinario. Esto implicará que saldrán de la situación de disponibilidad”, afirmó Cococcioni ante la prensa en la sede rosarina de la gobernación, en un intento de superar la situación generada por el amotinamiento de los uniformados que comenzó la semana pasada y que este lunes y martes se transformó en una ruidosa manifestación frente a la sede de Ovidio Lagos al 5200.
Cococcioni, quien calificó al alzamiento como un "reclamo" que provocó un "conflicto", recalcó que "a lo largo de este proceso, la seguridad en Rosario estuvo garantizada" y señaló que eran muy pocos los efectivos que aún continuaban fuera de regla. Según detalló, Rosario “recupera su normalidad operativa” y en la Unidad Regional II la operatividad se mantuvo en torno al 90 %, con todas las incidencias atendidas y sin hechos graves asociados al conflicto.
El responsable del área de Seguridad, una de las banderas el gobernador radical, justificó el cambio de postura oficial subrayando que "la condición que se había puesto cuando hicimos un ofrecimiento al diálogo" fue "garantizar la relativa normalización de la operatividad de la policía".
El ministro remarcó que el gobierno de Santa Fe considera “válidos, aceptables y atendibles” los reclamos del personal y valoró la instancia de diálogo abierta este martes por la noche con representantes de la fuerza. En ese marco explicó el sentido de las medidas administrativas adoptadas previamente: el pase preventivo a disponibilidad “se tomó para ordenar el marco de la negociación y no como una sanción definitiva”.
"En ningún momento nos negamos a dialogar, pero no podíamos hacerlo si sentíamos que estaba condicionado el servicio de seguridad. Para sentarnos a dialogar, pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullajes y de presencia policial en la zona urbana. Eso fue cumplido anoche, y cuando obtuvimos esa muestra de buena voluntad, no hacia nosotros sino hacia la ciudadanía, convocamos a los interlocutores a una reunión conmigo y el ministro de Economía", explicó Cococcioni.
Tras ofrecer dejar sin efecto las sanciones, el ministro manifestó la voluntad del gobierno santafesino de mejorar los salarios policiales, incluso por encima de la pauta paritaria estatal. “No hay ningún tipo de mella en el aprecio, el respeto y el agradecimiento que tenemos hacia nuestras fuerzas de seguridad. Si debemos hacer un esfuerzo mayor para reconocerlas de manera diferenciada respecto del resto de la administración pública, entendemos que es correcto. Gracias a su trabajo hoy podemos exhibir resultados en materia de seguridad valorados en todo el país”, argumentó.
Cococcioni reconoció que existe un personal muy resentido por la carga de trabajo y las tensiones de los últimos años, lo que exige una respuesta integral del Estado. Recordó además las políticas recientes de bienestar policial: refuerzo de programas de salud mental, mejoras económicas y beneficios en transporte y alojamiento.
Por su parte, Olivares destacó la “alta dedicación y la elevada carga horaria” que caracteriza al personal policial y penitenciario, factores que -dijo- deben reflejarse en la estructura salarial.
En ese sentido anunció que todo el personal de escalafón general de seguridad y del servicio penitenciario con jornadas de 48 horas o más tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica para un hogar tipo publicada mensualmente por el INDEC.
La medida implicará destinar mayores recursos provinciales con foco en los rangos subalternos, donde se concentran los salarios más bajos. “La prioridad es que ningún agente quede por debajo de la canasta básica y, a partir de allí, avanzar en una jerarquización del salario que reconozca que a mayor responsabilidad debe corresponder mayor remuneración”, concluyó Olivares.
Este martes cerca de la medianoche se abrió una instancia de diálogo entre la Casa Gris y los policías. Participaron por un lado, los ministros de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, y por el otro, el vocero del motín y excandidato a intendente rosarino, Gabriel Sarla.
La reunión comenzó a las 23.30 y finalizó después de la una. Los funcionarios demandaron que el grupo amotinado levantara la medida de fuerza. Sin embargo, en el amanecer de este miércoles, la movida seguía firme en las puertas de la sede policial.
Ahí está uno de los puntos del conflicto, al menos para Pullaro, quien exige que el servicio sea retomado de inmediato para luego sí negociar. Los amotinados están plantados en ese punto y no quieren regresar a las tareas.
Fuerzas federales, a la vez, acompañan a la policía local en funciones en las tareas de patrullaje. Al mismo tiempo, el Ministerio Público de la Acusación santafesino confirmó una acción judicial contra 20 policías ya identificados, que serían llevados a audiencia imputativa este jueves.
