La decisión del presidente Javier Milei de cerrar el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), con el despido de unas 900 personas, hizo que la Iglesia emprendiera una cruzada para evitar el desguace de este ente autárquico que considera clave para asistir a unos 250 mil productores pequeños en el país.
El instituto fue creado por decreto durante la gestión de Alberto Fernández y estaba a cargo del Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico. El 27 de marzo, Milei dispuso mediante otro decreto la intervención por 90 días de este organismo descentralizado y concedió una prórroga única por otro plazo idéntico a expensas de una resolución fundada del ministro de Economía, Toto Caputo.
Milei nombró interventora del Inafci a Inés Liendo, quien, como contó Letra P, es referente de Mauricio Macri en Salta y tendrá la responsabilidad de desmantelar el organismo. "Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos", justificó el vocero presidencial, Manuel Adorni, una semana antes de que el decreto fuera oficializado.
Mirada episcopal sobre el rol del instituto
Las autoridades episcopales tienen otra mirada sobre el papel del Inafci y advierten que la decisión de la administración libertaria de cerrarlo afectará a numerosos núcleos de agricultura familiar que recibían asistencia técnica estatal para el desarrollo de la actividad en zonas marginales y de alta vulnerabilidad social.
"Las familias recibían de ese organismo un soporte de asistencia de diverso tipo, clave para el desarrollo de esa actividad rural y periurbana", dijo a Letra P una referente laica que acompaña a un grupo de mujeres en esa tarea de chacra en tierras del Nordeste Argentino (NEA).
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Esta visión es compartida tanto por obispos como por entidades laicales y organismos eclesiásticos, que ya comenzaron a contactar a personas influyentes para intentar frenar que la motosierra libertaria termine de cercenar al Inafci. A la cruzada ya adhirieron la Comisión Episcopal de Pastoral Social, a cargo del jesuita Jorge Lugones; la Comisión Nacional de Justicia y Paz, Cáritas Argentina, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y la pastoral específica de la Agricultura Familiar.
Reunión con Victoria Villarruel y una promesa
Especial injerencia en esta cruzada tiene el obispo riojano Dante Braida, quien viajó el fin de semana pasado a Catamarca para la fiesta religiosa de la Virgen del Valle y aprovechó que la vicepresidenta Victoria Villarruel también estaba en la provincia para reunirse con ella y transmitirle -dijo- “la realidad de los pequeños productores y los organismos gubernamentales que la apoyan”.
El encuentro fue en un salón de la catedral catamarqueña y también participaron el gobernador provincial Raúl Jalil, el obispo local Luis Urbanc e integrantes del gabinete provincial.
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Braida le expuso a Villarruel la situación de la agricultura familiar y le contó sobre el trabajo que lleva adelante el área de pastoral que acompaña de "modo integral la ruralidad". En ese sentido, el obispo le explicó que los organismos que se ocupan de la parte productiva y laboral son “elementales” para que la gente viva en el campo y “no se produzcan situaciones de desarraigo sino más bien de desarrollo”.
Fuentes eclesiásticas detallaron a Letra P que Villarruel dijo que “no estaba al tanto de la problemática, pero se comprometió a investigar el tema y buscar respuestas”. La vicepresidenta salió de la reunión con una carpeta con el cuadro de situación y cartas del personal del Inafci.
¿Sale el Evita, entran los curas?
La intervención de Braida, uno de los interlocutores locales más cercanos al papa Francisco, hizo que en organismos estatales se evaluará la posibilidad de que equipos laicales y religiosos sean consultados sobre la importancia del funcionamiento del Inafci y contribuyeran, de algún modo, a repensar la decisión gubernamental y evitar el cierre del organismo.
“No es que los curas villeros vayan a reemplazar al Evita en esta área específica de la Agricultura Familiar, pero sí pueden aportar ideas para abrir instancias de diálogo”, aclararon fuentes eclesiásticas.
Mientras en las oficinas de Liendo, también perteneciente a la “familia militar” como Villarruel, afirman que “salvo un milagro” el desguace del Inafci es un hecho en los plazos prefijados por decreto,
Desde que Adorni anunció el cierre del organismo y el despido de 900 personas, la Iglesia salió a destacar el aporte “invaluable” y la “responsabilidad profesional y solidaria” del personal técnico del Inafci en el desempeño de sus funciones; y a advertir: “La ausencia del Inafci dejará desamparadas a muchas comunidades que dependen de estos apoyos para su desarrollo”.
Asimismo, consideró “imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad y fortalezca el acompañamiento hacia las familias campesinas a través de un Inafci bien estructurado y con los recursos necesarios, y reconsidere la decisión de su cierre. Solo así se podrá detener el creciente desplazamiento del campesinado y garantizar la soberanía alimentaria”.