El oficialismo no pudo dictaminar la ley ómnibus la semana pasada y, en caso de no lograrlo este martes, hará un último intento el jueves. Necesita seis firmas claves, que luego garantizarían aprobar el proyecto en el recinto, a más tardar el 23, dos días antes del Pacto de Mayo que se celebrará en Córdoba. Son las rúbricas de los radicales Maximiliano Abad, Martín Lousteau y Pablo Blanco; el entrerriano Edgardo Kueider (UF), el santacruceño José María Carambia y Guadalupe Tagliaferri (PRO).
Como el proyecto tendrá modificaciones, en el mejor de los casos volverá a ser tratado en Diputados, donde La Libertad Avanza (LLA) debería definir si ratifica el texto original o avala las modificaciones.
Este lunes, el plenario de comisiones del Senado sesionó para escuchar a expositores, quienes estuvieron referentes gremiales, cómo Hugo Yasky (CTA) y Héctor Daer (CGT), quien se cruzó fuerte con Atauche. Las ponencias continuarán este martes a las 14.
Los cambios a la ley ómnibus
En el Gobierno están dispuestos a negociar algunas modificaciones, pero no a reformar por completo el texto aprobado en Diputados. “No nos sirve una ley mutilada”, sostuvo un referente oficialista a Letra P.
Hasta el momento, habría una decisión de hacer correcciones en el Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), para proteger e incorporar a la industria local. Es un pedido de Lousteau, replicado por todas las cámaras empresariales.
Para evitar acumular demandas, en la Casa Rosada no habilitaron un intercambio fluido de borradores, como el que hubo en la cámara baja, y las gestiones combinan conversaciones aisladas que sólo suman incertidumbre. La reunión de Lule Menem con Lousteau, conocida este fin de semana, generó recelo en el bloque radical. Habría sido uno de los motivos que obligó a Rolandi a verse unos minutos con el jefe de la bancada, Eduardo Vischi.
La UCR tendrá este martes a las 10 una reunión de bloque para definir su lista de reclamos. En la mañana de este lunes, el economista pidió agregar tres medidas al proyecto Ley de Bases: aumentos en jubilaciones, incremento del presupuesto universitario -ambas están en negociación en Diputados- y la reactivación de las obras públicas de menor envergadura que están paralizadas. Su compañero Abad respalda estos reclamos y, de no ser incluidos en el texto, exige al Gobierno un compromiso de avanzar con leyes futuras.
Blanco tiene otros planteos: cuestiona la delegación de facultades, las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Radio Nacional, y los artículos 88 (de subsidiariedad en la reforma laboral) y 111 (concesiones hidrocarburíferas). Los gobernadores radicales quieren sancionar la ley ómnibus cuanto antes, pero no controlan a este trío.
El resto de la oposición no peronista también tiene sus demandas. Kueider, que trabaja en tándem con su compañero de bloque Carlos Espínola, elaboró un pedido de modificaciones por cada uno de los capítulos. Quiere retocar delegaciones, privatizaciones, procedimiento administrativo, RIGI, reforma laboral y desechar la eliminación de la moratoria previsional.
Carambia, quien comparte bloque con su coterránea Natalia Gadano, tiene una lista de correcciones más extensa. Incluye el capítulo de privatizaciones, de energía (no acepta bajar las regalías), la reforma laboral y el RIGI, que pide orientar a rubros específicos. Guillermo Francos busca ablandar a este bloque a través del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Hasta ahora no lo logró. Rolandi también tendrá que atender estos asuntos.
Los desafíos del Gobierno
En este escenario, el oficialismo debe negociar la letra chica de la ley ómnibus y hacer cuentas. La semana pasada, la apuesta fue dictaminar con firmas en disidencia y, en tal caso, acordar correcciones en la sesión. No funcionó porque, sin certezas de ser escuchados, los rebeldes se negaron a prestar su nombre.
Este lunes, el Gobierno concentraba su negociación en la UCR y dejaba para el final a outsiders y fuerzas locales, que pueden complicar la votación en el recinto. Kueider tenía previsto contactarse con referentes de otros bloques para hacer causa común a sus demandas. Exigía, además, un compromiso en Diputados de que serían consideradas. Una coordinación por demás compleja.
Un problema del gobierno es que cuanto más se estire la negociación, más rebeliones pueden surgir entre presuntos aliados. Ya se desmarcó del PRO Guadalupe Tagliaferri, convertida en aliada de Lousteau. Este lunes fue contactada por funcionarios de la Casa Rosada.
Entre los partidos provinciales, a partir de acuerdos con gobernadores, el oficialismo cuenta como propios los votos de la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. Sin embargo, ninguna garantiza su respaldo a viva voz. La presión al gobernador Alberto Weretilneck crece día a día: este fin de semana pidió no privatizar el Correo Argentino.
En Unión por la Patria (UP) aseguran que tienen a sus 33 miembros decididos a votar en contra, pese a que el Gobierno confía en torcer al catamarqueño Guillermo Andrada y a la tucumana Sandra Mendoza. Si no lo logra, sólo puede perder dos aliados del resto del recinto. La lista de rebeldes es mucho más larga.
En UP evalúan alternativas para el recinto. Una es asociarse al resto de la oposición en una votación en particular para modificar capítulos por dos tercios y asegurar su sanción. Sería un cimbronazo para el gobierno.
Reforma fiscal, sin fecha
Mientras se discute la ley ómnibus, la reforma fiscal no tiene hoja de ruta. Atauche no convocó a la Comisión de Presupuesto para dictaminar, luego del fallido intento del jueves, cuando no logró las rúbricas de Lousteau, Blanco y Tagliaferri.
El Gobierno sólo aceptó retocar la reversión de Ganancias, para cumplir con la demanda de la patagonia -que tiene votos decisivos en la Cámara alta- y reformará el blanqueo, otro de los pedidos de Lousteau. Exige excluir a testaferros y hermanos de funcionarios.
Recién cuando haya cerrado el texto de consenso, el jefe del bloque oficialista convocará a la comisión para dictaminar. Espera lograrlo el jueves.