Fueron avaladas la reformas del Estado y laboral, junto a las privatizaciones. Colaboración del grupo radical de Martín Lousteau y partidos provinciales.
Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza. Defendió la ley ómnibus de Javier Milei.
Javier Milei se anotó su primera victoria legislativa este martes en el Congreso, con la aprobación en Diputados de la versión acotada de la ley ómnibus XS, un compendio de medidas económicas y administrativas que incluye la reorganización del Estado, el aval a las privatizaciones, la desregulación del mercado del petróleo y gas, una reforma laboral, promoción a grandes inversiones y eliminación de moratoria previsional.
El proyecto completó el trámite que no había podido concluir en febrero, cuando el Presidente ordenó suspender la sesión porque la oposición desguazaba el articulado. El próximo desafío de Milei será que este texto pase el filtro del Senado y quedó con buenas expectativas. El grupo identificado con Martín Lousteau se opuso a algunos artículos pero no complicó la vocación, como se preveía. En el capítulo de privatizaciones hubo un gesto al bloque de Santa Cruz, clave para el cuórum en la cámara alta. Las provincias petroleras jugaron fuerte por la ley.
Votaron en contra de la mayoría de los artículos Unión por la Patria, la izquierda, el socialismo santafesino, Margarita Stolbizer (que apoyó en general) y un grupo rebelde de cinco radicales, liderados por Facundo Manes, que no tiene equivalencias en el Senado.
Además de sus aliados fijos, como el PRO y el trío tucumano que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para aprobar la mayoría de los artículos La Libertad Avanza tejió un acuerdo con sectores de la UCR, los partidos provinciales y Hacemos Coalición Federal. La Coalición Cívica, con bloque propio, votó en contra de algunos artículos pero no logró frenarlos.
El oficialismo tuvo una colaboración tácita de un sector de la UCR que se oponía a varios artículos y ayudó con abstenciones. En el Senado esperará lo mismo de Lousteau y de Pablo Blanco, el otro radical díscolo.
Sólo la eliminación de la moratoria previsional se aprobó en Diputados con menos de 129 votos. Más reñida fue la incorporación del fondo del tabaco, un anexo que impuso la Coalición Cívica.
La votación fue coordinada por el libertario Santiago Santurio, flamante presidente de la Comisión de Legislación General. La Libertad Avanza logró aprobar la declaración de emergencia por un año en cuatro materias: administrativa, económica, financiera y energética.
Con un voto más, LLA consiguió luego el aval para la reforma del Estado, uno de los capítulos que el Gobierno temía perder. Habilita a Milei a fusionar y disolver organismos, con algunas excepciones como la Coneau, la UIF, el INTA, el Conicet o el INCAA. No se agregó ninguno más.
El grupo de Lousteau respaldó la Reforma del Estado, con la abstención en el artículo tres, que es el que habilita a desarmar dependencias. Esa posición sólo puede constar en actas porque la votación fue por capítulos. La decisión de no obstruir de Evolución vaticina que el economista podría actuar igual y no bloquear la ley en la cámara alta. El proyecto tuvo el respaldo de los partidos provinciales de Salta, Misiones y Río Negro. Estos dos últimos son claves para el cuórum del Senado.
La eliminación de fondos fiduciarios, presente en la reforma del Estado, fue aceptada por los gobernadores, quienes se garantizaron que los recursos sean coparticipables. Quedó vigente el referido a las zona frías, un pedido de los patagónicos, claves para el cuórum en ambas Cámaras. Los mandatarios estuvieron todo el día en diálogo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien siguió la votación desde el recinto, junto a Karina Miliei y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien tuvo a cargo las negociaciones.
El listado de privatizaciones quedó muy reducido. Sólo se podrán vender Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo, con fuertes controles parlamentarios, de la AGN y la Sigen. Otra lista de cinco podrán ser concesionadas: Aguas y Saneamientos (Aysa), Correo Argentino, Belgrano Cargas y Sofse. Nucleoeléctrica podrá recibir capitales, sin perder la mayoría del Estado.
El Gobierno quitó de la lista a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCFRT), que sólo podrá vender acciones a sus empleados, en un Programa de Propiedad Participadada. El diputado santacruceño Sergio Acevedo, que no había votado en general la ley ómnibus, apoyó este programa, según dijo porque había respaldo gremial. El gesto busca el beneplácito en el Senado de la dupla de Santa Cruz, identificada con Claudio Vidal. Son José María Carambia y Natalia Gadano, quienes nunca le votaron un proyecto al Gobierno.
La reforma laboral acotada propuesta por el Gobierno también pasó el filtro de Diputados sin sobresaltos y la UCR no consiguió incorporar los dos capítulos excluidos en la versión final por el Gobierno: la eliminación de la cuota sindical obligatoria y la penalización por bloqueos a empresas. Fueron propuestos por el diputado radical, Martín Tetaz.
La reforma contiene la eliminación de las multas por trabajo no registrado, el aumento del período de prueba (será de seis meses y podrá llegar a ocho meses o un año en empresas chicas) y la creación del fondo de cese laboral que reemplace a la indemnización, si así se define en un convenio colectivo de trabajo.
“La leyes laborales no están escritas en línea de piedra. Este sistema lo utiliza un gremio muy importante”, destacó Miguel Pichetto, de HCF, que ofició de intérprete del capítulo, que se completa con dos apartados: una flexibilización del trabajo agrario temporal y la posibilidad de crear emprendimientos con cinco empleados no registrados. También se aprobó la derogación de leyes, como el estatuto del viajante.
La reforma de gas y energía fue aprobada casi sin debate, eclipsadas por los otros capítulos del proyecto. Permite liberar los precios de exportación e importación, sin chances de intervención estatal.
“Es la entrega nacional a las petroleras, que van poder poner el precio que quieran”, protestó Cristian Castillo, de la izquierda. “El capítulo es claro: garantiza el abastecimiento nacional. Esto se acordó con la Ofephi”, sostuvo Marcelo Llancafilo, cercano al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Su representante en el Senado es Lucila Crexell, que es clave para el cuórum. Los gobernadores patagónicos controlan seis votos fijos en la cámara alta.
El registro de incentivos a las grandes de inversiones, el Rigi, también fue aprobado por amplia mayoría. Hacemos Coalición Federal ni siquiera pudo borrar el artículo 162, que podría vulnerar la autonomía de las provincias.
Como en casi todos los temas controversiales, los dialoguistas molestos optaron por la abstención, que facilita la aprobación de un proyecto. El Rigi consiste en un régimen de beneficios fiscales, impositivos y cambiarios por tres décadas a quienes inviertan no menos de 200 millones de dólares. Hubo mucho lobby del empresariado local para achicar el monto y fracasó.
“Estamos de acuerdo con la inversión, pero no en crear un club”, se quejó Fabio Quetglas, de la UCR, cercano al exsenador Ernesto Sanz, de buenos vínculos en la UIA, que no logró torcer la historia.
Esta votación dejó datos a tener en cuenta en el Senado. Respaldaron el Rigi tres sanjuaninos y tres catamarqueños de UP, presionados por las mineras. Los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora, no aportaron votos. El Gobierno no los necesitaba.
El último capítulo de la ley ómnibus XS fue el que menos respaldo tuvo. Se trata de la eliminación de la moratoria previsional, renovada por última vez el año pasado, que permite jubilarse a quienes no hayan completado los aportes. El FMI pide su eliminación y Diputados avanzó con un parche: fue reemplazada por un sistema de prestación previsional, que permite cobrar un retiro acorde a los años contribuidos a ANSES. El piso será la Pensión Universal por la Vejez, la PUAN, que es el 80 por ciento de una jubilación mínima.
Es una idea de la UCR aceptada por el Gobierno, pero con poco consenso en el recinto de la cámara baja: se aprobó con 125 votos, cuatro menos que la mayoría simple, y 113 en contra. O sea, no se cayó sólo porque hubo bancas vacías. La controversia en este caso fue que el nuevo sistema elevará la jubilación a 65 años de las mujeres que no completen aportes, motivo de una rebelión entre los grupos dialoguistas. Por esa razón, Silvia Lospennato, del PRO, se fue del recinto para no votar.