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Ley ómnibus: gobernadores de la Patagonia rechazaron los cambios en la actividad pesquera

Torres, Vidal, Figueroa, Weretilneck y Melella firmaron un comunicado conjunto para oponerse a las modificaciones que propone el Gobierno al régimen de pesca.

“Nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país”, remarcaron los mandatarios de cinco de las provincias de la Patagonia a través de un comunicado conjunto.

Los cuestionamientos apuntaron a tres ejes principales que “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.

Respecto de la modificación en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos, en el documento los gobernadores plantearon su preocupación por la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino.

“Hoy miles de personas trabajan en la actividad, como estibadores y personal de logística. Con la derogación de dicho artículo nuestros recursos se podrían descargar fuera del país, lo que afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos”, explicaron.

También apuntaron contra la competencia desigual en la asignación de cupos de captura que habilita el proyecto oficial. El Artículo 27° del Régimen de Pesca determina que para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos diez años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos.

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“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los mandatarios.

Además, se opusieron a la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina en el rubro, tal como establece el artículo 40° de la Ley 24.922, que especifica que el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.

“A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años. Esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, agregaron los gobernadores en el comunicado.

"Consecuencias devastadoras"

Los gobernadores señalaron además que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras”.

Además, remarcaron también “la importancia de apoyar una industria pesquera que otorgue valor agregado a las exportaciones, generando empleo local y dinamizando la economía a través de constantes inversiones destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad del sector”.

En ese sentido, señalaron que “las medidas anteriormente señaladas, aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, teniendo así como resultado “una menor recaudación por parte del Estado nacional, como consecuencia de la imposibilidad de exportar determinados productos que terminarían resultando antieconómicos”.

Por último, los gobernadores plantearon que “en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, vamos a tener consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las provincias patagónicas, con los serios perjuicios que esto acarrearía para el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, debilitando asimismo la soberanía económica”.

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