Los bloques opositores coincidieron en rechazar el artículo 106 del proyecto denominado ley ómnibus que suspende la fórmula de actualización jubilatoria y delega cada aumento previsional en la decisión discrecional del presidente Javier Milei, pero chocó con la resistencia del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien defendió la propuesta del Gobierno y no quiere negociar cambios. Durante el plenario, expuso además el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien acusó a la administración de Alberto Fernández de haber dejado obras públicas paralizadas.
La movilidad jubilatoria es uno de los cinco temas que la oposición dialoguista exige corregir y en el que, por ahora, no logra torcer la voluntad de la Casa Rosada, que también sostiene con igual énfasis el aumento de las retenciones a las exportaciones. Ambas medidas son cruciales para alcanzar el superávit fiscal que Milei le prometió al FMI.
Quirno fue el último orador de la jornada, junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne. Luego de una introducción leída, escuchó cómo cada bancada se opuso a la suspensión del índice que se aplica hace dos años para calcular el aumento de los haberes previsionales.
La unanimidad entre las distintas fuerzas no fue sobre la defensa a esa fórmula, que combina la variación de la recaudación de Anses con la de los salarios (medida por el Ministerio de Trabajo), sino en la inconveniencia de no reemplazarla por ninguna otra y dejar cada aumento a discreción del presidente.
“Hagamos otra”
La diputada Germana Figueroa Casas, del PRO, sostuvo que la fórmula vigente para indexar las jubilaciones “fracasó”, pero hay que buscar otra y no delegar los aumentos en la Casa Rosada. “Tiene que haber un límite, como que las jubilaciones estén cubiertas por inflación”, reclamó.
La rosarina propuso una salida intermedia: que el gobierno elimine el índice actual -en vez de suspenderlo- y en un plazo de 180 días defina otro para discutir en el Congreso. “Tenemos que encontrar una solución para los jubilados. Por lo menos, asegurarles el poder adquisitivo”.
Unión por la Patria insistió en que, si Milei no quiere discutir un nuevo cálculo previsional es porque busca reducir el gasto real en jubilaciones, que asiste a Anses para completar el pago de los haberes. “No está claro qué parámetros de actualización habrá, ni su periodicidad. La fórmula actual puede ser buena o mala, pero da previsibilidad. ¿Qué va a pasar con los que no cobran la mínima?”, se preguntó el riojano Ricardo Herrera, de UP.
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Pablo Quirno, secretario de Finanzas.
Más crítica aún fue Danya Tavela, de la UCR, quien también cuestionó otros capítulos del proyecto, como el blanqueo y la suba de retenciones a las exportaciones. “Estamos rompiendo la justicia y la igualdad de oportunidades de aquello que nos hizo crecer como nación: el vínculo entre el esfuerzo y el trabajo”, dijo.
Hacemos Coalición Federal, la otra fuerza de la oposición que es clave para alcanzar el cuórum, ya se había expresado en contra de dejar a los ingresos de los jubilados rehenes de los decretos presidenciales. Ni bien se envió la ley ómnibus, Nicolás Massot recordó que un fallo de la Corte invalida esa opción.
"No funcionan"
Quirno no dejó chances de negociar un nuevo cálculo para actualizar las jubilaciones. “Las fórmulas no funcionan. Están perjudicando a los jubilados. Con la discrecionalidad que han tenido en el pasado, perdieron entre 20 y 40% de sus haberes en términos reales”, sostuvo el secretario de Finanzas.
El funcionario pidió suspender la fórmula, como dice el proyecto, y “que los aumentos" que defina el Presidente "prioricen a beneficiarios de más bajos ingresos, mientras se hace una nueva”, por ahora sin un plazo establecido. El economista cerró con una advertencia: “Señores jubilados: la gente que va a votar en contra de no suspender la fórmula que se haga cargo del gasto de jubilaciones”.
Otras críticas
Quirno recibió más reproches de la oposición dialoguista al capítulo económico del proyecto, que al menos lo obligan a revisarlo, como la facultad que pide para tomar deuda en dólares sin límites.
Para lograrlo, el proyecto propone eliminar el primer artículo de la ley de sostenibilidad de 2021 y el 65 de la de administración financiera, que exige a los gobiernos a informar la mejora en montos, plazos y/o intereses para justificar una renegociación.
El expresidente Mauricio Macri pidió una reforma similar en 2018 y no tuvo respaldo del Congreso. Aun así, Figueroa Casas se mostró disconforme con la laxitud del nuevo texto: “Necesitamos una redacción más precisa: no puede quedar atado a ‘condiciones imperantes del mercado financiero’”.
Quirno exhibió en filminas decretos y resoluciones de los gobiernos anteriores para exceptuar al presidente de turno de las restricciones para endeudarse que busca eliminar. “No hay deuda, sino hay déficit. Y el plan financiero lo apoya el Congreso de la Nación en la ley de presupuesto”, se justificó.
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Danya Tavella, diputada de la UCR.
El secretario de Finanzas ignoró la propuesta de Figueroa Casas y Tavela de adosar a la moratoria y al blanqueo que propone un premio a contribuyentes cumplidores. “En la situación en la que está Argentina, con un PBI en el exterior, el costo fiscal que genera este proceso, está largamente excedido si podemos agrandar la base imponible”.
El funcionario tampoco prometió revisar la suba de los derechos aduaneros, que incluye desde subproductos de soja (se elevan de 31 a 33%), hasta las actividades de economías regionales, con topes del 15%. “A nadie le hace gracia tener que subir retenciones, pero otra cosa que nos hemos olvidado es que parece que llegamos el 11 de diciembre y en un contexto en el que no pasaba nada”.
Unión por la Patria criticó la baja del impuesto a los bienes personales y la posibilidad desarmar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses, para pagar la deuda intra sector público. “Lo vamos a liquidar. El FGS no ha pagado una sola jubilación desde su creación”, ratificó Quirno.
Obras paradas
Antes de la exposición del equipo económico, Ferraro defendió los incentivos a la inversión que tiene el proyecto. “Nosotros no venimos a administrar mejor la estructura de este sistema. Venimos a cambiar la estructura completa”, fue su definición.
El ministro de Infraestructura negó haber detenido los planes de infraestructura del anterior Gobierno. “Es mentira que las obras se paralizaron por culpa de esta administración: Vienen paralizadas hace meses porque se contrataron obras de las que no existía el presupuesto. Nos encontramos con 2500 de 7500 que estaban paralizadas”, denunció.