La tercera jornada de debate en comisiones de la Cámara de Diputados que se desarrolla este jueves sobre la denominada Ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso no será la última: el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, encargado de coordinar el plenario, aceptó la propuesta de Unión por la Patria (UP) de convocar a sectores de la sociedad civil para que participen. Serían recibidos lunes y martes de la semana próxima.
El jefe del bloque UP, Germán Martínez, fue quien pidió estirar la discusión. "Se multiplican los pedidos de audiencia. Es importante que podamos armar una grilla, lo más ordenada y participativa posible", reclamó al inicio de la reunión de este jueves, que, al igual que este miércoles, podría extenderse hasta la madrugada.
El santafesino se sorprendió cuando Bornoroni aceptó su propuesta. "Vamos a recibir a las ONG, cámaras y entidades, para que se puedan expresar todas las voces", respondió el diputado cordobés. Para UP, la participación de referentes civiles será una oportunidad de meter más presión a LLA, que empezó a negociar con la oposición dialoguista para llegar a un texto de consenso y dictaminar la semana próxima.
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El grupo de posibles aliados del oficialismo lo integran la UCR, Hacemos Coalición Federal y partidos provinciales, además del PRO, que oficia de socio permanente. Referentes de todas estas fuerzas mostraron voluntad de colaborar con el Gobierno y las quejas de organizaciones complicarían el diálogo con la Casa Rosada.
Para reducir las chances de conflictos, fuentes de LLA confirmaron a Letra P que serán minuciosos con la cantidad de asistentes. "Vamos a dedicarnos a diseñar una lista muy precisa, para citarlos el fin de semana", anticiparon.
Una alternativa que evalúa el oficialismo para evitar que UP monopolice el debate es repartir los cupos de invitados por bloque, según su representación en el recinto.
El primer pedido lo realizó Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. En plena reunión solicitó la participación de los ex empleados de Segba, la empresa estatal eléctrica que fue privatizada, quienes reclaman deudas.
La agenda peronista
Martínez había pedido el martes la presencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, que su bloque viene recibiendo desde la semana pasada para escuchar los rechazos a la ley ómnibus y al decreto 70/23, que está vigente porque no hay consenso en el Congreso para definir su derogación.
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Entre los sectores que se expresan en contra del proyecto se encuentran representantes de las economías regionales, afectadas por el aumento al 15% de las retenciones a las exportaciones. Protestaron por esa medida en las oficinas del tercer piso de UP en Diputados referentes de los yerbateros, quienes luego llevaron sus quejas al bloque peronista del Senado, presidido por José Mayans.
El formoseño y su tropa recibieron ademán a miembros de las cámaras del sector vitivinícola, a las que la ley ómnibus le aplica un derecho aduanero del 8%.
También se acercaron al despacho de Martínez dirigentes de cámaras de biocombustibles, que este miércoles consiguieron una modificación del proyecto; de la industria cultural y de ONGs que se oponen a las reformas de la ley de salud mental.
Miembros del bloque UP de Diputados dialogaron además con representantes de la industria de la pesca, que negociaron modificaciones a través de los gobernadores de provincias marítimas; con organizaciones que representan a personas con discapacidad y a diversidades, molestas con la propuesta de cerrar el Inadi.
Otros sectores que asistieron al Congreso fueron agrupaciones feministas, que no aceptan los cambios a la Ley Micaela; y sindicalistas industriales, interesados en exponer en el plenario.
Los rectores de las universidades se anotaron para hablar sobre el capítulo educativo del proyecto y detallar los problemas financieros que les ocasiona funcionar con un presupuesto prorrogado. En UP pedirán que asistan constitucionalistas. Lo definirá LLA.
