El presidente Javier Milei volvió a ceder a reclamos de la oposición dialoguista para aprobar el proyecto denominado ley ómnibus: este jueves por la tarde, su hermana Karina Milei acercó un borrador con las modificaciones sugeridas por estas fuerzas con la expectativa de aprobar el proyecto. El jefe de Estado aceptó la nueva versión sobre privatizaciones propuesta por el diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, anticipada por Letra P, que aún está en estudio en el bloque UCR. También se modificó el capítulo de Seguridad, por sugerencia del radicalismo, y avanzaron en gestiones para destrabar las emergencias.
Karina Milei irrumpió en la Cámara baja a las 17 junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, y se dirigió al despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con un texto que incluye las últimas correcciones aceptadas en la Casa Rosada. La principal tiene que ver con el capítulo de privatizaciones, el más difícil de destrabar por la intransigencia del Jefe de Estado.
Sin embargo, para evitar que se cayera, el presidente aceptó la propuesta de Massot, que consiste en reducir la cantidad de empresas a poner en venta, que baja de 36 a 27. Fueron agrupadas en diferentes anexos para poder votadas por partes. Es por si algún sector de la oposición dialoguista quieren proteger algunas compañías. Por caso, un paquete tiene los medios públicos. En otro está Aerolíneas Argentinas, Aysa, Intercargo, Correo Argentino y las empresas del Banco Nación.
Las firmas estatales que salieron de la lista de venta son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A, Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).
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El Banco Nación, Nucleoléctrica y Arsat se sostienen, con la obligación de mantener la mayoría accionaria en el Estado. La contrapropuesta conlleva fortalecer los mecanismos de control del Congreso a través de la bicameral de Modernización del Estado y privatizaciones. Podrán acceder a los pliegos y condiciones de cada operación, en colaboración con la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
También se obliga al jefe de Gabinete Nicolás Posse y a los ministros a enviar un informe de la situación de cada empresa que quieren vender. En la UCR no tienen una definición, pero la expectativa de La Libertad Avanza es aprobarlo al menos con una veintena de sus 34 miembros.
Fuentes cercanas a la conducción de la UCR confiaron en superar ese número. "Estamos cerca", dijeron. Creen que el grupo díscolo, liderado por Facundo Manes, no superará los seis votos. Algunos borradores le asignan un techo de 14. El bloque de Córdoba, que integra HCF, favorecido porque se quitaron las empresas de su provincia, pero aún no tiene definición. La Coalición Cívica, en su dictamen, propuso vender 18 compañías y sus seis miembros mantendrían esa postura. Los números siguen finos.
En cuanto a facultades delegadas, el Gobierno sostiene las seis que hasta ahora están en pie: económica, financiera, administrativa, tarifaria, energética y de seguridad. En el bloque Hacemos Coalición Federal proponen modificar las delegaciones en la materia económica para no darle al gobierno herramientas para tomar medidas sin tomar en cuenta a las provincias. Algunos gobernadores reprochan que Milei no haya querido discutir el capítulo fiscal y hasta este jueves por la mañana amenazaban con frustrar la ley. Podrían ceder si al menos tiene algún arma que les permita volver a negociar.
El otro capítulo corregido es el de seguridad, con las sugerencias planteadas por la UCR. Se aclaró que los organizadores de las manifestaciones pueden ser castigados si son "autores o coautores" de un corte de calles.
